Los "mágicos", un dolor de cabeza para Washigton

Los "mágicos", un dolor de cabeza para Washigton

Artículos

08.enero.1988

Quienes aparecen acusados por la liberación de Jorge Luis Ochoa Vásquez son simples funcionarios administrativos y judiciales. En realidad “El Cartel de Medellín” - nombre con que la DEA bautizó la asociación de cinco importantes exportadores de cocaína al mercado norteamericano- hizo uso del tradicional leguleyismo colombiano para obtener la libertad de Ochoa Vásquez.

Un equipo de doce juristas realizó la labor, encabezados por Humberto Barrera Domínguez, reconocido penalista y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de donde se pensionó. Otros tres antiguos colegas de la Corte lo acompañaron, incluyendo al otrora líder intelectual de la izquierda, Luis Carlos Pérez. Los otros miembros del buffet son también prestantes juristas; sus honorarios conjuntos sumaron U$500.000 dólares para la labor que demoró mes y medio.

Uno de los aspectos más relevantes de la liberación de Ochoa es que no se utilizaron medios violentos. Los narcos tuvieron un prolongado período en el que asesinaron jueces, magistrados y hasta a un ministro de Justicia, e intimidaban a los funcionarios del caso para obtener lo que deseaban. Sin embargo en esta ocasión, Jorge Luis Ochoa no utilizó ninguna de esas armas, ni siquiera en el momento de su detención el 21 de noviembre último.

El temor mayor de “Los mágicos” (en el argot popular) es que efectivamente sean extraditados a Estados Unidos, donde tienen pocas posibilidades de obtener su libertad y grandes de ser sentenciados a condenas de treinta años. Colombia, cediendo a las presiones norteamericanas accedió a firmar un Tratado de Extradición en 1979, a pesar de existir otros convenios y normas nacionales que hubieran permitido aplicar la figura jurídica.

Sin embargo, para que no fuera el gobierno colombiano el que apareciera declarándole la guerra a los narcos, se optó por la vía de un nuevo convenio internacional expresamente impulsado por Washington. Los narcos hicieron todo lo posible por evitar que se aplicara. Doce colombianos fueron extraditados. Pero finalmente, a mediados de 1987, obtuvieron la victoria final; la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la aprobación del Tratado por parte del Congreso, por lo tanto suspendió su aplicación. El gobierno se vio obligado a derogar todos los autos de detención dictados por solicitud de Estados Unidos contra una veintena de colombianos.

Las fiestas en las monumentales residencias y discotecas de Medellín, sede principal del cartel, hicieron historia. La celebración fue prolongada, y en cierto sentido el país respiró ya que sabía que con la caída del Tratado de Extradición acababa también un período de violencia de los narcos. La DEA, por supuesto, no celebró, aunque ya tenía en Florida al último extraditado: Carlos Lehder, un decadente promotor de la exportación, presentado como gran Capo para satisfacer a la opinión pública antidroga.

De nuevo a la carga

Washington no aceptó la derrota. Sendas y secretas reuniones se realizaron con el gobierno colombiano en busca de una solución. Estados Unidos insiste en que a lo único que le temen los mágicos es a las cárceles norteamericanas. Así, en un operativo no esclarecido todavía en el que la sombra de la DEA aparece, Jorge Luis Ochoa fue recapturado.

Iba a una fiesta de un colega en Cali, al occidente de Colombia. De Medellín se trasladó en su helicóptero personal a una finca. Allí tomó un flamante Porshe último modelo, (propiedad del agregado militar de la Embajada de Honduras en Bogotá) acompañado de su esposa. Desarrollando altas velocidades se dirigió al convite. Sus guardaespaldas, en dos camionetas Ranger quedaron rezagados. Al llegar a un peaje de la vía, Jorge Luis se encontró con algo inaudito, unos policías viales no le permitían pasar. Le exigieron documentos. Rápidamente llegaron refuerzos. Sus guardaespaldas no podían actuar. Los policías no aceptaron ningún tipo de soborno (situación absolutamente anómala en el tránsito colombiano). La noticia corrió por el país.

Pero ahí no terminaba Ochoa, sino empezaba otro problema para el gobierno. ¿Qué hacer con Jorge Luis? En primer lugar no había ninguna base legal para detenerlo. Pero no podía soltarlo porque papá Washington se enojaría. Así es que dos días después, el 23 de noviembre le dictó auto de detención preventivo, basado en una apresurada solicitud verbal de la embajada norteamericana, con fines de extradición.

Esa misma noche en Medellín sus socios amenazaron con iniciar de inmediato una guerra frontal de exterminio contra el alto gobierno y la clase dirigente del país si Jorge Luis salía del país extraditado. El gobierno recibió el mensaje y actuó.

Jorge Luis estaba en libertad condicional tras haber sido condenado a veinte meses de prisión por introducir reses de lidia de contrabando a Colombia. El gobierno presionó al juez que lo condenó y liberó para que dictara de inmediato una revocatoria de la libertad condicional. Así, había una excusa para no entregárselo a Washington y evitar poner en prueba las amenazas.

Pero Washington a nivel presidencial se aseguró de obtener las garantías verbales necesarias de que Ochoa no sería encarcelado hasta que Estados Unidos encontrara la fórmula legal para llevárselo.

Mientras tanto, los abogados de Ochoa movieron un proceso que ellos mismos indicaron en Colombia para anular las pretensiones de Washington. De acuerdo con las normas vigentes, ningún colombiano puede ser extraditado si en el país se le sigue juicio por los mismos cargos que se le imputan en el exterior. El buffet de Ochoa lo denunció por los mismos 25 cargos que le formuló la DEA en Florida. Con base en este argumento lograron que el Ministerio de Justicia anulara el auto de detención dictado el 23 de noviembre por solicitud de Estados Unidos. Esta anulación se produjo el 17 de diciembre; ahora, sólo faltaba aclarar el problema de la condena por contrabandista, un asunto menor.

En efecto, Ochoa había sido detenido en España durante 19 meses. También por solicitud de Estados Unidos para extraditarlo. Súbitamente Colombia también decidió pedirlo para juzgarlo por contrabando. España decidió entregárselo a Colombia. Al llegar al país, en julio de 1987 fue sentenciado a 20 meses. Pero rápidamente el juez lo dejó en libertad provisional.

Al lograr la nulidad del auto de detención preventivo de Estados Unidos, los abogados solicitaron un habeas corpus el 28 de diciembre argumentando que Ochoa ya había pagado su pena al sumársele los 19 meses de arresto en España. Un juez distinto al que lo condenó, ordenó el 30 de diciembre su libertad, sin que ninguna autoridad reaccionara a tiempo para impedir su libertad, si realmente esto era lo que quería el gobierno.

La ira del Tío Sam y el pragmatismo colombiano

“Es repugnante”, dijo el vocero del Departamento de Estados Charles Redman. Una nota de protesta le fue entregada al embajador colombiano Víctor Mosquera en Washington. Luego vinieron retaliaciones contra los viajeros colombianos y los productos de exportación legales en las aduanas norteamericanas. El gobierno colombiano entonces protestó formalmente ante la embajada norteamericana.

Pero de inmediato el gobierno cedió. Dictó cinco nuevos autos de detención, basado en la convención multilateral de extradición firmada en Montevideo en 1933, entre los estados americanos. Jurídicamente, es muy cuestionable la validez de este acto ya que la Corte considera inaplicable este convenio. Una rápida solicitud de extradición de Estados Unidos presentada al gobierno de Colombia el 1o de enero completó la acción. Los buscados: los tres hermanos Ochoa Vásquez, Pablo Escobar Gaviria y el Capo Rodríguez Gacha.

Y para calmar al tío del norte, se iniciaron procesos penales y disciplinarios contra todos los funcionarios que de una u otro manera participaron en la liberación de Ochoa.

La lucha es de otros, cree el gobierno

En el fondo, uno de los aspectos que hacen inefectiva la lucha de las autoridades colombianas contra los narcos es la poca voluntad para llevarla a cabo en serio. Un alto funcionario del gobierno había manifestado en privado sobre el tema, que la política de la administración Barco sería la de hacer mucha bulla (teatro) contra los narcos, pero quedarse cruzado de brazos en la práctica, ya que Estados Unidos no hace nada importante en su país contra los narcóticos. De hecho la cocaína llega allá, y allá se distribuye. Así es que no es justo -cree el gobierno actual- que los costos y los muertos los ponga sólo Colombia.

En realidad para el gobierno, y para muchos de los dirigentes nacionales, la lucha contra los narcotraficantes no es su prioridad. Más aún, mientras los “mágicos” no interfieran con el poder político, no problem. Es un acuerdo tácito que se ha desarrollado durante la administración Barco Vargas, al contrario de la lucha frontal pero infructuosa que intentó su antecesor Belisario Betancur.

Para nadie -y menos para el gobierno norteamericano- escapa de vista el importante aporte monetario que hacen al país, y que ha sido un factor para mantener la economía balanceada en comparación con la situación de otros países latinoamericanos con economías muy similares a la colombiana.

El problema que preocupa a los colombianos como resultado del Affaire Ochoa, no es en sí el narcotráfico, definitivamente, es la actitud de Washington. El gobierno Barco adolece de una debilidad política grave. Sin el respaldo norteamericano la desestabilización de las extremas tiende a consolidarse. Los militares están muy descontentos con la continuidad de la política de negociación con la guerrilla. Los grupos insurgentes se han unido en una “Coordinadora Guerrillera Nacional”, que empieza a propinar golpes de cierta importancia atacando por primera vez objetivos económicos. La acción de la extrema derecha que asesina y desaparece a los líderes de la izquierda, y la persistencia militarista de la guerrilla tienden a polarizar al país cada día más.

Y frente a esa situación Barco Vargas se muestra carente de liderazgo. Espera que las situaciones se creen como en el caso Ochoa, para luego buscar soluciones apresuradas que acaban neutralizadas por su improvisación. En estas circunstancias, los analistas prevén un difícil año para Colombia, en el que como lo dijo el comunicado de protesta norteamericano, lo que está en peligro es la continuidad de las instituciones democráticas en Colombia.

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