El palacio de las farsas

El palacio de las farsas

Artículos

04.agosto.1991

A fines del año pasado se hizo público un escándalo porque la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución al General Jesús Armando Arias Cabrales. En el Senado, miembros del alvarismo citaron al defensor de la comunidad para controvertirle su drástica decisión. Sin embargo, lo único que se estableció con precisión fue que el Procurador Alfonso Gómez Méndez había fallado en derecho y no en política, como esperaban algunas instituciones.
En efecto, la sanción estuvo sustentada en pruebas positivas irrefutables y no en consideraciones sobre las conveniencias o no de castigar a un alto oficial de las Fuerzas Armadas. Esto ocurría justo cuando el M-19 empezaba a gozar de su tercera amnistía y de su primera cuota de poder.
Los esfuerzos retóricos de senadores como Hugo Escobar Sierra -del Movimiento de Salvación Nacional, que en seguida se aliaría con el M-19 en la Constituyente- por hacer trastabillar al Procurador en su documentada sustentación del fallo disciplinario, resultaron inútiles. La Procuraduría no condenó a las Fuerzas Armadas como institución. Sólo sancionó a un alto oficial que actuó por fuera de las normas de servicio y de los principios del Estado de derecho que formalmente rigen.

Política de la justicia

El fallo en derecho quedó claro, pero sus consecuencias no podían ser satisfactorias en un país donde los magnicidios y homicidios quedan impunes. Sería inconcebible que el único sancionado por los crímenes cometidos el 6 y 7 noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia fuera un general de la República, a pesar de las pruebas y de las normas.

En Colombia, usar las armas es una de las condiciones necesarias para eludir la aplicación de la justicia y obtener un tratamiento político: enseñanza de la toma del Palacio de Justicia.

Bajo ese argumento de impunidad, es más consecuente sancionar a quien se atreve a sancionar, porque así se establecen precedentes. En Colombia no se debe ni puede aplicar justicia sobre quienes usan las armas, con legitimidad o sin ella. Es más, usar las armas es una de las condiciones necesarias para eludir la aplicación de la justicia y obtener un tratamiento político.

Las presiones para establecer ese principio en el caso del General Arias estuvieron inmersas en el juego de los falsos símbolos en que se mueve la nación. No se desea sancionar, pero se debe aparentar que se quiere. De esta manera, se aceleró el retiro de Gómez Méndez, argumentando que un nuevo procurador estaría libre de toda sospecha y podría, él sí, fallar en derecho. Pero lo que de verdad se buscaba era el anhelado fallo político absolutorio.

Siete meses transcurrieron sin que Carlos Gustavo Arrieta se decidiera a revocar o confirmar la decisión de su antecesor, y sin que se aplicara la sanción que debió aplicarse de inmediato. El drama para el Procurador, el General y los otros afectados terminó hace unos días cuando un tribunal contencioso administrativo admitió la demanda contra el fallo, impidiendo cualquier acción futura de la Procuraduría: la sanción que nunca se aplicó, nunca será aplicada. Es, sin duda, otro triunfo de la justicia política, selectiva y sobre medidas, de la nueva Colombia.

Honoris causa

Es curioso que en la dinámica de alianzas de la apertura, los guerrilleros gestores del asalto resultaran exonerados con honrosas decisiones políticas, mientras que los militares tienen que recurrir a tecnicismos procedimentales -o a su fuero- para eludir la justicia. A los primeros se les abrió la puerta grande para salir del encierro, y a los segundos se les dejó un oscuro callejón. Con unos, la política es abierta y pública; con otros, soterrada y sinuosa.

Pero en donde se igualan es en su decisión de desconocer lo que hicieron. Todos quieren pasar agachados cuando se trata de asumir las responsabilidades por sus propias acciones. Y todos desean seguir gozando, o llegar a gozar, de los privilegios del Estado y del poder a pesar de estar en contra de la aplicación de sus principios.

Los Higuitas

En la televisión se prohíbe mostrar armas en comerciales, mientras que hay 1.2 millones en poder de colombianos que las usan, entre otros delitos, para asesinar a 50 mil conciudadanos cada año. La Constituyente cierra el Parlamento por corrupto, pero el mandato a los fiscalizadores elegidos por los presuntos corruptos -el Procurador y el Contralor- no se revoca. El nuevo, pulcro y puritano Parlamento no podrá elegir nuevos, puros y pulcros vigilantes de la gestión pública. Y la jugada estuvo bien tapada.

Más simbólico es que uno de los motivos para desprestigiar al Congreso -a finales de 1989- fue su propuesta de hacer un referéndum para decidir sobre la extradición. Era un Congreso corrupto. Pero cuando la Asamblea Constituyente prohibió la extradición, era un cuerpo ejemplar, consensual, visionario de la paz. El Congreso de los apátridas quería rechazar la extradición bajo sobornos y presiones. A la Constituyente no la afectó ni el secuestro de prestigiosos periodistas ni la muerte de uno de ellos. Todo quedó tapado a la Higuita.

La patria ciega

En Colombia nadie quiere reconocer lo que hace. No existe la menor voluntad autocrítica, y en cambio los esfuerzos se hacen para negar la verdad y construir una de mentiras que se vuelva realidad. Ateniéndose a la justicia política que rige, los hechos del Palacio -la masacre, el incendio, la destrucción- ocurrieron porque todos los actores procedieron como debían. Los militares usando las armas a su juicio; el Presidente esperando que no sus facultades sino las de la Divina Providencia salvaran a los magistrados; la guerrilla esperando que la historia -finalmente fue el corrupto Congreso- la absolviera.

Ninguno de los protagonistas, en especial los que por usar las armas se creen más grandes y valientes, se atreven a reconocer que actúan como actúan. Todos callan y esconden los detalles de la conexión con un grupo de narcos para apoyar la toma. Todos callan que un magistrado de la Corte Suprema estuvo involucrado con el M-19 y facilitó la información interna. Todos callan el conocimiento previo que tenían los organismos de seguridad y la forma en que facilitaron que ocurriera el episodio. Todos callan porque ahora son aliados.

Menos mal, estamos en el futuro y todas las mentiras yacen enterradas, olvidadas en los cementerios y lejos de las verdades. Yace la razón, prevalece la mentira, y así vive la Nación.

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