Los episodios en Putumayo con la muerte fuera de combate de civiles, los ataques fatales contra soldados, la creciente inseguridad urbana y el asesinato continuo de lideres sociales y exguerrilleros confirman que el conflicto se renovó. Sin embargo dirigencia civil y fuerza pública mantienen las estrategias y estructuras del conflicto anterior evitando estudiar reformas para enfrentar los actuales retos. Superar este nudo que impide avanzar, le correspondería al gobierno de un exguerrillero o al de un neo-uribista. El primero cree que la exclusión social es el origen del problema; y el segundo acusa al narcotráfico de todos los males. Uno cree que con reformas sociales basta; el otro, que con mano dura se resuelve. Pero los dos guardan silencio frente a las reformas del poder militar y de policía que se necesitan para contener las amenazas contra la sociedad y desaparecer el concepto del enemigo interno que tantas sentencias de muerte ilegales provoca.

La reforma de la fuerza pública, contrario al deber ser, asusta a la dirigencia del país, como si fuera una institución infalible, intocable y autónoma. Si bien tenemos pocos académicos e investigadores que se ocupan del tema a pesar de tantos años de violencia y conflicto armado, existen estudios y expertos para pensar una nueva política de seguridad, una nueva doctrina del uso de la fuerza y modernizar el concepto de soberanía. El propósito de una reforma es sumar el conocimiento y la experiencia de los mandos que conocen más de asuntos castrenses con el de los civiles que conocen más de asuntos sociales, políticos económicos y de geopolítica.

En el programa de Petro el tema militar y de policía pasa en blanco. Si bien como parte de su campaña confronta a algunos oficiales por casos específicos y señala el peligroso esfuerzo de los carteles mexicanos por cooptar a los altos mandos, hasta ahí llega. Si habla del fin del servicio militar obligatorio, una institución obsoleta. Gutiérrez, por su parte, advierte que actuará como en Medellín, donde patrulló con altísimos costos sin resultados positivos. En sus cuatro años de alcaldía aumentó de manera considerable la inseguridad. Así que debía repensar su propuesta si quiere sentirse el sucesor de Uribe frente a la criminalidad.

Las amenazas actuales hacen indispensable que el próximo gobierno asuma la tarea de reformular el alcance del uso de la fuerza para evitar tantras bajas civiles, y adecuar las estructuras para que sean efectivas frente a la evolución de las amenazas. El país no puede darse el lujo de mantener la inseguridad creciendo. El estado nunca integró los territorios Farc a la cultura, a la infraestructura y a la economía nacional y en vez de apoyar al ciudadano liberado de los abusos de paramilitares y guerrilleros, observó como disidencias y bandas se disputaban la herencia de las drogas. Coca o muerte es la consigna que rige, en vez de paz y desarrollo con justicia social.

Actualizar la forma como la fuerza pública debe enfrentar la cadena del narcotráfico, con sus modernas prácticas internacionales, es inaplazable. Frenar la infiltración, el poder de corrupción y el poder de fuego que aplican los carteles extranjeros, implica crear otras modalidades para enfrentarlos. La experiencia de México se puede evitar aun en Colombia. A los gobernantes (uno de los candidatos silenciosos) les corresponderá también lograr la desvalorización del negocio buscando la legalización que acabe con su rentabilidad y que les permite a los narcos armar cada vez fuerzas más potentes, corromper con mayor facilidad e intimidar con impunidad. Actuar en coalición con otros países para que los norteamericanos abandonen la guerra que fortaleció a los carteles, aumentó los cultivos, la oferta de cocaína y el consumo global de drogas, debería ser tarea del próximo gobierno. Los Estados Unidos legalizaron la marihuana cuando les pareció y como les pareció, después del alto costo que pagó Colombia luchando contra la hierba que hoy producen, adquieren y consumen libremente los gringos en las calles. Colombia, y otras víctimas de la mala guerra, tienen la autoridad moral para promover la legalización de la coca.

Si se revisa el auge de la delincuencia urbana es evidente la necesidad de hacer ajustes de fondo a la policía y no los cosméticos propuestos. Es inexplicable que le produzca úlcera a tantos oficiales activos y retirados discutir las reformas. Lo primero por supuesto es sustraer a la policía de la sombrilla militar para que piense con autonomía en su objetivo civil y deje las prácticas militaristas a las F.M. Frente a la delincuencia que se ha fortalecido en todo el mundo tras la pandemia, es necesario encontrar respuestas. Es un debate que debe incluir una actualización del sistema punitivo que sea realizable porque sin sanciones reales la acción de la policía siempre será frustrante.

Frente a la protesta social legítima de la ciudadanía, la policía tiene que adoptar una nueva doctrina. La militarización de las fuerzas de policía se dio en muchos países del mundo. Las dotaron de armas letales excesivas para contener civiles desarmados, pero ya se están revocando por los costos en vidas, heridos y mutilados y asonadas que provocan. La policía podría acompañar a los marchantes como hacen en mucho países, para proteger sus rutas e impedir que los “agitadores” e “infiltrados” generen los desórdenes que enardecen. Tras las protestas del año pasado -y previendo las que vendrán con el triunfo o la derrota de Petro- una nueva doctrina de seguridad ciudadana es indispensable. Los candidatos podrían hablar del tema.

Además, es indispensable renovar los contenidos con los que se forma en las escuelas de guerra y de policía a los oficiales, agentes y soldados. Es evidente que necesitan un refuerzo en los valores que llevan a entender el ejercicio de los derechos ciudadanos y a que ellos mismos entiendan los límites del uso de la fuerza pública; es necesario para que conozcan los contextos en los que se desarrolla la delincuencia; que comprendan los cambios que provocan crisis como la ola migratoria de venezolanos que desajusta la vida de las comunidades generando nuevos conflictos que se pueden prevenir y resolver. El servicio militar obligatorio genera millares de jóvenes de sectores populares que al salir a las calles saben manejar armas y las pueden encontrar con facilidad en el nutrido mercado negro del país, facilitando que un porcentaje bajo o alto se sume a fuerzas delincuenciales o mercenarias aumentando los índices de criminalidad y la gravedad de los delitos.

La modernización del concepto de soberanía también está en la lista del olvido de las campañas y es mucho más que proteger las fronteras. Consiste en garantizar que los recursos del país se protegen, se conserven y se usen de manera adecuada y colectiva. Los recursos naturales -ríos, selvas, valles- tanto como las riquezas del subsuelo. El país observa impotente como las bandas ilegales se disputan la explotación ilegal de recursos en muchas regiones y para beneficio de minorías violentas, cuando hay un potente ejército capaz de imponer el orden. En el caso de enredos como el de Nicaragua, es necesaria la modernización de la flota aérea y naval del país para disuadir al dictador sandinista de ejercer controles sobre la plataforma marítima, deteniendo barcos y pescadores del archipiélago, otorgando licencias de explotación que pueden caer en manos de empresas globales ampliando el conflicto y sustrayendo al país de esas riquezas. Conservar la integridad territorial y la rica cultura del archipiélago es proteger la soberanía. Estos son algunos de los temas en los que hace falta la voz y los programas de los candidatos

Ramón Jimeno, abril 2022