Guerra a las FARC: Vieja política militar

Guerra a las FARC: Vieja política militar

Artículos

06.enero.1991

El golpe contra Casa Verde poco después de la autorización que el Presidente Gaviria le dio a las Fuerzas Militares para “actuar sin permiso” civil -buscando compensar el malestar que les generó la destitución del General Arias Cabrales por sus excesos durante la toma del Palacio de Justicia- está inscrito dentro de la campaña antisubversiva en ejecución desde abril del año pasado y similar al Plan Lazo aplicado entre 1962 y 1965, pero tiene repercusiones en la política de seguridad interna.

La luz verde fue aprovechada por los militares para dar el golpe con alto contenido simbólico, contra la sede social del Secretariado de las Farc, restableciendo la moral de las tropas. El que la guerrilla comunista tuviera su club privado -así fuera en las montañas despobladas del Meta- respetado por los gobiernos civiles, era un insulto para el Ejército que además sufría emboscadas cada vez que se aproximaba a La Uribe.

Con el bombardeo no sólo desapareció la sede con las comodidades que reveló la prensa, sino también la escasa influencia civil en la definición y aplicación de la política de seguridad interna. Es el fin de un esfuerzo por incorporar la teoría moderna de la seguridad interior y del orden público a las políticas estatales para el uso de la fuerza militar. Aunque subsistan asesores civiles sobre el tema, éstos en las prácticas están cumpliendo la función de voceros de la política definida por los militares, en vez de representar la versión civil y política ante los militares para formar la nueva doctrina de la seguridad nacional.

Para los militares, la influencia civil sobre una política que ellos tienen definida desde los 60s, con ligeros retoques, es nefasta. Como consideran que lo fue bajo Betancur. Esta política debía ser rectificada porque, a juicio de ellos, el Estado entregó prebendas a la guerrilla sin contraprestación y sin cambios institucionales previos que le restaran apoyo social al accionar subversivo. Un análisis castrense concluyó que “para futuras negociaciones se debería primero que todo comenzar por establecer en dónde está el poder que la subversión disputa, quién realmente lo detenta y no formalmente, pues en este proceso (1982-1986) fue la subversión quien dictó las condiciones de lo convenido...”.

Mejor más fuerza

Los asesores del Presidente actúan de acuerdo con la conclusión militar. Y no pretenden invadir esta esfera, sino ser los agentes del otro carril de la política. Que los militares hagan y definan su política bélica y los civiles hagan la política aristotélica. Aparte unos de los otros. Por eso, los consejeros presidenciales no supieron con antelación del ataque a Casa Verde. Están dedicados a aplicar la experiencia que adquirieron en el proceso del gobierno Barco con el M-19 y en el actual con el EPL, como modelos que quieren aplicarle a las Farc y al ELN, a pesar de las diferencias, entre las cuales hay una esencial: mientras el EPL y el M-19 estaban reducidos militarmente, ni las Farc ni el ELN han sido reducidos en su poder de fuego.

Por eso, estos dos grupos responden a los llamados del gobierno para que demuestren con actos su voluntad de paz, con actos (golpes) militares y no encerrándose en un campamento bajo vigilancia oficial: “...entre más fuerza, mejor: entre más presencia combativa, más nos destacarán y más podremos llevar nuestra voz al pueblo... a través de la guerra y de la acción armada, podremos crear expectativas para promover nuestros sentimientos de paz, nuestra política liberadora”, dicen las Farc.

Los asesores civiles quieren aprovechar el declive internacional del comunismo y la coyuntura de la Asamblea Constituyente, para forzarlos a negociar. Si al tiempo que el comunismo dejó de ser alternativa, el país entró en una vía de reconstitución como lo exigía la misma guerrilla (así sea precaria la votación) las Farc y el ELN no tienen motivo para seguir guerreando. Mientras tanto, los mandos militares adelantan la política de golpearlos. Esperan que esto a su vez produzca un debilitamiento de las bases de apoyo al tener que convertirse en una guerrilla itinerante dejando el cómodo sedentarismo.

También esperan los asesores que, al medir sus fuerzas con las del Estado, las Farc y el ELN aterrizarán en la estimación bélica que tienen.

Tanto los mandos militares como los asesores civiles saben que la política ofensiva en lo militar y cerrada al diálogo en lo político, tendrá sus costos. Además de la retaliación que ya está sufriendo el país en su infraestructura y la Fuerza Pública en bajas, y la que sufrirán los civiles por las medidas represivas colaterales, por la restricción de libertades, y por los atentados y ataques que se producirán está el de entregarle de nuevo a los militares la responsabilidad total del resultado, porque de la efectividad castrense para “neutralizar las actividades insurgentes y restablecer el control gubernamental en las regiones remotas del país” (objetivo oficial de la actual campaña antiFarc) depende el éxito del plan.

Si las bajas oficiales y civiles, así como los daños siguen aumentando sin que la guerrilla sufra golpes efectivos que le reduzcan su capacidad operativa y desestabilizadora, lo que la política Gaviria habrá logrado es escalar la guerra subversiva a un nivel de guerra de movimiento. Y esta escalada implica aumentar los gastos militares hasta que la política triunfe, y los costos serían sin duda muy superiores a los cien millones de dólares de la Operación Tricolor. Sería la salvadorización de la guerra interna colombiana, el efecto contrario al buscado.

Analizar con el deseo

Pero los asesores están optimistas. Creen que además del marco general, hay circunstancias favorables para doblegar a las Farc y que es posible una división en el grupo guerrillero, a raíz de una supuesta pugna tras la muerte de Jacobo Arenas. Una corriente estaría dispuesta a un entendimiento tipo EPL o M-19 y cobijaría a varios frentes, entre ellos el del Magdalena Medio. La otra, guerrerista, estaría muy cercana al cura Pérez. “El Secretariado no maneja nada”, dice uno de los asesores y agrega: “Las Farc ya no tienen una estrategia, sino un despelote”. Y argumentan para esa afirmación que actúan descoordinadamente cuando Alfonso Cano pide diálogo y un frente hace un asalto.

Sin embargo, analistas de las Farc consideran que las hipótesis oficiales son erradas. Éstos no creen que exista división ni incoherencia en el accionar de las Farc. La unidad de acción entre Farc y ELN es clara, y ella le ha dado una mayor autoridad al cura Pérez. Pero esto no sería producto de una división sino de una realidad: las Farc son más una guerrilla de autodefensa que una de ofensiva, como sí lo es el ELN. Y la estrategia que han definido para contrarrestar la política oficial es la del contraataque militar, siempre esperando que de la fuerza combativa surja el diálogo. Cuando firmaron la tregua con Betancur, no acamparon como el M-19 sino que se dedicaron simultáneamente a multiplicar sus frentes. Y en la administración Barco -cuando los consejeros de la paz aún visitaban Casa Verde- dinamitaron una vía en la que pereció una treintena de soldados.

Calificar esa política como de descoordinación es “no querer sintonizarse con la realidad de lo que son las Farc, para analizarlas con el deseo a fin de que encajen en la política predefinida por los militares y los consejeros. No quieren oír argumentos, sino confirmar los suyos”, dicen los estudiosos.

Así mismo, el supuesto de la incapacidad de los 5 mil guerrilleros para crear una situación de desestabilización similar a la generada por los narcos durante 1989-1990 es un punto no sólo discutible sino preocupante. Parece que al gobierno, como en la guerra de los narcos, no le pesaran suficiente las muertes de uniformados, ni el costo de los daños a la infraestructura nacional. Este desconocimiento, como en el caso de los 220 policías asesinados en tres meses en Medellín el año pasado, puede provocar una escalada en la que las guerrillas toquen puntos sensibles de la clase dirigente y de los centros urbanos. Como hacen los extraditables, al mantener secuestrados a Diana Turbay, Maruja Pachón y Francisco Santos. Reducir la incapacidad del enemigo para efectos publicitarios puede traer como consecuencia una escalada de la guerra que volvería a las ciudades, único sitio donde la dirigencia colombiana la siente. Correr el riesgo de que las Farc y el ELN no tengan capacidad operativa urbana es una apuesta boomerang, porque los costos los paga la población civil, la que deben defender las Fuerzas Armadas. Y la defensa incluye una política que no la ponga en posición de vulnerabilidad.

Tags

Colombia, Periodismo,