El Espectador

La entrega voluntaria del “extraditable” Fabio Ochoa Vásquez, tras la expedición de los decretos 2047 y 3030, en los que el gobierno Gaviria aclaró y estableció el procedimiento especial y la rebaja de penas para quienes confiesen delitos relacionados con narcotráfico, no sólo fue sorpresiva sino que generó especulaciones sobre una eventual negociación del gobierno con los narcos, con sus consecuencias a nivel interno e internacional.

Los dos diarios más influyentes de Estados Unidos, el Washington Post y el New York Times, coincidieron en insinuar esta semana la existencia de algún tipo de negociación, bajo la cual la administración Gaviria habría hecho una serie de concesiones con el propósito de ponerle fin al narcoterrorismo. Y destacaron cómo los beneficios que obtendrían los narcos en las eventuales condenas y en particular con la eliminación de la extradición, no tienen contraprestación visible por parte de ellos, como podría ser el desmonte del negocio, lo que sí se propuso durante los diálogos de 1984 en Panamá.

La coincidente interpretación de los dos periódicos sobre “El Proceso”, generó una aireada reacción de los asesores del presidente quienes, tras reclamarle a los corresponsales por su versión y medir los efectos en la comunidad internacional al ver en la política de Gaviria una amnistía o una negociación, se apresuraron a buscar entrevistas con los medios importantes para que el Presidente justificara y aclarara su política.

La precisión

El miércoles, Gaviria recibió a la ABC (televisión), y el viernes al Washington Post. Gaviria usó ambas entrevistas para solicitarle un voto de confianza a los países que podrían tomar represalias comerciales contra Colombia, e insistió en que la nación tiene derecho a buscar soluciones políticas al terrorismo, sin que ello implique un ablandamiento en la lucha contra el narcotráfico. Criticó el Presidente el hecho de que la comunidad europea y norteamericana se acostumbrara a ver jueces asesinados o la explosión de bombas, como el síntoma de que en Colombia sí continúa la lucha contra el narcotráfico, cuando el terrorismo y el narcotráfico son dos asuntos diferentes, aunque aparezcan coyunturalmente ligados. Y la solución del primero no implica la concesión frente al segundo.

También aseguró que los contactos de terceros y de miembros de la familia de los periodistas y personajes secuestrados por los «Extraditables” no comprometen ni deben confundirse con las ofertas del gobierno, inscritas únicamente en el marco de lo que Gaviria denomina el “fortalecimiento de la justicia colombiana”, al lograr que algunos narcos se entreguen y acojan a las normas especiales dictadas para lograr su desmovilización.

La reacción

La DEA, la agencia de Estados Unidos encargada de combatir el narcotráfico, ha sido parca en sus comentarios públicos. Uno de sus voceros en Florida aseguró que la política de Gaviria equivalía a una amnistía, y mostró su preocupación por las cifras según las cuales la producción y exportación de cocaína colombiana había vuelto este año a la normalidad; es decir, que sería del orden de 600 toneladas anuales, con un nivel de rentabilidad superior al de los últimos años.

La embajada estadounidense -al contrario- muestra confianza, al tenor de sus declaraciones en círculos diplomáticos locales. Asegura que Gaviria hace un esfuerzo sincero por volver operativa la justicia colombiana como jefe de su política antiterrorista, lo cual no contradice los objetivos norteamericanos que buscan en esencia la sanción por los crímenes, sea en las cárceles colombianas o en las extranjeras.

Pero algunos oficiales antinarcóticos en Florida afirman que el optimismo del embajador McNamara es del mismo tenor del que reflejaron los jefes de las misiones diplomáticas de su país en Irán bajo el Sha, o en Cuba con Batista. Ambos sostuvieron, hasta pocos días antes de la caída de los dos dictadores amigos de Washington, que no enfrentaban amenazas serias. La amistad con los jefes de gobierno y su uso como fuente de información les distorsionó el panorama político real. Según uno de los funcionarios, son las agencias de inteligencia las que saben el nivel y la turbulencia de las aguas que corren bajo el puente y por eso tienen sus reservas sobre el éxito y las consecuencias del proceso emprendido por Gaviria.

Un abogado estadounidense experto en la materia, aseveró que la clave del éxito del plan de Gaviria radica en los resultados que muestre la justicia colombiana. Es decir, si las sanciones que se le imputen a los narcos que se entreguen corresponden mínimamente a la dimensión de los delitos que Estados Unidos considera que cometieron, el sistema sería avalado por la administración norteamericana. Pero si los capos usan los decretos especiales del gobierno para obtener sentencias “suaves”, y salir de las prisiones uno o dos años después, Colombia estaría avocada no sólo a un eventual aislamiento internacional sino a la toma del país por parte de “esos señores”. Y los países consumidores seguirían recibiendo la cocaína de Los Andes sin sanción alguna.

Por eso, para el funcionario antinarcóticos en Florida, la actitud de Gaviria equivale a la del canciller inglés Chamberlain; “…la rendición; o al discurso que nos echó la administración Nixon cuando salimos de Vietnam: declaró la victoria, pero nos fuimos y cada vez que uno mira hacia Vietnam, los ́commies’ (los comunistas) siguen ahí…”.

Tampoco ven esos mismos analistas con claridad la posibilidad de que el sistema judicial colombiano se sustraiga de las presiones que hasta hace poco tiempo sufrió al intentar procesar a algunos de los capos. Y dicen no entender claramente por qué cuando la policía antinarcóticos y la DEA les había propinado severos golpes, se invierte la política para ofrecerles un régimen penal especial que elimina uno de los pocos castigos a que le temen los narcos: la extradición. Según ellos, la entrega de Fabio Ochoa Jr. -con todos los misterios que lleva implícita y que se aumentan por el hermetismo de su familia-, es una muestra del exitoso cerco que habría establecido la policía local, apoyada por la DEA, más que de los ofrecimientos a través de los decretos. Para las agencias norteamericanas, indispuestas por la política de gobierno Gaviria, no cabe la posibilidad de un esfuerzo sincero e individual de Fabio Ochoa, y consideran que su entrega está inscrita bajo una política común y global de los «Extraditables».

Los duros de siempre

A parte de la expectativa en la esfera política que abrió la entrega de Fabio Ochoa Jr., surge la posibilidad de la continuación de la “guerra sucia” contra los narcos que se entreguen. Así como la extrema derecha armada no le perdonó a Carlos Pizarro sus acciones como jefe guerrillero una vez reincorporado a la vida civil tras el indulto del Congreso, el surgimiento de grupos clandestinos radicalizados contra los narcos con intenciones de realizar atentados -bien para sabotear el proceso, bien para cobrarle viejas cuentas- es una posibilidad que no se descarta.

Un casete enviado a la redacción del diario El Nuevo Siglo en días pasados, por quienes se autodenominaron “Muerte a narcotraficantes y políticos traidores”, asegura que no permitirán que la impunidad contra los narcos se imponga en Colombia. En un tono agresivo, amenazan a los políticos que han colaborado en la búsqueda de soluciones pacíficas con los narcos, en especial a los «Notables” y a Juan Gómez Martínez. Aseguran que no están vinculados a ningún organismo de seguridad, pero que son familiares de las víctimas de los ataques y atentados de los narcos, y que cuentan con asesoría y ayuda del exterior.

Aunque la autenticidad de ese tipo de lanzamientos de grupos terroristas es muy difícil de comprobar, el locutor proporciona ciertos datos informativos que le dan credibilidad, si no a la capacidad de lo que parece ser una improvisada organización, sí a sus intenciones. En efecto, citan detalles de las conversaciones que sostuvieron con periodistas del diario El Tiempo y La Prensa, haciéndose pasar por “Caliche”, un supuesto vocero de los «Extraditables”, para comprobar el ablandamiento y la sumisión en que se encuentra cierto periodismo a raíz del secuestro de varios comunicadores.

De cumplir sus amenazas este grupo o de fracasar la sumisión de los capos a la justicia colombiana por cualquier motivo, el país entraría de nuevo en esa interminable secuencia de esfuerzos de paz con grupos armados por fuera de la ley, que por ausencia de un consenso nacional sobre el plan oficial, culminan en una debacle mayor a la que se pretendía sanear.

La administración Gaviria, acosada por el secuestro de miembros de destacadas familias, se jugó una carta que se ha prestado a diversas interpretaciones y que, de fracasar, puede abrir una nueva etapa de violencia narcoterrorista. Y queda claro, a raíz de las reacciones que se han producido esta semana tras la promulgación del decreto 3030 y de la entrega de Fabio Ochoa Vásquez, que el proceso oficial tiene lados ocultos para la opinión pública y que no goza de un consenso nacional ni dentro de los organismos de seguridad, lo que de por sí es más grave.

Gaviria insiste en la tradición que sus antecesores establecieron para tratar los grandes problemas de la seguridad interna: analizarlos y formular planes de pacificación de acuerdo con su voluntad y la coyuntura política, sin contar con todas las fuerzas y factores involucrados en el conflicto. De hecho, se han producido agresivos planes de paz en Colombia durante la última década, con grandes intenciones nacionales, pero todos han carecido de apoyo real de las fuerzas que están o estuvieron comprometidas en la guerra. Y al no comprometerlas en el Proceso, quedan por fuera y por consiguiente dejan abiertas rendijas por donde se filtra el agua que reblandece el piso del Proceso.

Ramón Jimeno