Itinerario del horror. La ley del silencio

Itinerario del horror. La ley del silencio

Artículos

15.marzo.1992

El Espectador, Magazín Dominical

Este texto tiene el mismo ritmo violento de los hechos que registra. Parece un
documental escrito, un itinerario del horror. Se podría decir que más que cine mudo, el
mutismo parte de los espectadores del drama que vive el Magdalena Medio. Los tres
dirigentes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, Josué Vargas,
Miguel Ángel Barajas y Saúl Castañeda, al igual que la periodista Sylvia Duzán, fueron
asesinados hace dos años por el grave delito de propiciar un tránsito hacia la paz. El
sabor que nos deja la exhaustiva investigación vuelve a ser amargo en la impotencia y
a recabar en la idea de que impunidad más silencio es igual a una ley inexorable en
Colombia.

El coronel Ricardo Lineros González –miembro del batallón Rafael Reyes– y el capitán
Emigio Rodríguez Palmera –del Noveno Distrito de Policía– en Cimitarra, “tuvieron
conocimiento del inminente peligro de muerte que corrían” los directivos de la
Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) y por eso les ofrecieron
protección.

Josué Vargas, Miguel Ángel Barajas y Saúl Castañeda, después de reunirse con los
oficiales, a principios de febrero de 1990, rechazaron la oferta. Así mismo lo hizo Sylvia
Duzán cuando fue a Cimitarra por primera vez, a mediados de enero de 1990, con el fin
de realizar un documental para el Canal 4 de la BBC de Londres.

Los tres dirigentes de la Asociación descartaron la protección porque era notoria y
abierta la colaboración de miembros del Ejército y la Policía en Cimitarra con los grupos
que los tenían amenazados: las escuadras paramilitares. Sylvia Duzán tuvo un motivo
diferente para no aceptar seguridad: sería imposible realizar su trabajo periodístico en
esas condiciones, en una región donde se impuso con todo rigor desde los años
sesenta “la criminal ley del silencio”, como la llaman los cimitarrenses.

Lograr testimonios o información útil, movilizándose con policías, habría sido imposible.
No sólo porque alejaría a quienes tuvieran alguna disposición de brindar declaraciones
“en un pueblo donde todo se ve y todo se sabe”, sino porque en sus planes, Sylvia
Duzán contemplaba entrevistar a miembros de la guerrilla y de los grupos paramilitares.

En Yondó, donde filmó los efectos de los bombardeos del Ejército que afectaron a la
población civil –en enero de ese año–, Duzán entrevistó al comandante Tomás, de las
Farc. Al volver, el equipo de filmación enfrentó las más severas e intimidantes requisas
en retenes militares que hicieron ostensible su incomodidad por la presencia de los
periodistas en el área de combate.

Aceptar protección, además, le hubiera restado credibilidad e independencia a la
periodista y le hubiera brindado a uno de los bandos del conflicto armado local, los
elementos que fuera recogiendo en su labor. Para Sylvia Duzán ésa no era la función
de una periodista, así los miembros de la Fuerza Pública ni lo aceptaran ni lo
entendieran. Y aunque con su decisión corriera más peligro del que de por sí significaba
inmiscuirse en el conflicto armado del Magdalena Medio y en especial en el de
Cimitarra.

Paz en La India
El conflicto de Cimitarra tenía una particularidad. Los campesinos de la región, víctimas
del fuego cruzado entre la guerrilla, los paramilitares, los militares y las autodefensas,
habían organizado una asociación pacifista –la Asociación de Trabajadores
Campesinos del Carare, ATCC– que pretendía mantenerse neutral entre los bandos en
conflicto. La ATCC había logrado un acuerdo con la guerrilla y los paramilitares, que les
permitió vivir en paz durante dos años y medio. Las Farc se retiraron del área desde
mayo de 1987, pero en septiembre de 1989 se detectó su retorno con una columna de
300 hombres.

Este hecho afectó el acuerdo con los campesinos de la ATCC y los colocó ante la
disyuntiva de alinearse con los paramilitares o con la guerrilla. Siendo Cimitarra “un sitio
de paras más seguro que Puerto Boyacá y Puerto Berrío” –según lo registró en sus
reportes Duzán–, era de esperarse que presionaran a “los neutrales” hacia su lado,
porque según se lo expresaron a los tres líderes amenazados, “si ustedes no están con
nosotros, están contra nosotros”.

Duzán lo dejó claro en su análisis de viaje: “En Cimitarra están funcionando de nuevo el
XXIII y el XIII frente de las Farc, así como el XLVI; se hicieron autocríticas y se retomó
la dirección política. O sea, que el Ejército y los narcos tienen que arremeter matando a
los campesinos de la Organización de La India que todavía albergan la esperanza de
ver reconstruida la guerrilla mientras forman parte de las organizaciones campesinas
fomentadas por los paramilitares…”.

La posesión de la ATCC, que los dos bandos intentaban utilizar, los paras creyendo
tener una organización más a su servicio, y la guerrilla –al volver– esperando que se
convirtiera en una base de apoyo civil, fue el detonante del conflicto. La determinación
de los paras de conquistar a la Asociación era a muerte, en parte, porque el movimiento
paramilitar se encontraba en ese momento en retroceso. La administración Barco había
declarado ilegal la colaboración del Ejército con las autodefensas, y narcos como
Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los principales financistas, estaban escondidos.

El sueño de la tercería
Durante los dos años y medio de paz, la ATCC contó con la colaboración de
importantes centros académicos de varias universidades, de organizaciones no
gubernamentales nacionales y extranjeras y de entidades estatales. Empezó a resolver
problemas de transporte por el río Minero, de abastecimiento a través de una
cooperativa, de asistencia técnica con el Sena y el PNR de educación, de salud, y de
asistencia técnica. Su proyecto pacifista, en los 32 meses que habían durado los
acuerdos de paz entre los grupos, había llevado a la ATCC a candidatizarse para recibir
el Premio Nobel Alternativo para la Paz. Esta situación atraía el interés de los medios
de comunicación.

Sin duda, la original solución que los colocó al margen de uno de los conflictos más
sangrientos del país era impactante. El diario Vanguardia Liberal publicó varios artículos
sobre la ATCC desde septiembre de 1988. El 31 de marzo de 1989, el Noticiero 24
Horas presentó un informe sobre el caso, tras visitar La India. La Prensa les dedicó la
primera página el 9 de abril, bajo el título “Los que sí saben de diálogo”, y publicó un
intenso reportaje en las interiores. El Mundo hizo lo propio unos días después y siguió
El Espectador el 15 de abril del mismo año, con la crónica “Cimitarra: adiós a las
armas”. Noticias 1 de la televisión emitió el 18 de junio otro reporte.

Era claro el interés que ganaba en los medios de comunicación el proceso de paz de la
ATCC, como era clara la amenaza que ese proceso representaba para los paramilitares
en el marco del retorno de las Farc. En ese contexto llegó Sylvia Duzán a Cimitarra a
realizar el documental para la BBC, “Las otras guerras de la coca”, contratada por las
productoras Patricia Castaño y Adelaida Trujillo.

El problema para la ATCC frente al conflicto armado que resurgía era su pretensión de
mantenerse neutral. La ubicación de La India se podía considerar estratégica y esto
jugaba en contra de los campesinos. Una zona de fácil acceso fluvial, donde hábiles
lancheros transportan madera y la producción agrícola, era sin duda un flanco ideal
para que la guerrilla volviera a penetrar. Y todos lo sabían.

Por eso los paramilitares empezaron a presionar hasta con asesinatos a miembros de
la ATCC, cuando surgieron los primeros rumores de que las Farc estaban recibiendo
algún apoyo logístico de campesinos de La India. Y así mismo los guerrilleros
insistieron no sólo en convencerlos una y otra vez, sino en forzarlos a darles el apoyo,
hasta lograr de hecho que cada campesino decidiera su rol frente a la guerrilla aunque
la ATCC oficialmente no estuviera de acuerdo.

Cuando un grupo armado llega a una casa aislada, es natural que el campesino,
muchas veces por el temor a las represalias, colabore dándole comida, techo o
información. La guerrilla lo sabe y lo saben las autoridades, por eso el campesino es
eliminado u obligado a exiliarse por los paras, con el fin de acabar con la base social y
el apoyo logístico para la guerrilla.

A pesar de las circunstancias, los tres dirigentes de la ATCC procedieron con una
sangre fría extraordinaria, tal vez resultado de sus experiencias previas. En mayo de
1987 habían pasado por lo mismo. Primero fue el capitán Betancur del ejército nacional
quien los visitó en La India acompañado de los jefes paramilitares. Les advirtió que
tenían cuatro alternativas y que tenían que elegir una de ellas: o se iban, o se aliaban
con los paramilitares, o se aliaban con la guerrilla, o se morían. Fue cuando Josué
Vargas y otros cuarenta campesinos decidieron quedarse y vivir. En seguida buscaron
una reunión con las Farc y la consiguieron. Fue muy tenso el encuentro. Vargas le
explicó al comandante Raúl la amenaza paramilitar y la necesidad que las Farc dejaran
de intimidarlos y de incursionar en La India, porque los campesinos no estaban
dispuestos a perder otra vez sus parcelas. Le dijeron que no iban a seguir sometidos a
la ley de los rebeldes ni a la ley del silencio de los paramilitares. El comandante Raúl,
sorprendido por la decisión de los campesinos, accedió a no inmiscuirse en los asuntos
de La India, siempre y cuando los paras tampoco lo hicieran.

Realizado ese acuerdo verbal, la ATCC se constituyó y le informó a los militares y a los
paras sus planes. Con el general Faruk Yanine, entonces comandante de la Brigada en
Bucaramanga, y con el general Manuel Jaime Guerrero Paz –entonces comandante
general de las Fuerzas Armadas– quien los visitó en La India con otros altos mandos,
también hablaron.

Les expusieron que sólo querían trabajar en paz sus tierras, que estaban cansados de
la violencia. El Ejército no puso mayores objeciones, en parte creyendo que podría
convertirlos en otra autodefensa y en parte considerando que el experimento no era
peligroso en momentos en que las Farc se retiraban del Magdalena Medio. Los sueños
de paz se realizaban y Vargas y sus compañeros se dieron a la tarea del desarrollo.
Posteriormente, con el regreso de las Farc a la región, y la nueva situación de ilegalidad
de los grupos de autodefensa, la situación para la ATCC cambió, en especial por la
cercanía del debate electoral.

El 5 de diciembre de 1989 fue asesinado Carlos Sandoval, un miembro de la ATCC en
un atentado del que se acusó a los paramilitares, e inclusive a un agente de policía que
les colaboraba. Luego en la masacre de Puerto Yuca fueron asesinados cinco
miembros de una familia cercana a la Asociación, aunque se argumentaron problemas
entre esmeralderos.

El 4 de enero de 1990 fue asesinado Manuel Narváez, directivo de la Asociación. El
peligro pisaba cerca y los dirigentes de la ATCC no vacilaron en reconocerlo.

Aprovechando las relaciones académicas que surgieron por la particularidad del
proyecto pacifista, los tres líderes de la ATCC viajaron a Bogotá a explicar ante las
autoridades su plan. El objetivo era que el gobierno, viendo en la ATCC un modelo a
seguir, decidiera enviar fuerzas especiales a protegerlos y sobre todo a intimidar a los
paramilitares que se fueron convirtiendo en su principal amenaza.

En particular, pensaron en la recién creada Fuerza Élite de la Policía Nacional, la única
a la que por su carácter antinarco le temían los paramilitares locales, aliados con los
narcos. Vargas alcanzó a dialogar al respecto con el comandante El Mojao –jefe de la
escuadra paramilitar de Cimitarra– quien lo buscó a principios de 1999 en la oficina de
la ATCC: “¿Cierto que ustedes están pensando en llamar a la Élite?”. Josué Vargas le
respondió que no habían hecho nada al respecto, pero le aseguró que si seguían
amenazándolos no dudarían en hacerlo.

El Mojao, entonces, los amenazó de muerte, según un testigo del diálogo: “Esto lo
arreglo con un tiro en la cabeza a cada uno de ustedes”, les habría dicho.
El Mojao era un hábil lanchero, transportador por el río Minero. Le hacía trabajos a las
Farc, como todo el mundo. Un día, los de la Farc le dispararon a su lancha. A los pocos
días los paras lo visitaron. Le ofrecieron trabajo y dinero.

Aceptó. Conocía los “contactos” que ayudaban a los guerrilleros. Se convirtió en un
eficaz paramilitar para devastar la red de apoyo y de paso con ese pretexto, cobrar sus
cuentas personales. Varios otros, como el comandante Jerónimo quien antecedió en el
mando a El Mojao, como El Zarco, también habían colaborado con las Farc antes de
volverse paras, un indicativo del grado de abusos y corrupción a que llegó la guerrilla en
el Magdalena Medio.

A la tensión del fin de década en Cimitarra, se sumaron los informes internos que el
Batallón Reyes del Ejército recogía o enviaba a sus superiores, dando cuenta de una
supuesta colaboración de campesinos de La India con las guerrillas. En alguna medida,
esto se debió a que las Farc, al volver, presionaron a los moradores para que les
colaboraran. De otro lado, eran evidentes esas exageraciones de los informantes que
en el afán de ganarse el apoyo de la ATCC, inventaba la información para justificar las
presiones y amenazas contra los campesinos y así traerlos a su bando.

Consciente de esas presiones que habían resultado en el asesinato de Sandoval y de
Narváez, la ATCC organizó un foro por la Paz del 15 y 16 de enero de 1990, con el fin
de distensionar la situación y renovar los acuerdos pacifistas.

A ese encuentro asistió Sylvia Duzán, iniciando su trabajo en Cimitarra y severamente
advertida por todos los conocedores sobre la peligrosa situación que se vivía en la
zona. Allí estuvo El Mojao, quien inclusive durmió en el mismo hotel de Duzán, en la
habitación contigua. “Estuvo peleando y pegándole toda la noche a una mujer…”, anotó
en su informe como anécdota. El foro fue un éxito y la ATCC quedó satisfecha. Pero el
conflicto siguió, la situación se caldeó más y decidieron organizar una Marcha por la
Paz para el 10 de febrero, esta vez con mayor respaldo oficial a ver si detenían la
arremetida paramilitar.

Los líderes de la ATCC habían visitado en los meses anteriores la capital, donde
realizaron grandes charlas con académicos y lograron audiencias con los consejeros
presidenciales para la Paz. Valiéndose de esos acercamientos previos, la Consejería a
su vez les consiguió una entrevista con el ministro de Defensa, en enero de 1990, quien
les ofreció su apoyo y la asistencia a la marcha del 10 de febrero. Otros ministros, como
el de Agricultura, fueron contactados para que asistieran y así, en Cimitarra la gente
sintiera que la ATCC no era un brazo civil de la guerrilla sino una vía civil y pacifista
avalada por los más altos funcionarios del gobierno Barco.

Pero en las altas esferas presidenciales donde se definían los procesos de paz con los
grupos guerrilleros, el proyecto de la ATCC no merecía la atención que sus directivos
creyeron. En gran medida, porque la política oficial de paz buscaba acuerdos a nivel
nacional para la desmovilización de la guerrilla y no acuerdos regionales, porque según
la argumentación de Rafael Pardo y Ricardo Santamaría –entonces encargado de la
Consejería Presidencial para la Paz– producirían como efecto que la guerrilla o la
violencia se desplazara de una región hacia otra, o sea que en el país los índices y el
problema se mantendrían iguales.

Esta posición no era óbice para darles un tipo de apoyo que no comprometiera la
política oficial, pero que tampoco dejara abandonados a los líderes pacifistas. Por eso,
Pardo y Santamaría asistieron al foro de Cimitarra, aunque el ministro de Defensa de la
época, general Óscar Botero, se excusara de hacerlo a pesar de haberlo prometido.

Al foro asistieron las autoridades de Cimitarra y líderes locales de los paramilitares. El
foro no fue ni tan exitoso como lo esperaban los directivos de la ATCC ni tan desastroso
como lo quisieron los grupos paramilitares. El Ejército militarizó el acceso desde las
veredas, y el miedo que empezaba a sentirse en la población por los primeros
asesinatos que habían ocurrido, redujo la asistencia a unas quinientas personas en vez
del par de millares esperados por la ATCC. La escasa presencia oficial en vez de la
delegación con varios ministros fue otro revés para la ATCC. Los discursos de Pardo y
Santamaría en los que reiteraron la coherencia de la política nacional de paz y su
imposibilidad de casarse con proyectos locales, tampoco dejaron bien parados en el
terreno de combate a los pacifistas de la ATCC, a pesar de las manifestaciones de
apoyo recibidas. En ellos también se hizo pública la cuidadosa distancia que el
gobierno guardaba frente al sui generis experimento de la ATCC. Así lo confirmó el
consejero presidencial para la Paz, Rafael Pardo Rueda, durante su intervención del 10
de febrero de 1990, en el Teatro Municipal de Cimitarra, durante la Gran Marcha por la
Paz. “No puedo decirles a las Farc que no se metan al Carare, y que se vayan para otro
lado, porque llegan a otros lados y hacen lo que ustedes no quieren que hagan aquí…
Lo que no hace el gobierno porque sería irresponsable con los colombianos, es hablar
con la guerrilla para que siga existiendo pero en otro sitio… el gobierno tiene es que
buscar que cesen los factores de perturbación…”.

El tema del documental para la BBC era el papel del narcotráfico y la violencia en las
elecciones colombianas. Cimitarra y el proyecto de La India fue uno de los tres casos
escogidos para la película, al lado de Barranca y Yondó. En diciembre de 1989, Sylvia
Duzán registró dramáticas escenas del bombardeo contra el área de Yondó que hizo el
Ejército con las armas que el país acababa de recibir como ayuda especial contra el
narcotráfico y con la asistencia técnica de militares estadounidenses. En el documental
concluido después por las productoras quedó plenamente confirmado este hecho con
declaraciones de generales estadounidenses.

Duzán también estuvo en San Vicente de Chucurí y en Barranca, donde analizó con
premonitoria lucidez la intensidad del conflicto que hervía en las calles, y donde se
podía ver la suma de los años de lucha petrolera, el cerco paramilitar y el surgimiento
de las milicias urbanas guerrilleras. Todo ello en el marco electoral, en el que las
fuerzas paramilitares tratan de intimidar a las de izquierda para reducir su influencia
política y administrativa, utilizando la combinación de las prácticas gamoneriles con la
teoría del miedo a través de los sicarios y el paramilitarismo. La guerrilla hacía lo propio,
a su manera.

La llegada de Duzán a Cimitarra se dio en medio de las complejas circunstancias que
habrían sido iguales para cualquier reportero que hubiera ido a realizar esa labor.

Sólo sumaban dos aspectos más en su contra. Uno, su trabajo previo en Yondó y
Barranca, registrado con sospecha por las autoridades. Otro, el ser hermana de María
Jimena Duzán, una de las periodistas de El Espectador que más se destacó por las
denuncias contra las atrocidades de los paramilitares en el Magdalena Medio durante
los ochenta y que reveló la conexión de éstos con el narcotráfico. María Jimena, en
enero de 1990, había llegado a un clímax de tensión, que la había llevado a tomar la
decisión de salir del país durante algún tiempo, justo cuando su hermana, en
circunstancias totalmente imprevistas, entraba a la zona de candela. El 26 de febrero de
1990, María Jimena tomó en las horas de la mañana un avión hacia París. Sylvia, un
poco más tarde, hacia Bucaramanga y de allí, en flota se dirigió a Cimitarra.

Los medios de guerra
El 4 de febrero de 1990 El Tiempo publicó en sus Lecturas Dominicales un extenso
artículo de Miguel Ángel Barajas, resaltando la labor de la ATCC y criticando a los
intelectuales por quedarse en modelos teóricos en vez de buscar, como los campesinos
de La India, soluciones prácticas a los conflictos sociales y a los armados en particular.
Era la respuesta a los artículos publicados el 31 de enero anterior, en las mismas
Lecturas Dominicales, por Fernando Cruz Kronfly, Darío Ruiz Gómez, R.H. Moreno7
Durán, José Luis Garcés y Germán Espinosa en los que en resumen calificaban a
1988 como el “año del miedo” en Colombia.

En la carátula del suplemento y bajo el título “El quite a la muerte”, Barajas les
respondió. Entre los motivos para su respuesta figuraba no sólo el que los intelectuales
no ofrecieran perspectivas (por eso le habían dejado “desgarrada el alma” y “arañado el
corazón”) sino porque cuando terminó la lectura quedó “con la impresión de que la
mayoría de los intelectuales no conocen los resultados positivos de muchas
comunidades que están participando activamente en esta lucha por la vida”. Se refería
Barajas –un agrónomo que dejó su trabajo en el Incora para radicarse en Cimitarra– a
experiencias como la de los campesinos de la ATCC de la que ahora formaba parte.

El debate, magnificado por la publicación y el despliegue en la edición dominical de El
Tiempo, parecía inofensivo en términos de la seguridad de alguien. Pero Barajas
recurrió a una síntesis de los últimos treinta años de la violenta historia de Cimitarra, en
la que necesariamente atacaba a los paramilitares por su barbarie y a los guerrilleros
por lo mismo y por la carencia de alternativas de solución. Hirió a fondo a los
susceptibles hombres de armas y a quienes los apoyaban.

“Me estremezco porque aquí en el Carare, los paramilitares, esos nazis criollos, crearon
en Cimitarra un grupo de autodefensas en el Colegio Integrado…”, escribió Barajas; de
la guerrilla, a Braulio Herrera, jefe del frente XXIII, quien se reunió con ellos el 13 de
enero de 1989, y se limitó a leerles durante ocho horas “apartes del Manual de
Contraguerrilla del Ejército nacional”. En su artículo, Barajas se refería con sarcasmo a
la forma en que los intelectuales de la guerrilla llegaban con sus ideas inteligentes: “¿se
puede llamar inteligencia el insistir sobre lo que ya no tiene validez?”. Se refería al
modelo propuesto por las Farc.

La publicación del artículo de Barajas causó un gran impacto en Cimitarra, en particular
en las fuerzas paramilitares, dueñas de la región en ese momento. En la Asociación de
Padres de Familia del Colegio Integrado los líderes civiles del paramilitarismo hicieron
un debate para contestar los cargos de Barajas, según los cuales en ese plantel se
formaban grupos de autodefensa. La Asociación de Padres de Familia argumentaba
que esto desprestigiaba a la región y al único colegio de bachillerato del área, en el
justo momento en que los paramilitares libraban una batalla contra el esfuerzo
comunista de reconquistar el terreno perdido.

La situación de seguridad para los miembros de la ATCC era cada vez más tensa. Sin
embargo, los tres directivos y la periodista se negaron a recibir protección oficial. A
pesar de esto, por lo menos durante un día el sargento Amariles los estuvo vigilando
abiertamente. A los tres dirigentes, la labor que realizaba les pareció más de espionaje
y hostigamiento que de protección, en especial porque creían que el suboficial les
tomaba fotografías.

Un soldado, sabiendo de las negativas de los amenazados para recibir protección, les
recomendó “cargar sus armas” porque –les dijo– “yo sé que les van a dar”. Josué
Vargas, el mayor de los tres directivos, le dio una respuesta visionaria: “Si lo van a
matar a uno, como a Galán con cincuenta guardaespaldas, igual lo matan”.

Los directivos de la Asociación de Campesinos desconfiaban de la Fuerza Pública por
distintos motivos. El último fue la aparición de cientos de volantes que circularon en la
madrugada del 6 de febrero en el pueblo. El panfleto acusaba a la Asociación de
colaborar con las Farc e invitaba a la población a desconfiar de ella y a denunciarla.

El volante decía que la ATCC “era una fachada de las guerrillas comunistas ubicadas
en la zona” que ahora querían recuperarla después de haber “perdido sus dominios”.
“Para ello –continuaba el escrito anónimo– pretenden ahora utilizar el eficaz
instrumento de la publicidad a fin de provocar la desmilitarización de la región y con
ello… emprender la reconstrucción del imperio de la muerte…”, que no era otro que el
de las guerrillas.

Así mismo, llamaban a la población a no creer el “infame montaje” de la ATCC, en el
que se escondían los guerrilleros “disfrazados de apóstoles de la Paz… y cuyo
subversivo pellejo quedó al descubierto”. Los acusaban de haber comprado ochenta
uniformes de dotación privada de las Fuerzas Armadas para entregárselos a las Farc y
hacían un llamado final a los de la ATCC: “¡No les mientan más a las buenas gentes de
Cimitarra, señores camaradas de la Asociación…! Los criminales no pueden tener más
amigos que sus propios cómplices”.

Averiguaciones realizadas por los tres directivos de la ATCC les indicaban que el texto
habría sido preparado, producido y distribuido en el Batallón Rafael Reyes. Josué
Vargas preparó un informe al respecto, con base en testimonios y algunas
confrontaciones con volantes producidos por el Ejército, y se lo presentó a los otros
directivos de la cooperativa. Pero ellos mismos decidieron archivarlo porque no había
pruebas, como tampoco las encontraron las autoridades judiciales.

En cambio, nadie tenía duda sobre la colaboración entre los grupos paramilitares y la
Fuerza Pública de Cimitarra, aun a principios de 1990 cuando ya el Gobierno había
declarado ilegal el apoyo oficial a grupos de autodefensa. Los dos últimos jefes de las
escuadras locales de Los Masetos –Jerónimo y su sucesor, El Mojao– entraban y salían
de las instalaciones del Batallón Rafael Reyes con relativa frecuencia y sin esforzarse
por ocultarlo.

A veces cuando miembros de la ATCC veían paramilitares en el pueblo, avisaban a las
autoridades, pero según sus propias declaraciones, encontraban como respuestas un
“¿…dónde? Por aquí no hemos visto a nadie”. El Mojao, Hermógenes Mosquera
Obando, recorría de manera ostentosa Cimitarra en una camioneta Toyota que entraba
y salía del Batallón Reyes. Durante sus estadías en la población, El Mojao y sus
hombres hacían ostentación de sus armas y su dinero. Era normal ver a El Mojao
reunido con miembros de la Policía o del Ejército y con los principales líderes políticos
defensores de las autodefensas, como Iván Colorado, Gustavo Barajas, el Ñato Ariza o
el entonces concejal Armando Suescún.

Por lo menos en dos ocasiones Jerónimo y El Mojao amenazaron a los dirigentes
campesinos de manera directa. Una de ellas ocurrió el 15 de julio de 1989 cuando
Miguel Barajas y Saúl Castañeda se aprestaban a abordar un bus en Cimitarra. Otra fue
el 10 de septiembre, cuando se cruzaron en la carretera El Mojao y Josué Vargas. El
Mojao detuvo su vehículo, descendió y le dijo: “Ustedes no llegan a las elecciones”. Las
elecciones eran en marzo de 1990 y Miguel Barajas se había lanzado como candidato
al Concejo, encabezando un movimiento liberal. Este esfuerzo ayudó a indisponer a los
paramilitares que controlaban el municipio, aunque el movimiento de Barajas no
amenazaba a ninguna fuerza política. Simplemente rompía el monopolio político local.
Sylvia Duzán era una de las pocas cartas efectivas que le quedaban a los de la ATCC
para jugar. La candidatura que ya se había presentado para que la ATCC recibiera el
Nobel Alternativo de la Paz, era una coyuntura adecuada para que el documental que
adelantaba Duzán tuviera más repercusión en Europa y llamara la atención sobre la
ATCC, disuadiendo a los potenciales agresores.

El día F
Las amenazas contra Vargas, Barajas y Castañeda, así como el temor que se respiraba
en Cimitarra, presagiaban la tragedia. Los dirigentes lo sabían y empezaron a tomar
precauciones mayores. En especial, se veía muy nervioso al secretario de la ATCC,
Carlos Atuesta, quien se había vinculado al grupo en los últimos meses de 1989.
Residía en la población y no tenía vínculos con la actividad campesina, pero ante la
necesidad de contar con un apoyo logístico en la secretaría, para archivar, hacer las
cartas, y las relaciones públicas en general, Atuesta fue bienvenido al grupo y pasó a
jugar un papel clave en la organización.

Atuesta, los días antes al 26 de febrero, dormía en diferentes casas y no cesaba de
advertirle a sus compañeros sobre los peligros que se les cernían. Se le veía nervioso,
prevenido, asustado. Saúl Castañeda también exteriorizó sus temores, a su manera.
Eludía los encuentros con las autoridades militares y de Policía, trataba de calmar a
Josué Vargas y a Barajas, los más aguerridos defensores de sus posiciones y quienes
hasta el último momento confrontaron a los paramilitares de frente, tratando de que se
moderaran en sus manifestaciones verbales y queriendo demostrar con su valentía su
inocencia frente a quienes se amparaban en la ley de las armas. El jueves anterior, 22
de febrero, el presidente de la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del
Magdalena Medio (ACDEGAM), Iván Roberto Duque, había dado unas declaraciones a
Caracol, en las que acusó de nuevo a la ATCC de ser un frente civil organizado por el
“bandolero Braulio Herrera” que presionaba a los campesinos para que votaran por los
candidatos de la UP.

Duque era tenido como el jefe político de las autodefensas o, por lo menos, el
inspirador de su accionar.

Vargas, Barajas y Castañeda habían decidido salir del casco urbano hacia La India, tan
pronto Sylvia Duzán llegara al municipio en la mañana del lunes 26. Para ese día, la
periodista había contactado una entrevista con los tres dirigentes de la Asociación, para
el documental que adelantaba. Sólo ellos tres, más Atuesta y Duzán, sabían de su
llegada. Al menos eso creían.

Hacia el mediodía del 26 de febrero de 1990, por diversas vías, le llegó a los directivos
de la ATCC una noticia que ya había recorrido el pueblo. Alejandro Ardila, reconocido
cerebro de las operaciones paramilitares del área, había llegado. Lo acompañaba El
Mojao. Todos los que ya lo sabían estaban o bien asustados o bien adivinando por
quiénes venía. Y las sospechas y los rumores recaían sobre Vargas, Barajas y
Castañeda. Pero no podían irse sin Duzán, ya que ella iba a Cimitarra sólo para verlos y
entrevistarlos. Decidieron esperarla y en seguida emprender el viaje, resignándose un
poco a correr el riesgo. Ya para el almuerzo se sabía que además habían llegado al
pueblo dos sicarios, uno conocido ampliamente en Puerto Berrio y en la misma
Cimitarra, donde había realizado trabajos anteriores.

La noche del 25, Sylvia Duzán no se sentía bien. Lejana pero consciente de todas las
implicaciones de su viaje a Cimitarra y del posible desenlace del conflicto, se
preparaba. Aunque intuía los riesgos e inclusive escribió en su diario que los tres
dirigentes de la ATCC “eran hombres muertos”, estaba dispuesta a cumplir su cita.
Vagamente quiso posponer el viaje la víspera. Se lo dijo a Salomón Kalmanovitz, su
esposo.

En la mañana, sin embargo, decidió salir rumbo al aeropuerto para tomar el pequeño
avión que la debía conducir a su destino. Los camarógrafos no irían con ella, ya que por
otros compromisos adquiridos por las productoras no podían viajar ese día, aunque
Duzán consideraba ese viaje en particular trascendental para el documental. Las
productoras no accedieron a enviarle a los camarógrafos, para bien de éstos. Duzán les
dejó a las productoras en la noche del viernes 23 una nota a mano en la que les decía
que “el problema de no viajar a Cimitarra y avisar ahora es grave. Yo mandé desplazar
4 tipos desde La India para que me esperen el lunes. Es malo. Si no me dan el permiso
de viajar, de todas maneras me toca viajar”. Un trancón de tránsito dificultó su llegada y
perdió el avión.

Carlos Atuesta ya se había dirigido al aeropuerto local a recibirla. Lo hizo en compañía
del cabo Amariles, a quien le confirmó la información de la llegada de la periodista, la
misma que el día anterior le había dado cuando el cabo le preguntó en la cafetería La
Tata. Atuesta además le explicó los motivos del viaje. Cuando Duzán no apareció,
Atuesta volvió a la oficina de la ATCC, donde recibió noticias de la reportera. Duzán
tomaría una avión hacia Bucaramanga y de allí viajaría en bus a Cimitarra. Hacia las 9
de la noche estaría allí. Atuesta informó, y los tres directivos decidieron esperarla. Los
paramilitares y sus colaboradores, ubicados ya en el escenario, también.

El tenso día en Cimitarra transcurrió en medio de los rumores y el susto de los
amenazados que convinieron reunirse en el restaurante La Tata, ubicado en la plaza
principal, diagonal al paradero de los buses intermunicipales. A las 7 de la noche el
fluido eléctrico se suspendió en algunas áreas del pueblo. Josué Vargas estaba en el
restaurante Morifresa, con Barajas y Castañeda. Montaron en un vehículo y se alejaron
buscando sitios con gente y luz, donde se sintieran seguros.

En el pueblo, distintos testigos vieron a esas horas al señor Ardila, reunido con tres
agentes de la Policía y con otras dos personas de fuera del pueblo, de los que habían
llegado ese mismo día. También dirigentes como Armando Suescún y otros, los habrían
acompañado en la tertulia. Con ellos, los testigos aseguran, estuvo Carlos Atuesta,
aunque él lo negó posteriormente. En el momento en que a los tres compañeros de la
Asociación les llegó el rumor sobre la presencia de Atuesta con los paramilitares,
desecharon la versión y consideraron que se trataba de un chisme. Decidieron esperar
a que el propio Atuesta les diera una explicación, porque aunque tenían sospechas de
que Atuesta les pasaba información a los paramilitares, eso no les preocupaba, porque
como lo había dicho anteriormente Josué Vargas, “no tenemos nada que ocultar”.

A las ocho de la noche, los tres dirigentes de la ATCC llegaron a comer al restaurante
La Tata, un sitio muy frecuentado, a donde llegó más tarde Carlos Atuesta como estaba
previsto. Él les negó que se hubiera encontrado con los dirigentes paramilitares y le
creyeron. Cenaron pero Atuesta se retiró, anunciando que volvería a la hora de la
llegada de Duzán. De nuevo, algunos testigos aseguran haberlo visto en ese
“interregno”, en la cafetería Safari, a una cuadra de La Tata, conversando con Iván
Colorado, Carlos Fajardo, Alejandro Ardila y El Mojao.

Otros testigos aseguran que lo vieron dirigirse desde la cafetería Safari hasta la
estación de Policía, seguido a cierta distancia de El Mojao y de Ardila. Luego se
dirigieron a una casa, que se supone servía como centro de reuniones de los
paramilitares. Un agente de Policía, apodado El rolo y vestido de civil, los acompañó.
Era el mismo sospechoso de haber cometido algunos crímenes con los paras.

Cerca de las nueve de la noche todos se dirigieron a la plaza. El agente se ubicó en la
puerta de la empresa de transportes Cootransmagdalena, en una de las esquinas de la
plaza. Allí se quedó. El Mojao y Alejandro Ardila se sentaron en la cafetería Sol y
Sombra, ubicada en otras de las esquinas y a pocos metros de La Tata. Atuesta,
mientras tanto, fue hasta las oficinas de la ATCC, sacó algunos documentos y volvió a
La Tata para sentarse con sus colegas, en una de las mesas interiores.

La Tata tenía en el exterior sobre el andén, cuatro mesas y en el interior otras nueve,
siete de las cuales estaban ocupadas. En la primera, entrando a la derecha, había tres
vendedores de mercancías. A su lado, cinco funcionarios de la Alcaldía. Al fondo contra
la barra y la pared, los dirigentes de la ATCC. En la mesa contigua, dos profesores del
colegio local dialogaban. Al lado de ellos, tres estudiantes del colegio hacían lo mismo.
Afuera sólo dos mesas estaban ocupadas. En una se sentó, después de estacionar casi
enfrente su pequeño camión Dodge 300, Borojas, un reconocido transportador que
colaboraba con los paramilitares, y tres contertulios. En otra de las mesas exteriores,
una pareja conversaba.

A las 9:15 pm Josué Vargas y Saúl Castañeda salieron y atravesaron la plaza para
recibir a la periodista. A las 9:25 pm el bus llegó y los dos de nuevo atravesaron la plaza
bajo la mirada de los paramilitares apostados en distintos ángulos
.
A la puerta de La Tata salió Atuesta y saludó con un beso en la mejilla a Duzán. Estaba
con otro amigo. Miró su reloj, dijo: “Ah… el noticiero va a empezar, quiero ver la noticia
de la caída de los sandinistas… ¡enseguida vuelvo!”. Atuesta se fue y en la esquina se
encontró con otras personas y dialogó con ellas unos instantes. Vargas, Castañeda y
Duzán entraron y se sentaron en la mesa 6 con Barajas. Pidieron una gaseosa. En ese
momento algunas personas se les acercaron para advertirles que se fueran del pueblo.
Según testimonio de uno de los policías, un integrante de la Asociación llamó a esa
hora al puesto de Policía y pidió protección para los dirigentes de la Asociación porque
temía por sus vidas. Del puesto de Policía le contestaron que era de público
conocimiento que los dirigentes estaban amenazados, que en el momento todos los
agentes estaban ocupados y no podían prestarles ningún servicio. Los sicarios se
acercaban a La Tata. Duzán, al tanto de las amenazas, se asomó a la puerta del
restaurante. Volvió diciendo que seguramente los hombres amenazantes eran agentes
que la estaban protegiendo. Apenas se había sentado, cuando un hombre joven, con
una ruana de tela delgada al cuello, descolgada de un lado sobre su arma, entró por
una puerta. Por la otra entró un joven alto y rubio, con una cachucha verde. Con la
rapidez que caracteriza a los sicarios, desenfundaron sus armas y las accionaron.
Atuesta se encontraba aún en la esquina con sus contertulios, quienes al escuchar los
tiros se tiraron al suelo para protegerse. Tres cómplices de los asesinos empuñaban
también sus armas afuera y hacían algunos disparos al aire protegiendo la retirada de
los dos asesinos, que se entrecruzaron con un grupo de funcionarios públicos que se
acercaba a La Tata, y los insultaron para que les abrieran paso. Una camioneta
Toyota azul, blindada, se había estacionado casi frente y su conductor también hizo
algunos disparos al aire para proteger más la huida de los sicarios.

Barajas, Castañeda y Vargas murieron de inmediato. Sylvia Duzán respiraba a pesar de
un disparo de calibre 9 mm que le entró por el pómulo izquierdo para destrozarle el
cerebro, y otros cuatro que la hirieron en el pecho, un brazo, una rodilla y un pie. Diez
minutos después llegaron miembros de la Policía y la trasladaron al hospital, donde se
registró su muerte. El Mojao, Ardila y los otros se retiraron de la plaza. Atuesta corrió
cuando escuchó los disparos, dejando a sus contertulios en el piso. Se dirigió a la casa
de un señor que conocía. A los gritos, anunciando que los podían matar a todos hizo
salir a la familia y tomó el teléfono. Dice que primero llamó a La Tata, donde le
confirmaron el atentado y la muerte de sus colegas y que en seguida, llamó a Bogotá, a
algunos amigos de la ATCC y les anunció el asesinato. Llamó a estaciones radiales que
dieron la noticia.

Los muertos fueron trasladados a la morgue. Carlos Atuesta se refugió en la noche del
26 en la estación de Policía tras violentar los archivos de la ATCC, sacar documentos
claves. Durmió en la estación y un policía lo acusó de haber “servido en bandeja” a sus
amigos. Protestó.

Unos días después se encontraba en Bogotá, protegido por un grupo de derechos
humanos, que le consiguió su traslado a París, como refugiado. En Cimitarra los
rumores sobre su posible complicidad crecían.

El 5 de mayo desde París, Atuesta le escribió una carta a la familia de una de las
víctimas. “Jamás imaginé tener que enviarle una carta, sin embargo, es tan grande el
dolor ante las informaciones que recibo que me veo precisado a hacerlo. Sé que a
usted también la ha invadido la duda y que está casi convencida de que tuve
participación en el crimen… la rabia y la desesperación se han apoderado de mí y ante
ello he decidido regresar a mi patria, para enfrentar las acusaciones que surgieron con
base en ‘rumores’ cuyas fuentes me es indispensable desenmascarar. He rechazado mi
carta de asilo político, pero nadie quiere que regrese ahora mismo y por eso no me han
devuelto mi pasaporte. Dicen que si regreso me matarán. Eso no me importa, pues
quizá debí haber muerto con los demás y no haber tenido que enfrentar esto: el dolor
de la pérdida de mis mejores amigos y compañeros, el abandono de mi pueblo, el exilio
y ahora que se me sindique de criminal. A mi regreso sólo necesito siete días para
desenmascarar a quienes me acusan…”.

Para concluir, Atuesta agregó: “Tristemente me he enterado de que mi familia en
Cimitarra corre peligro por las ‘represalias’ que contra mí quieren tomar ‘familiares’ de
las víctimas… si se toca a mi familia no me queda otra alternativa que pensar en una
espantosa guerra de venganzas que se desataría y al respecto he tenido inicialmente
que informar de la eventualidad a los familiares míos porque no acepto que se tome a
mi humilde familia como rehén”. A Rafael Pardo también le envió una carta,
protestándole porque este funcionario también lo considera un delator. En el expediente
judicial figura una carta con claves militares, que en alguna ocasión le encontraron
escribiendo a Atuesta, y no lo pudo explicar.

La ATCC siguió su marcha, adoptando la ley del silencio que rige en Cimitarra desde
los años sesenta. Un paramilitar, en público, expresó su satisfacción con la nueva
conducta de la ATCC, que en su actitud pragmática y de supervivencia no quiso
colaborar en la investigación del crimen. “Sí se dan de cuenta, qué verraquera –dijo él–
trabajar así, sin estar haciendo publicidad en la prensa ni en la radio, y sin estar
alegando con los militares, ni con la guerrilla ni nada, ustedes están expuestos a los
fusiles y no deben pelear. Un hombre contra una boquilla de fusil… si ese vergajo de
Josué Vargas no estuviera alegando con nadie no le hubiera pasado nada…”.

En las investigaciones judiciales se abrió pliego de cargos contra el coronel Ricardo
Linares González del Batallón Rafael Reyes, y el capitán Emigio Rodríguez Palmera,
del Noveno Distrito de Policía, por omisión en su deber de proteger la vida de
ciudadanos amenazados.

En un juzgado de orden público se sigue causa contra los autores materiales
identificados, como El Mojao, sin que hasta la fecha haya detenidos. Los autores
intelectuales no han sido identificados en el proceso. La ATCC recibió el Premio Nobel
Alternativo de la Paz en octubre de 1990.

La Procuraduría concluyó sobre el asesinato que “el móvil no fue otro que acallar (a los
dirigentes) por la labor que desarrollaron para obtener la paz en la región de Cimitarra y
La India y por las críticas que hacían en los diferentes periódicos del país sobre las
actividades delincuenciales y criminales de grupos armados que buscaban tener el
dominio absoluto de la mencionada región”.

Agrega la investigación que “…es de creer que los asesinos sólo esperaban la llegada
de la periodista para darles muerte y así evitar que el mundo se enterara de la barbarie
diaria, del despotismo y del desprecio infinito por la vida que sucede en la región… A
los dirigentes campesinos que asesinaron junto con ella intentaron sofocarles el
pacifismo que fue confundido con el comunismo”.

De Sylvia Duzán queda no sólo el recuerdo de su risa permanente, sino sus
investigaciones en el bajo mundo urbano que la llevaron a acercarse a los pandilleros, a
los atracadores, a los guerrilleros, a los sicarios, para tratar de encontrar el cruce que
existe entre la motivación que a unos los lleva a vivir y a otros a buscar la muerte, la
propia o la ajena, o las dos. Vargas, Barajas, Castañeda, seguirán en la memoria de
quienes creen en la racionalidad de la paz. Atuesta seguirá toda su vida perseguido por
los fantasmas que lo acusan. Los asesinos, si aún están vivos, deben hacer balances
para ver cuántos trabajos más necesitan realizar para retirarse. Los autores
intelectuales, como las investigaciones del viejo y del nuevo país, siguen su curso
normal. La ley del silencio continúa rigiendo en Cimitarra.

 

Ramón Jimeno

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