Hay temas centrales que es conveniente debatir alrededor de la toma y retoma del Palacio de Justicia, para entender las razones y los conceptos que yacen detrás de las decisiones que tomaron los líderes políticos y los armados en el operativo violento. Repensar el alcance del uso de la fuerza pública permite refinar el diseño y la formación bélica y doctrinaria de sus integrantes y lleva al Estado a definir cuál es la filosofía que debe regir el uso de la violencia. La necesidad de conocer la verdad y redefinir la forma de usar la violencia por parte del Estado, implica revisar la doctrina militar frente al conflicto interno y los controles que debe ejercer el poder civil para garantizar la fuerza moral del uso de la violencia. Se requiere una nueva doctrina militar, esta es la gran lección del Palacio de Justicia.

Esclarecer la verdad como mecanismo de reparación y justicia para las víctimas y los victimarios y para la sociedad en general, es parte del ejercicio de fortalecer las instituciones y de crear una manera diferente de solucionar los conflictos sociales. Tratar de ocultar la verdad implica la existencia de un pacto inmoral (algunos lo llaman de silencio, otros de sangre, otros de honor) entre quienes conocen los hechos por haber sido actores. El objetivo del ocultamiento a la ciudadanía y a las demás autoridades, es preservar esa doctrina, que muchos consideran óptima, por las ventajas que concede frente a los adversarios y enemigos: cero control.

En el caso del Palacio, ese pacto explícito lo encabeza el Presidente Betancur quien en muchas y diferentes intervenciones se reafirma una y otra vez en su posición de guardar silencio hasta su muerte (¿después quién podrá preguntar, contrapreguntar, controvertir sus posiciones?). Es una actitud indigna para un Jefe de Estado elegido por voto popular, contraria al principio de responsabilidad y de rendición de cuentas tanto a los ciudadanos como a las autoridades.

La tesis que sustenta esa posición, por supuesto implica que hay algo oculto, indebido, ilegítimo -y de tal naturaleza- que es imprescindible esconderla al resto de la sociedad. En esta tesis, le hace más daño a la sociedad la verdad porque revelaría la naturaleza real del tipo de uso de la violencia a la que recurrió el Estado en ese episodio, y en otros. De ser correcta esta tesis, confirmaría que las bases morales para el uso de la fuerza pública en el país son insostenibles e impresentables ante la sociedad que les dio el mandato para usarla, pues parte de la base de que el uso de la fuerza del Estado, por naturaleza, es insostenible moralmente. Es un concepto equivocado.

Los altos mandos militares del momento están cobijados por esa misma interpretación

doctrinaria, según la cual, tienen carta blanca para actuar de acuerdo con su propio juicio político y moral según las circunstancias, sin ningún tipo de control previo o posterior del poder civil. Al romperse el vínculo entre el uso de la fuerza del Estado y el operador de la violencia (el mando militar y su andamiaje) se pierde la naturaleza del uso de la violencia en un estado de derecho. Es decir, el poder requiere una capacidad de acción bélica y de intimidación con base en un fin superior que es el de proteger los principios esenciales de esa sociedad, es un bien civil el que se protege con la fuerza de un Estado democrático: el poder civil, y por esta razón el gobernante tiene la obligación de definir el alcance y la modalidad del uso de la violencia dentro de unos parámetros y una filosofía que no pueden ser la preservación del mandatario en el poder. La fuerza militar es solo es un instrumento más del ejercicio del poder. La tendencia normal del poder es la de autorreproducirse, por eso el gobernante lucha por mantenerse en el poder lo que quiere decir, tener la capacidad de ejercerlo. Su debilidad lo invita al uso de la fuerza para protegerse.

Precisamente unas de las lecciones de la tragedia del Palacio de Justicia, es que el debilitamiento del gobernante, Belisario Betancur, invitó a la continuidad del uso de la violencia por parte de los guerrilleros, al tiempo que la debilidad política del gobernante, sólo podía compensarse con el uso y el abuso de la fuerza militar en el Palacio. Una violencia superior que aplastara al grupo que al retar el poder del Estado contribuyó a debilitarlo y mostrar la precariedad de su naturaleza civil. Al encontrarse el aparato militar con la obligación -como ellos la entendían en ese momento- de preservar el poder y las instituciones ante la debilidad manifiesta del poder civil, los militares liberan los límites de su función instrumental. El mandato que reciben del presidente es recuperar el Palacio de Justicia a como dé lugar, porque esa era la manera de compensar la pérdida de autoridad del gobernante.

En esta lógica, se explica el intenso ejercicio posterior de ocultar la verdad, pues también hay un concepto que subyace en este comportamiento: privar a los responsables iniciales y a las víctimas -como un castigo- del derecho al duelo. Ni siquiera podrán tener la satisfacción de hacer que los victimarios expongan sus actuaciones ante la opinión pública, como un mecanismo de reparación. Sustraerse de ese principio de control, de rendición de cuentas es un grave error institucional y mina la fuerza moral que debe dominar el uso de la fuerza militar. Al contrario, permitir el control público facilitaría el tránsito hacia otra forma de operar el aparato bélico y, sobre todo, ayudaría a alejar la tendencia al uso innecesario, indebido, excesivo y sin bases morales de la violencia estatal. La continuidad del uso inmoral de la fuerza pública posterior a los hechos del Palacio, confirman la necesidad de enfrentar y cortar los vasos comunicantes entre debilidad del poder civil y uso inmoral de la violencia.

El auge postpalacio de una violencia de agentes del Estado, carente de legitimidad moral -cuando operan al lado de grupos armados irregulares-, se deriva del mismo concepto de que el fin justifica los medios. No son los militares; es el poder civil el que los ampara, los estimula y protege para proceder bajo esa doctrina. Los falsos positivos, la protección de las áreas para que los paramilitares masacraran civiles, el abstenerse de actuar cuando los civiles les reclaman su protección, las ejecuciones extrajudiciales, el intento de ocultar la verdad de los hechos, demuestran que la doctrina anacrónica del Palacio de Justicia sobre el uso de la violencia, está vigente. La mejor forma de reparar a las víctimas del Palacio de Justicia y de honrar su memoria será crear una nueva doctrina militar y fortalecer el poder civil para salir del ciclo debilidad política-uso ilegítimo de la violencia estatal.

Ramón Jimeno