Los pasos perdidos del crimen de Galán

Los pasos perdidos del crimen de Galán

Artículos

16.agosto.1992

Han pasado tres años desde que el líder liberal fue asesinado. Después de tan largo período, algunas de las pruebas ordenadas por un juez de Medellín apenas comienzan a practicarse. El papel de la Fiscalía. Las venias a Escobar. Las fallas del Estado en la protección de la vida de un político con enemigos dentro y fuera del narcotráfico.

En las investigaciones criminales se empieza a trabajar sobre hipótesis. Para corroborarlas o desecharlas se recogen evidencias, que ayudan a establecer el modus operandi de los asesinos. De allí se analiza quién o quiénes tienen capacidad para realizar el crimen, de acuerdo con las características utilizadas. Y se empiezan a seguir pequeñas o grandes pistas que deben conducir a los supuestos autores. Cuando se trata de magnicidios, las investigaciones se complican porque el hecho en sí cuestiona la capacidad del Estado para resolver ataques contra su misma estabilidad, y los investigadores tienden a buscar respuestas rápidas para satisfacer a la indignada opinión pública.

Pero en los magnicidios también es normal que poderes dentro del Estado lleven las investigaciones hacia terrenos que les convienen, porque han trabajado sobre él, de manera que se les facilita presentar resultados. Capturan a personas que forman parte de algún grupo criminal y que a lo mejor preparaban otro golpe o que posiblemente estuvieran involucradas en otro crimen. Y para bien de la patria, esas autoridades les amañan algunas pruebas que los vinculan al magnicidio. Normalmente usan testimonios. Así, no sólo satisfacen a la opinión pública, sino que la entidad refuerza su posición al interior del Estado, frente a otras agencias, y obtiene como premio un aumento en su capacidad operativa. El mal que hacen, consideran ellos, no es tan grave porque de todos modos los acusados son criminales. Por supuesto que en términos de la justicia dentro del Estado de derecho es injusto acusar a un criminal, por criminal que sea, de un crimen que no ha cometido y más injusto todavía condenarlo por él.

Otra característica de los magnicidios es que tocan altos intereses del Estado. Se asesina a personajes como Luther King o John F. Kennedy, porque vivos tienen capacidad para alterar el balance del poder establecido. Tocan o pueden hacerlo con sus acciones, las fibras más sensibles de una sociedad establecida, afectando los intereses de grupos que usufructúan, a su manera, cuotas de poder. También se cometen magnicidios desde esferas del Estado, porque hay muertes que provocan reacciones políticas que los vivos son incapaces de producir: el atentado contra el príncipe de Sarajevo. De allí que en los homicidios sea ordinario encontrar hipótesis que apuntan directamente a entidades o personalidades de poder dentro del mismo Estado, como gestores de los crímenes.

En suma, el esclarecimiento total de los grandes asesinatos es bastante difícil. En la mayoría de los casos en que se encuentran pistas claras sobre los autores materiales, ocurre que los sospechosos son asesinados de manera muy sospechosa. Este solo hecho aumenta las sospechas. Pero en doble sentido. Porque si los verdaderos autores de un crimen ven cómo las autoridades han ido por un rumbo equivocado, eso los favorece. Y la mejor manera de que los investigadores continúen por la senda errada, es provocar un hecho que les confirme que van por la correcta: asesinan al testigo clave, al Lee Harvey Oswald. En el caso de Galán van cuatro asesinatos de sospechosos. Claro que la muerte de uno o varios de los principales acusados también valida la hipótesis de que las investigaciones van por el camino correcto, y entonces los autores intelectuales consideran necesario romper la cuerda que los conduce a ellos. Asesinar a un testigo es el método clásico más eficiente de callar al que sabe.

El caso Galán

En la investigación se ha trabajado sobre una sola hipótesis: la autoría del narcotráfico. No porque existieran desde el principio evidencias que así lo hicieran creíble, sino porque los antecedentes hicieron presumir que así tenía que ser. Esta hipótesis marcó el proceso desde el instante mismo del asesinato. Se estableció aun antes de que se recogieran las primeras evidencias o testimonios y antes inclusive de que se realizaran las primeras pesquisas y capturas.

El discurso del presidente Barco, preparado con antelación al atentado y en el que se iban a anunciar de todos modos las medidas contra las organizaciones narcos, presentadas a manera de guerra, sirvieron para reforzar la idea de que el asesinato de Galán sólo pudieron haberlo cometido los narcos. Las medidas, inclusive, aparecieron como una respuesta inmediata al crimen de Galán, aunque no lo eran.

Las normas Barco contra los narcos estuvieron bajo su consideración varios meses y fueron decididas por el Consejo de Seguridad, en la mañana del 18 de agosto, tras una serie de asesinatos de jueces y magistrados como Carlos Valencia, y de oficiales como el coronel Valdemar Franklin Quintero. El primero había involucrado a Rodríguez Gacha en un juicio penal, y el segundo acababa de detener al Negro Vladimir (jefe y coautor de la masacre de La Rochela) y cabeza visible de acciones contra laboratorios de cocaína del cartel de Medellín, emprendidas bajo la Operación Primavera.

Esa carga acusativa, si bien parecía obvia, generó una presión sobre los jueces investigadores, quienes de hecho empezaron a trabajar para corroborar, a como diera lugar, la tesis que se volvió pública, descartando cualquier otra posible hipótesis. En este sentido, los 8.000 folios que acumula el expediente están concentrados en ratificar lo que se volvió la verdad pública y no en buscar la verdad verdadera, que en últimas pueden o no coincidir.

De la misma manera, los servicios de inteligencia y de seguridad se dedicaron a buscar pruebas que confirmaran la narco-culpabilidad. La noche y los días siguientes al atentado se realizaron cerca de 4.000 allanamientos a lo largo del país, y unas 10.000 detenciones. En su mayoría la acción recayó sobre personas y residencias que por motivos de seguridad aparecían previamente en las bases de datos computarizadas de los servicios secretos. Allí figuran tanto exguerrilleros, activistas políticos o sindicalistas de izquierda, como presuntos narcos. Es usual para las autoridades activar esas bases

de datos, porque se supone que allí están registrados los sospechosos elementales ante cualquier emergencia de orden público.

¿El mismo rollo?

Como en el caso Kennedy, en donde a través de los años se ha venido demostrando que las primeras pesquisas sirvieron al propósito de satisfacer la necesidad pública de encontrar “un” culpable para esclarecer el crimen, en el caso de Galán hay algunas circunstancias que servirían para aplicarle el mismo juicio.

Una de ellas fue la rápida detención de cinco sospechosos. Ocurrió cuatro días después del atentado en Soacha. La Dijín allanó un apartamento en la Avenida 19 con carrera 4a de Bogotá y detuvo a cinco hombres. Según algunos de los defensores se les mantuvo aislados e incomunicados durante 24 horas. Al día siguiente, el miércoles 23 de agosto, los cinco detenidos, sin previa notificación, fueron presentados a los medios de comunicación como los autores materiales del crimen Galán. Un procedimiento similar se utilizó en Estados Unidos para incriminar a Oswald en el de Kennedy.

Los noticieros de televisión presentaron ese día las imágenes de los acusados del asesinato. Eran Alberto Hubiz Hazbun, Norberto Murillo Chalarca, Pedro Telmo Zambrano, Armando Bernal Acosta, Luis Alfredo González Chacón, quienes se encontraban en el apartamento de Jaime Valencia Martínez, un finquero oriundo de Rionegro (Antioquia). El mismo lugar donde nació Pablo Escobar, para mal de Valencia, dadas las prevenciones de las autoridades, que lo vincularon inicialmente al proceso. En el sitio, las autoridades hallaron una ametralladora mini Uzi, similar a la que se supone utilizaron los asesinos, así como chaquetas de cuero negro que también habrían anotado los testigos.

La masiva difusión de las imágenes de los acusados llevó a que unos 30 testigos de los hechos del 18 de agosto acudieran a las autoridades para tratar de identificar a los sospechosos. Algunos lo hicieron, entre ellos varios niños de cinco y unos años más, y eso sirvió de base para ordenarles captura a los cinco detenidos, a otro, Héctor Manuel Cepeda Quintero, y luego al mismo Valencia. El problema de esa prueba es que la precipitud de mostrar a los “responsables” de la muerte de Galán ante el país, puede llevar a su nulidad en la medida en que la imagen de los acusados en la televisión los hace de inmediato conocidos para los testigos. Por su parte, a Valencia lo involucraron acusándolo de ser el autor de una llamada telefónica en la que ofrecían 50 millones por liberar a los detenidos en su apartamento.

Mientras ese episodio empezaba a trabajarse por el juez competente, la XIII Brigada – con sede en Bogotá– desarrollaba su propia investigación. Así, el 20 de septiembre, un mes después de la muerte de Galán, detuvo a cuatro sospechosos provenientes de Yacopí (zona esmeraldífera de Boyacá), con varios kilos de explosivos plásticos. Son José Orlando Chávez Fajardo, Enrique Chávez Vargas, Hebert Rueda Silva y Jaime Eduardo Rueda Rocha. Este último, según las autoridades, es un desertor de las Farc que entró al servicio de Rodríguez Gacha, y que habría confesado su participación en el operativo de Soacha.

Pero después fue José Orlando Chávez Fajardo quien, acogiéndose al decreto 2490 de 1990, de Barco –que le otorga de hecho un perdón judicial al delincuente que confiese un crimen y delate a los demás responsables–, resultó incriminando a sus
compañeros. Chávez fue reconocido en las imágenes de televisión de Jesús Calderón y las fotos de José Echel Ruiz, de Cromos, como uno de los hombres que con una pancarta cubrieron a los gatilleros.

Chávez quedó libre ocho días después de su detención y empezó a trabajar como informante con unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá. Desde el 25 de mayo de 1990 desapareció sin dejar rastro, hasta el 8 de agosto del mismo año cuando dos hombres que vestían uniforme de policía lo asesinaron desde una moto en un barrio del sur de la capital, junto con Enrique Chávez Vargas, otro de los detenidos por la XIII Brigada.

Por su parte, Rueda Rocha se fugó de La Picota el 19 de septiembre de 1990, cuando se disfrazó de su abogado, quien permaneció en la cárcel sustituyendo al reo. Fue una fuga muy bien organizada. Rueda Rocha volvió a aparecer en público el 22 de abril de 1992; unidades del Goes lo encontraron a la salida de una finca cerca de Honda y le dieron de baja. Junto con él fueron acribillados otros de sus socios, entre ellos José María Rueda Silva, hermano de Hebert Rueda Silva, quien era el único de los cuatro acusados del grupo capturado por la XIII Brigada que permanecía detenido en La Picota.

Y para completar el cuadro, el pasado 26 de junio, Hebert Rueda Silva fue asesinado en la Cárcel Modelo de Bogotá, a manos de un sargento (r) del Ejército, Efrén Peña Mateus. Éste acababa de ser trasladado de la cárcel de Villavicencio, debido a su “alta peligrosidad”. Alegando sentirse mal, Peña se hizo llevar a la enfermería, desde donde logró acceder al pabellón de Rueda Silva. Allí lo ubicó y le disparó con un revólver, cuya procedencia es materia de investigación.

Con la venia de...

El proceso por la muerte de Galán que se adelantaba en Bogotá, se trasladó a Medellín, debido a las condiciones que el gobierno le ofreció a Pablo Escobar en los decretos de sometimiento a la justicia. En efecto, allí se estableció que todos los procesos en los cuales estuviera vinculado Pablo Escobar Gaviria, pasarían a ser competencia del juez ante el cual él se presentara y confesara algún delito. Escobar fue vinculado en serio al caso Galán pocos días antes de su entrega en Medellín, el 13 de junio de 1991. También habían sido vinculados Rodríguez Gacha y Jesús Humberto Laverde, con base en los testimonios del difunto Chávez.

De allí en adelante y hasta la salida de Escobar de Envigado, el proceso Galán sólo había avanzado de manera lenta. La fiscalía reactivó el caso tras los hechos del 22 de julio, mientras que el juez de Medellín había ordenado una considerable cantidad de pruebas que apenas se empiezan a practicar.

A tres años de la muerte del dirigente liberal, lo único que se ha establecido es que fue un crimen organizado de manera sofisticada. Que fueron dos los asesinos materiales y un equipo de unos 20 cómplices en terreno. Que el Estado falló en la protección de la vida del amenazado Galán y que sus enemigos, dentro y fuera del narcotráfico, eran muchos e importantes.

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