El Espectador

La imposibilidad de los comisionados guerrilleros al diálogo en Caracas para regresar al país, deja al descubierto la permanencia de variables que impiden la continuidad de un proceso de pacificación real. Mientras los ataques a la economía arrecian, la desconfianza sigue siendo mutua.

“En la guerra se gana lo que no se puede ganar en una mesa de negociaciones”, dijo un vocero de las Farc, “pero si no nos abren paso, las negociaciones se suspenden”. Así se lo manifestaron al gobierno a raíz de la militarización de La Cuchilla de los Picachos (Caquetá), donde unos 400 guerrilleros esperaban el arribo del helicóptero con sus delegados a Caracas, para consultas con el Estado Mayor insurgente.

La ofensiva del Ejército en la zona donde se había acordado con el gobierno civil que aterrizarían los enviados de la guerrilla, produjo intensos combates y sobre todo rompió la confianza que le dio origen a las conversaciones en Venezuela.

La CNG asegura que, como ocurrió durante el proceso de paz de Belisario Betancur, el poder civil sigue sin controlar sus Fuerzas Armadas, que tienen una política diferente a la del gobierno, que no la discuten pero que la expresan con sus acciones.

La parte civil del gobierno argumenta que no puede ordenar la suspensión de operaciones militares porque las funciones constitucionales ni siquiera se lo permiten al Ejército. Por eso para que los delegados de la guerrilla llegaran a la ronda en Arauca – aseguran ellos-, el Presidente tuvo que intervenir y responsabilizar al Ministro de Defensa para garantizar la movilización al compromiso con el gobierno civil.

Pero el Presidente no puede estar confrontándose a diario con sus generales, ni dando instrucciones sobre los vuelos que pueda o no hacer la guerrilla para proseguir las conversaciones. Y los asesores del mandatario, encargados del proceso, no tienen mando sobre la burocracia castrense; inclusive uno de aquéllos, molesto por los reclamos rebeldes ante la situación creada por la imposibilidad del viaje a Colombia de la comitiva de la CNG, habría dicho: “¿Para qué nos engañamos? El Presidente no puede ejercer su mando jerárquico sobre el Ejército”.

Así justifica la CNG el reinicio de su ofensiva contra la infraestructura energética y de transporte, que busca sabotear la política de apertura económica del Presidente Gaviria, a pesar del costo político que tenga para ellos. Si no se pueden transportar los bienes a los puertos para exportar, si los cortes de energía impiden una producción estable, y si las voladuras del tubo anulan hallazgos como el del pozo Cusiana, la apertura hacia los mercados mundiales se dilatará: “Para implementar el proyecto pinochetista en Colombia, se necesita calma y seguridad”, agregan los voceros.

El balón en juego

El gobierno Gaviria quiere aprovechar la popularidad que le brindan los resultados de la Asamblea Constituyente y de la autorreclusión de Pablo Escobar, para medir la capacidad militar de la CNG, a pesar del precio material y humano que el país deba pagar. Tal vez por esto los voceros del jefe de Estado se muestran duros en Caracas frente a su contraparte: “Sigan jodiendo y será en el otro gobierno cuando se reanuden las negociaciones”.

Lo cierto es que el gobierno no tiene presiones para buscar una rápida negociación. Por el contrario, cree que el tiempo corre contra la CNG, que se desgastará en su ofensiva, viéndose forzada a volver reblandecida a las negociaciones. El gobierno civil, al igual que la mayoría de los sectores dirigentes del país, dan por seguro el fracaso de los ataques tanto por los efectos negativos dentro de la población afectada, como porque consideran que no tiene capacidad para un saboteo mayor de la economía nacional.

En ese sentido, la dirigencia civil del país corre un riesgo. Puede que forzar a la CNG a mostrar su capacidad la lleve a una mesa de negociación en la que ya no cabrían falsos alardes de fuerza. Pero la flaqueza de los organismos de Inteligencia no permite hacer un estimativo real sobre el poder de fuego de la guerrilla, ni sobre sus habilidades tácticas. A su vez, la “impreparación” del Ejército oficial, burocratizado y concentrado en funciones como la multimillonaria remodelación de submarinos para guerras que nunca ocurrirán, puede no sólo inflar el resultado de la CNG sino los costos del experimento que van mucho más allá de la imposibilidad que tiene medio país de ver los encuentros de fútbol de la Copa América. Serán los costos de reconstruir la infraestructura, de rearmar y preparar un ejército capaz de enfrentar en serio a la guerrilla, en caso de una extensión del conflicto.

“We are in the Army now”
Si bien en el país no se ha contemplado el escenario de la generalización de la guerra subversiva, una medida de la dimensión de los recursos que implicaría la da el conflicto en El Salvador, una nación del tamaño de Cundinamarca. En diez años, dos millones de dólares se han invertido en gastos militares para contener ocho mil guerrilleros. El arma moderna contra una fuerza irregular como la guerrilla es la artillería aerotransportada que requiere una elevada cifra de helicópteros en operación. En Vietnam se emplearon 7.500 y sin embargo, Estados Unidos perdió la guerra.

La guerrilla asegura que en la ofensiva que lanzaron a raíz del ataque contra Casa Verde durante las primeras semanas de febrero, cuando se instalaba la Constituyente, sólo empleó el 30 por ciento de su capacidad. Estima que ocasionó graves congestiones en los puertos y originó destacadas pérdidas en el comercio exterior, además de ahuyentar la inversión. Recuerda también operativos previos como el realizado en Saiza -cerca de Segovia (Antioquia)- contra un batallón en el que le habría demostrado al Ejército su capacidad para atacar de manera masiva y con éxito las instalaciones militares.

Si bien las Farc manifiestan confianza, también expresan preocupación en caso de extenderse el conflicto. De una parte, creen que el Ejército -conformado por conscripción obligatoria- sufriría gran número de bajas por la inexperiencia de los muchachos que irán a los frentes: “En vez de ochenta o cien soldados secuestrados, tendríamos mil”. Por otro, anotan que sólo existen dos brigadas móviles profesionalizadas, con un total de cinco mil, cuando se sabe que un ejército regular para enfrentar a una fuerza irregular necesita una proporción mínima de seis soldados por cada rebelde. La CNG sumaría cerca de diez mil hombres en armas, organizados en 70 frentes a lo largo del país rural, pero en forma de cerco contra los centros de producción urbanos.

Todo para negociar

Sin embargo, la seguridad que en el terreno militar muestran voceros de las Farc, no parece traducirse en una arrogancia para enfrentar al gobierno. “La CNG está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias tanto para una generalización del conflicto, como para una desmovilización que incluya el desarme”, dicen. Dejan ver así su claridad sobre las opciones: la paz en condiciones adecuadas o la extensión de la guerra. Sería lo que algunos interpretan como una división interna, pero que en realidad son las únicas opciones que existen y en torno de las cuales se teje el análisis y el debate entre los rebeldes. Es el debate normal en cualquier organización político militar: cuándo negociar.

La CNG se muestra decidida a jugarse la carta de la paz, porque si “viene la guerra, el costo que pagará el país será muy alto y al final todo se arreglará en una mesa de negociaciones como se puede arreglar hoy ahorrándonos la extensión del conflicto”. Los roces por el incumplimiento oficial de las garantías de movilización de los voceros parecen superados y se perfila la próxima sesión en territorio nacional, a menos que el sabotaje (a los encuentros) persista. Pero de todas formas para negociar, el problema es conciliar las condiciones que ofrece el gobierno y las que exigen los guerrilleros, teniendo de por medio las presiones de la dirigencia civil y la independencia operativa de las Fuerzas Armadas frente al poder civil.

Causas profundas

“Con nosotros el asunto es diferente al M-19 o al EPL. Con ellos, para el gobierno, fue como discutir un pliego sindical: cuántos carros les iban a dar, cuánta plata recibirían, cuántos guardaespaldas… mejor dicho, era la búsqueda por obtener casa, carro y beca. Éste no es nuestro caso”. Y agregan: “Las Farc están dispuestas a desmovilizarse siempre y cuando se logren acuerdos para remover las causas profundas que originan la violencia en Colombia”.

La guerrilla considera que una de esas causas es la forma como están operando las actuales Fuerzas Armadas: con una “impunidad absoluta”. Dicen que la existencia de unas cinco mil investigaciones en la Procuraduría por delitos cometidos por sus miembros, así como las recientes sanciones a tres policías y varios militares por el asesinato del dirigente del M-19 Afranio Parra y la masacre de una docena de

campesinos presentados como guerrilleros, son muestras del nivel de desbordamiento de esa institución.

Para desmovilizarse, la CNG estima necesario un pacto que implique el cambio de la misión del Ejército, ya que si no hay guerra ni enemigo interno, no tendría sentido mantener la actual estructura castrense que, a su vez, sería una amenaza para los guerrilleros desarmados y desmovilizados. “Entendemos que no se puede cambiar por decreto la mentalidad de generales formados durante treinta años de carrera militar y por eso estamos dispuestos a aceptar un proceso -que puede ser prolongado en el tiempo- pero con las garantías necesarias para que se produzca ese cambio”.

Las Farc consideran que esa transformación es difícil porque el Ejército se convirtió “en un fin en sí mismo, que se nutre de jugosas comisiones con la compra de armas y de las prebendas que obtiene la alta oficialidad”. Además, acusan a las Fuerzas Armadas de cobrar impuestos extralegales a las compañías que protege, con un particular sistema de boleteo: “Llevan un video y unos afiches en los que le muestran a los directivos el avance de la guerrilla y la amenaza que representa. Acto seguido, hablan de sus limitaciones presupuestales, de la falta de gasolina para el transporte, de la incomodidad de las carpas, de la mala alimentación, y les solicitan apoyo logístico para remediar esas restricciones y contar con soldados aptos para protegerlos. Muchas compañías acceden y contribuyen, lo que de hecho es pagar un impuesto adicional. ¿Acaso no es esto una forma de boleteo?”.

Empresas del sector petrolero consultadas al respecto confirmaron la versión de la guerrilla e incluso reconocieron que a veces les resulta más práctico y efectivo acordar planes de inversión y de pagos con los propios rebeldes. Para adelantar estas gestiones ya existen en el país firmas especializadas que con paciencia se acercan a los frentes guerrilleros y discuten programas hasta lograr pactos de mutua conveniencia.

Curiosamente, uno de los últimos videos que se utilizan para esas presentaciones hablan de la política del Presidente Gaviria hacia la CNG, haciendo un símil con lo que ocurrió en Corea o en Vietnam, cuando el país se partió en dos: uno para los comunistas y otro para los capitalistas.

Que cese el juego

Las dificultades en la negociación también se originan en las diferencias de la forma de hacer la desmovilización. La guerrilla rechazó el plan oficial de crear tres tipos de zonas, de acuerdo con mapas preparados por el Ejército. Una, para los frentes en regiones como Putumayo o Vichada, que cubrirían una gran extensión de territorio. Otro, para frentes de mediano tamaño, como los del Magdalena Medio y la Costa Atlántica, donde se concentrarían dentro de los límites de algunos municipios sin tocar las cabeceras municipales y siempre y cuando no haya en ellos explotaciones económicas significativas. El tercer modelo sería para los grandes frentes del Tolima, Huila, Caquetá y Cauca, que se concentrarían en municipios de baja densidad demográfica. El plan oficial implicaba entregarle a la CNG un cinco por ciento del

territorio nacional. La contrapropuesta rebelde contemplaba zonas para concentración que permitan verificar el cese al fuego y a diferencia del plan oficial, su extensión cubriría el 30 por ciento del territorio con los debidos mecanismos de control para impedir que cualquiera sabotee el proceso con sólo entrar a hacer disparos al aire.

Las Farc se muestran en disposición de discutir cualquier modelo, pero la ausencia en las mesas de altos oficiales dificulta un posible acuerdo. “El Ejército en Colombia es una variable independiente”, y así lo entienden hasta los académicos. En efecto, los violentólogos -consultados por el gobierno civil y la guerrilla en la búsqueda de mecanismos de acercamiento a través de terceros- estuvieron de acuerdo en que “mientras el Ejército no se siente en la mesa -y esto es un imposible-, el fracaso de las negociaciones puede ser estruendoso”.

El Ejército no está dispuesto a ir a la mesa, en parte porque no cree en esas negociaciones como tampoco creen amplios sectores de la derecha que están por la extensión del conflicto a como dé lugar. Se basan en parte en el miedo que tienen por el resultado y el costo del experimento con el M-19. La derecha civil del país considera que legalizar a las Farc y al ELN podría significar la consolidación de una nueva fuerza con enormes ventajas sobre las tradicionales y que la presencia del M-19 como tercera fuerza es el límite de su tolerancia.

La amenaza

Los puntos que las guerrillas buscarían vistos en detalle no significarían la entrega de ningún principio esencial del Estado de derecho. En particular, teniendo tan frescas las negociaciones con los extraditables en las que su capacidad terrorista y delincuencial llevó en la práctica a un acomodamiento de las normas para eliminar esa guerra. Para delincuentes políticos que usan el viejo y noble derecho de la rebelión y que ya no aspiran a establecer un régimen totalitario de economía estatizada y centralizada, lo que esperan negociar con el gobierno representa mucho menos que la entrega de quienes hasta hace poco eran considerados como los más peligrosos terroristas del mundo.

Los puntos en los que habría debate con la CNG será en la forma de autoridad que podrán asumir los guerrilleros si se desmovilizan las Farc; recuerdan los pactos de 1950 con Juan de la Cruz Varela que le trajeron orden y tranquilidad a la región del Sumapaz durante casi treinta años, sin presencia militar; es encontrar una fórmula en la que se eliminen los focos de tensión originados en la necesaria convivencia de los antiguos ejércitos enfrentados; será además una forma de eludir la guerra sucia que acompaña esos procesos que ha cobrado una multitud de víctimas entre la UP y una veintena a los desmovilizados del EPL y del M-19, un factor que genera gran desconfianza.

Fuera de las zonas de transacción, las Farc hablan de la necesidad de distensionar el problema originado en la concentración de la propiedad de la tierra y de pasar de una democracia participativa en el terreno prohibido a una participativa en el económico que permita el acceso al bienestar social. Las demás banderas son las líneas antimonopolistas, antiimperialistas, pero sin recurrir a los fracasados modelos del

socialismo europeo o al estatismo cubano, pero siempre, eso sí, bajo el sueño del socialismo al que no renunciarán sino que acogen bajo formas más democráticas. Banderas que se agitan desde hace años en cualquier motín callejero sin que tiemblen las estructuras del país.

Ramón Jimeno