Noche de Lobos

Noche de Lobos

Libros, Ensayos y Academia

30.diciembre.2005

Noche de Lobos Una investigación sobre los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia Ramón Jimeno Ediciones Folio Bogotá Versión.

Cuando se publicó por primera vez Noche de lobos en 1989, los hechos del Palacio de Justicia todavía se miraban con pasión. Los afectados no querían hablar y cuando se decidían preferían no ser mencionados.

Analistas y protagonistas se dividían en dos bandos: los que estallaban argumentando que el contraataque, tal y como lo realizó el Estado, era la única opción que había dejado el M-19, y los que mostraban una rabia infinita contra Belisario Betancur porque lo consideraban res­ponsable de ese desenlace final y fatal, que también fue el de su proceso de paz. En general, discutir lo ocurrido, hacer una lectura documentada, mirar con ojo crítico los hechos y antecedentes, inclusive compararlos con  ataques similares en otros lugares, se asociaba con una actitud favorable a la guerrilla. Este libro, como otros que se publicaron con anterioridad y con posterioridad, son aportes para un debate que todavía está abierto, a pesar de los apasionados que quieren impedirlo.

Desde 1986 se empezaron a difundir testimonios, documentos y pruebas que -aparte y además del acto  violento del M-19-confirmaron el enceguecimiento en la reacción oficial. En ese momento se abrieron las ventanas del asombro. El registro en la memoria de sobrevivientes y actores armados se quedó corto frente a las pruebas, las rigurosas reconstrucciones técnicas de los organismos judiciales, los peritazgos profesionales y los análisis científicos del Instituto de Medicina Legal: el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza oficial fue la causa de la muerte de la gran mayoría de rehenes y civiles atrapados en el Palacio. El Juez 30 de Instrucción Criminal, en enero de 1989, presentó las evi­dencias que sustentan esa conclusión, que con énfasis en algunos aspectos confirmó la Procuraduría General de la Nación, en septiembre de 1990 y que ya había insinuado el Tribunal Especial en junio de 1986.

Los hechos son claros y están probados. La verdad de lo que ocurrió en los combates del Palacio de Justicia se conoce, con excepción de la suerte final que corrieron doce ciudadanos desaparecidos, la mayoría de ellos empleados de la cafetería. Lo que contrasta con esta realidad es que nadie ha sido sancionado ni penal ni moralmente. Por el contrario, los esfuerzos de un sector del establecimiento se han encaminado a exo­nerar a todos los implicados. El M-19 fue amnistiado e indultado; los comandantes militares responsables fue­ron eximidos por la Justicia Penal Militar, el Consejo de Estado y la Corte Suprema; al Ministro de Defensa y al Presidente de la República no se los procesó por deci­siones de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Todos, de una u otra manera, fueron dispensados de rendirle cuentas a la sociedad. La única compensación a la fecha es el reconocimiento que a través del Consejo de Estado se hizo a los familiares de las víctimas, de indemnizaciones por falla en el servicio (desprotección) y por los excesos en el operativo de rescate.

Ese resultado ilustra que se han impuesto los sectores que consideran mejor para el desarrollo de las institu­ciones diluir las responsabilidades en el olvido, la rabia y el silencio de quienes concientes de los atropellos que se cometían, los permitieron o estimularon. En contrapo­sición a esa corriente, todavía hay grupos y sectores que necesitan enfrentar ese fragmento de la historia de la violencia nacional, para que al menos una de las miles de heridas abiertas que desangran a la sociedad colombiana empiece a cicatrizar.

Nadie se imagina al Presidente de Estados Unidos negando que conocía las consecuencias de dar la orden de arrojar las primeras bombas atómicas sobre Japón, ni al piloto desconociendo que sabía el efecto que ten­drían sobre la vida de cientos de miles de ciudadanos. Lo sabían, lo asumieron y lo argumentaron. La sociedad norteamericana y el resto del mundo tienen cientos de justificaciones y alegatos alrededor de esta acción, pero lo más importante es que la reflexión y el debate posterior ayudaron a moderar hacia el futuro el uso indiscriminado de la fuerza contra la población civil. A los nazis se los persigue hasta el siglo XXI, ya decré­pitos, para obligarlos a rendir cuentas por el holocausto contra los judíos, precisamente porque semejante abuso de fuerza en pleno desarrollo de la civilización moderna, es intolerable. Tolerarlo, sería invitar a su repetición.

En Colombia, no se conoce ningún mea culpa por el asesinato de 150.000 ciudadanos en la violencia de los años cincuenta. Nadie dio la orden de arrasar con cam­pesinos liberales. Nadie armó a las bandas de "pájaros", nadie los protegió desde el Estado, nadie los financió. Los asesinos no existieron, sólo las víctimas, civiles inocen­tes. Tampoco se da cuenta pública de los liberales que organizaron y financiaron guerrillas para autodefenderse de la agresión. Y no es la impunidad lo que más asombra, es la incapacidad de asumir los hechos de sangre que provoca y ejecuta un importante sector de los dirigentes del país, con absoluta impunidad.

La incapacidad para enfrentar públicamente los hechos del Palacio de Justicia es la proyección de ese carácter infame del que hasta ahora no ha podido desprenderse ese sector de dirigentes nacionales, que cree firmemente en el terror y la violencia como tácticas para erradicar a los enemigos que se inventan. Por eso el uso desmedido de la fuerza, una y otra vez, en Colombia se premia con poder. Pablo Escobar doblegó al Estado a punta de bombas contra civiles, asesinatos contra funcionarios y secuestros para evitar su extradición.

El M-19, el EPL, el Quintín Lame y un sector del ELN, fueron perdonados por todas sus acciones violentas y recibieron una serie de compensaciones y cuotas de poder. Los pocos actores reconocidos de la violencia de los años cincuenta, también fueron amnistiados y el pacto entre liberales y conservadores les permitió repartirse a sus anchas el poder durante tres décadas. La política frente a los paramilitares no es nada diferente: tras más de una década de masacrar civiles para derrotar a la guerrilla y defender sus propiedades, el Estado los premia con impunidad y poder. Nadie los financió ni nadie los toleró.

El gran derrotado en la historia moderna nacional es el civil que cree en las instituciones. El campesino que cree que las fuerzas del orden lo van a proteger de los excesos de las bandas privadas. El que cree que van a sancionar a los culpables del asesinato de sus familiares y la expropiación de sus bienes. El civil que, atrapado en medio de un combate, piensa que el Estado va a velar por su seguridad. El secuestrado que cree que las fuerza oficiales lo van a rescatar con el extremo cui­dado de garantizar su vida. El soldado hecho prisionero que piensa que el Estado hará hasta lo imposible por devolverle la libertad que perdió defendiendo al mismo Estado. El juez que piensa que sus investigaciones y fa­llos tendrán consecuencias. Éste es el costo que se paga en un país que se niega a enfrentar la parte violenta de su realidad y los odios que necesita superar.

Un primer paso para salir de esta era prehistórica es reconocer que es incorrecto premiar al más violento con poder y altos puestos en la sociedad. Un segundo paso es reconocer que para ingresar a la era de la civilización moderna, se debe sancionar en adelante el uso de la violencia contra los civiles. Un tercer paso es tomar la decisión de fijar un punto final al ciclo infernal del uso de la violencia-perdón-olvido-uso de la violencia-perdón­olvido ...

Los hechos del Palacio de Justicia debieran servir para establecer una nueva política nacional con respecto al uso y al castigo de la violencia. Los civiles defensores de las normas y del Estado de derecho, como el mejor modelo de convivencia pacífica, son quienes deben asumir la responsabilidad de cambiar el esquema de vio­lencia que sectores minoritarios del país repiten década tras década con excusas diferentes. La principal razón para reeditar Noche de Lobos es sumarse a este esfuerzo.

Ramón Jimeno

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