El round del procurador

El round del procurador

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18.noviembre.1990

El Senado hizo un debate para reducir el avance del M-19 en las encuestas electorales, pero no tocó dos grandes temas que debían ser centro de la discusión: la defensa del Estado de derecho y el manejo de la política de seguridad nacional, que durante más de tres décadas los civiles han dejado en manos de los militares.

El debate en el Senado de la República contra el Procurador General de la Nación dejó en claro que la resolución sancionando al General Jesús Armando Arias Cabrales fue un fallo en derecho y no una decisión política. Alfonso Gómez Méndez logró diferenciar con claridad este caso del de los demás protagonistas de la toma y retoma del Palacio de Justicia, que fueron perdonados -M-19- o “no sancionados” -Betancour y Vega- por el Congreso en una actuación política mas no jurídica.

Gómez Méndez recordó que la Procuraduría tiene que obrar de acuerdo con las normas que rigen su funcionamiento y que en consecuencia era el deber de sus funcionarios investigar los cargos que se formularon al General Arias. Ninguna norma de excepción le ordena suspender la investigación o le prohíbe sancionar a los funcionarios públicos que son los únicos bajo su jurisdicción. No están bajo ella ni el Presidente -sólo ante el Congreso puede ser acusado- ni los guerrilleros del M-19 -Justicia Penal-, ni el Brigadier General Delgado Mallarino que, por su investidura de tres soles, sólo puede ser procesado como lo está siendo por la Corte Suprema de Justicia, sin escándalo alguno por ahora.

Con ese “recorderis”, el abogado de la ciudadanía ante el Estado concluyó que acusar a la Procuraduría por cumplir con la ley al sancionar las faltas de un general resulta una insensatez ya que ni más ni menos se le estaría pidiendo que fallara por conveniencia política y no en derecho. Si bien es cierto que los otros responsables de la tragedia del Palacio no fueron sancionados, el Procurador le precisó al Senado que no fue por omisión de los organismos judiciales ni de la Procuraduría, como se le pretende achacar en el debate. Fue por decisión del mismo Congreso; indultó al M-19 y archivó las acusaciones contra el Presidente Betancur y su Ministro de Defensa, el General Vega.

Armas de la Seguridad

El Ministro de Defensa reconoció que el fallo, justo o injusto, debe acatarse y que sólo por las mismas vías institucionales es revocable, como él y muchos esperan que ocurran ante el Consejo de Estado. Pero aclaró que para las Fuerzas Armadas, la sanción produce un grave deterioro de su moral de combate y que los efectos en sus filas pueden tener repercusiones en el futuro de la guerra contra los enemigos del Estado. Sin embargo, reconoció que el deber del cuerpo castrense es someterse a la

ley. Porque justamente su razón de ser radica en defender por la fuerza el Estado de derecho.

El Ministro, sencillo pero directo, dejó entrever que bajo la administración Gaviria el poder civil está empeñado en corregir los excesos de algunos militares -individuos, precisó- en el cumplimiento de sus deberes legales. Pero balanceándose en la difícil cuerda floja de ser el representante castrense ante el Ejecutivo y viceversa, recoge el sentir de sus colegas de armas, que son quienes viven el mundo de la guerra. Al citar de nuevo el ya clásico texto de Alberto Lleras Camargo, en el que considera necesario exonerar de antemano a los militares por sus actuaciones, e invita a darles vía libre en sus operaciones por la naturaleza especial de sus actividades de seguridad, el General Botero le hizo un llamado a los civiles -no sólo a los dirigentes- para que definan una política clara del uso de la fuerza pública. De esta política depende la efectividad y la forma de actuar de las Fuerzas Armadas.

No sólo se refiere el General Botero a las dificultades para imponer controles legales y humanitarios en los escenarios de combate, frente a un enemigo que puede contar con todos los recursos sin control alguno legal -ni contralores, ni procuradores, ni congresistas- sino a la “incomprensión” de los civiles. Encima de enfrentar las guerras internas para sostener las instituciones con sacrificios y arriesgando sus vidas, se les desconoce su labor al sancionarlos por los posibles excesos -naturales, podría decir él- dentro del ritmo de la guerra. El debate que plantea el alto oficial no es otro que el de la redefinición de la política de seguridad nacional dentro de la cual deberá definirse el marco preciso que establezca los límites y las condiciones del uso de la fuerza del Estado, como sucede en los países modernos.

El Palacio abreojos

Mientras un general hace su carrera en 35 años continuos, transcurren ocho mandatos presidenciales cada uno con políticas diferentes ya que no existe un organismo civil operativo coherente de continuidad y con especialistas en el tema de la seguridad nacional. Tal vez por eso se impuso la práctica de delegarle a los militares la administración del orden público e incluso de sí mismos. Y como nunca se había presentado en Colombia un combate urbano de las dimensiones del Palacio de Justicia -con civiles importantes de por medio y con los sistemas electrónicos de comunicación registrándolo- ,los civiles no se habían preocupado por revisar la forma en que los militares operaban y estaban acostumbrados a hacerlo. Su ley era, por costumbre, la ley.

Antes, los derechos humanos eran un asunto de denuncia de grupos especializados que normalmente surgían de la aplicación de la misma política castrense que se aplicó en el Palacio. Sólo que afectaba a la izquierda urbana rural y a campesinos acusados de ser soporte de las guerrillas, casos que no ameritaron el interés del resto de civiles. Pero en el Palacio de Justicia, la política militar de seguridad nacional afectó por primera vez a civiles de renombre mientras el resto de la ciudadanía conocía y vivía

también por primera vez lo que es un escenario de guerra. Sólo allí reaccionó el poder civil, la ciudadanía, los familiares de las víctimas, horrorizados.

Aquella guerra lejana y casi mítica de selvas y montañas se había trasladado a la ciudad y afectaba no a “humildes labriegos” sin nombre o a desconocidos guerrilleros sino a los magistrados y auxiliares de la Rama Jurisdiccional. Y a otros inocentes.

En este sentido, el reclamo de los militares es válido ¿por qué si durante treinta y dos años les delegó la responsabilidad de actuar según su propio criterio profesional y ellos lo hicieron con celo, inclusive aplicando las corrientes de moda en los ejércitos del hemisferio, ahora se les quiere sancionar por ello? Tal vez por eso el presidente Gaviria reconoció que la sanción de la Procuraduría al General Arias “es injusta”.

Parco Senado

Si bien el Ministro de las armas dejó expuestas tan serias inquietudes y a su turno el Procurador General logró hacer ver su razón jurídica con impactante claridad mostrando una tras otra las pruebas técnicas y científicas que sustentaron el fallo, inclusive minimizándolas para no crear el efecto contrario, la respuesta del Senado fue parca.

Los dos puntos centrales del debate le atraen directamente a los representantes del pueblo son si se aplica o no la ley -ellos la hacen-, y cuál ha de ser finalmente el marco de uso interno de la fuerza militar. Sin embargo, en las ocho horas que utilizaron los tres senadores citantes, sólo presentaron cargos de difícil sustentación contra el procurador y contra el M-19. Alejandro González Jaramillo (liberal del Valle) acudió a un testimonio del exprocurador delegado que iba en contra del fin con que pretendía usarlo y acudió a mordacidades de baja categoría contra las “periodistas mujeres” aludiendo indirectamente a Patricia Lara, esposa del procurador. Hugo Escobar Sierra (conservador del Magdalena) y Armando Barona Mesa (liberal del Valle) hicieron en sus modalidades limitados y superficiales resúmenes de la historia patria con referencias a la universal.

Entrados en materia, Escobar y Barona reflejaron la carencia de un staff profesional que los asista, recurriendo a citas de documentos y testimonios que no manejaron ni siquiera con credibilidad omitiendo inclusive las sentencias y análisis de 15 jueces que intervinieron en las investigaciones de los hechos del Palacio. González hizo una lúcida exposición sobre el alcance jurídico del fallo, buscando la forma más acertada para revocarlo. Pero ninguno de los tres senadores presentó argumentos ni pruebas que desvirtuaran el fallo de la Procuraduría. Se limitaron a sustentar tercamente la necesidad política de no sancionar al general Arias.

Después de las exposiciones de los dos altos funcionarios -una hora el mindefensa y cuatro el Procurador-, los senadores citantes acudieron a una salida fácil y evasiva que confirma definitivamente que la intención real del debate era reducir el avance del M-19 en las encuestas electorales para la Asamblea Constituyente. Los grandes temas, la

defensa del Estado de derecho que con serenidad y precisión hizo el Procurador y la exposición de las contradicciones de la política de seguridad nacional que con profesionalismo y honestidad hizo el general Botero, sirvieron en el silencioso recinto - lleno de senadores- para lo mismo que sirvieron las palomas que Belisario Betancur hizo pintar para provocar la paz nacional.

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