Alma Guillermoprieto y Raymond Bonner reportaron para sus respectivos diarios, el Washington Post y el New York Times, que una masacre de mayores proporciones había tenido lugar en El Mozote, un pueblo ubicado dentro del área controlada por la guerrilla salvadoreña. Era enero de 1982 y los dos diarios publicaron la noticia de sus corresponsales en primera página.
El autor de la masacre fue el ejército de El Salvador, ya entrenado por los norteamericanos. Las víctimas fueron por lo menos 794 personas, en su gran mayoría niños y mujeres. Todos fueron salvajemente asesinados, salvo una mujer que paralizada del pánico permaneció escondida. A ella le tocó observar cuando mataron a sus hijos. Fue la testigo que originó la investigación y el reporte de los dos periodistas.
Cuando se imprimió la historia, una verdadera tormenta de protestas se lanzó contra la administración. No tenía ninguna justificación que con la plata de los contribuyentes estadounidenses se entrenara un ejército que a nombre de la democracia masacraba mujeres y niños. La noticia puso en peligro el de por sí débil apoyo político y público hacia la intervención de Reagan en El Salvador. Por eso la reacción oficial fue fuerte.

Asunto de conveniencia

El Departamento de Estado envió dos investigadores para verificar la noticia. Ninguno de ellos fue a El Mozote. Ambos se limitaron a recoger versiones en un campo de refugiados. Aún así, concluyeron que existían serias posibilidades de que la masacre hubiera ocurrido. Esto sin embargo, sólo se supo diez años después. Pero el Departamento de Estado sí aprovechó para asegurarle al país y al Congreso que “no existía ninguna evidencia para confirmar que las fuerzas del gobierno estuvieran masacrando sistemáticamente a los civiles en las zonas de operación”. Y la prensa de derecha arremetió contra Guillermoprieto y Bonner acusándoles de agentes de la guerrilla, idiotas útiles y los clichés de rigor.

Así, lo que era un gran revés para la administración se convirtió en uno contra los dos corresponsales, que afectó la cobertura periodística de la guerra en Centroamérica. Al refutar la veracidad de la masacre, el Departamento de Estado logró que la prensa suavizara sus informes sobre las actividades del ejército o sobre las de los escuadrones de la muerte.

Guillermoprieto y Bonner pagaron el costo de ser profesionales. Ambos –bajo presión del Departamento de Estado– fueron asignados a otros territorios, mientras la administración despejaba el camino para que el ejército salvadoreño cometiera los excesos que cometió en su esfuerzo por ganar la guerra, aunque fuera con prácticas brutales contra los civiles.

Los ecos del silencio

Los corresponsales que remplazaron a los dos periodistas acusados se vieron sometidos a varias restricciones. Unas, derivadas de su autocensura para evitar que los tacharan también a ellos como defensores de la guerrilla. Y otras, derivadas de las presiones del Departamento de Estado sobre los editores para prevenir que la cobertura informativa afectara la política oficial en Centroamérica. Aunque el editor de NYT, A.M. Rosenthal rechaza este cargo, muchos periodistas coinciden en registrar las presiones.

La actitud del gobierno tenía un marco: superar lo que se llamó el Síndrome de Vietnam, el peso sicológico de la derrota en Asia. Con la prensa auscultando, sería más complicado para la administración ganar, tratándose de una guerra irregular librada por un aliado con una gran trayectoria en actos de barbarie contra la población civil. Por eso, anular el rol de la prensa era una de las metas de los estrategas de Washington.

De allí que el desmentido a Guillermoprieto y Bonner se hiciera con particular intensidad. Ellos servirían como ejemplo para prevenir a editores y periodistas sobre lo que les podía ocurrir si sus reportes afectaban la política de la administración.

El sometimiento

El trabajo de la prensa después de El Mozote, de hecho empezó a disminuir su confrontación con los opositores o con el bando insurgente. Así mismo, tras el precio en desprestigio que le quisieron hacer pagar a Guillermoprieto y Bonner, los nuevos corresponsales no arriesgarían tan fácil su carrera por reportar verdades que afectaran al gobierno de su país.

De esa manera, el Departamento de Estado ganó su primera batalla, no en el terreno de combate, sino frente a la opinión pública interna. La guerra en El Salvador adquirió cierta legitimidad con el ablandamiento de los grandes medios para cubrir la realidad de la confrontación y la calidad del aliado que tenían para “defender la democracia”. Los excesos continuaron, aunque no se ganara la guerra.

La fuga

Once años después, finalizado el conflicto armado por decisión del gobierno de Estados Unidos, Guillermoprieto y Bonner fueron reivindicados. La masacre de El Mozote sí ocurrió y sí la cometió el ejército entrenado por Estados Unidos, y sí fueron niños la mayoría de las víctimas. Así lo reconoció hasta el Departamento de Estado en marzo de este año, después de que la Comisión de la Verdad desenterró los esqueletos de 794 de las víctimas. Los medios más importantes también reivindicaron a Alma Guillermoprieto y Raymond Bonner en sendos programas de televisión y artículos de prensa.

Si bien quedó demostrado que los dos periodistas decían la verdad, la lección que deja el episodio es lamentable. El papel de la prensa se restringió de manera consciente por parte del gobierno de Estados Unidos, para permitir que su aliado se desbordara en el uso de la fuerza, en detrimento de la población civil a la que se suponía iba a “salvar” con la guerra.

Si a Bonner, a Guillermoprieto o a los otros periodistas se les hubiera permitido actuar con libertad, tal vez el gobierno de Estados Unidos habría tenido que exigirle a su aliado que usara la fuerza dentro de los parámetros que rigen para quienes se amparan en la legitimidad que brinda luchar por la defensa de la democracia. Es decir, si la prensa hubiera ejercido su silencioso control sobre el poder, se habrían salvado quién sabe cuántas de las 80.000 vidas que se perdieron en el conflicto salvadoreño.