La debilidad constituyente
El 78% de abstención en la convocatoria para escoger a los 70 delegados para la Asamblea Constituyente fue, de lejos, el hecho de la tercera jornada electoral del año. La confirmación del Eme y del Movimiento de Salvación Nacional como las dos fuerzas dominantes -de oposición ambas- que obtienen cerca del 50% de los puestos es el segundo hecho. El éxito de la “Operación Avispa” en el liberalismo que lo ratifica -aunque estrechamente- como primera fuerza, fue el tercero. La derrota del expresidente Misael Pastrana, el cuarto. Y la sorpresiva votación de movimientos independientes como el del pastor protestante Jaime Ortiz y el de las dos listas indígenas, constituyeron el “fujimorazo” de la Asamblea.
La precaria legitimidad
El gobierno Gaviria, los partidos, los candidatos y por consiguiente la Asamblea Constituyente sufrieron un gran revés con la abstención. La legitimidad de un cuerpo elegido con el 22% de los votos hábiles es precaria. En especial, si este dato se confronta con la votación obtenida por los congresistas en marzo -7.4 millones con un 53% de participación- ya que el cuerpo legislativo también tiene, según el orden legal vigente, facultades para reformar la Constitución. Se podría generar -si el Congreso se lo propone- una colisión de legitimidades, que llevaría como mínimo al referendo, o a una integración de proyectos de reformas para unificar un texto que sería sometido a consideración del pueblo.
Para el gobierno Gaviria, con sólo cuatro meses de ejercicio, es preocupante la inefectividad de sus medidas y del liderazgo que asumió para convencer de la necesidad, la conveniencia, la oportunidad y el contenido de la reforma. Ni la gran campaña publicitaria; ni las facilidades que la Administración puso a disposición de ciudadanos y candidatos en transporte y financiación para movilizarse y movilizar, ni el dinamismo que le imprimieron los ejecutivos oficiales a la convocatoria, a través de las mesas de trabajo; ni toda la variedad de temas de interés nacional, regional y gremial; ni el extenso texto de “Reflexiones” divulgado masivamente con los diarios – entre muchos aspectos- dieron resultado.
Además, las implicaciones para la Administración de los riesgos que corrió al sobreimponerse habilidosamente a las normas vigentes -detalle que esperaba legalizar con el respaldo en las urnas a la Asamblea- pueden ser serias. Como presidente constitucional, el mandatario se jugó la carta de renovar las instituciones por un procedimiento ajeno a las normas que está obligado a cumplir, creyendo siempre que la necesidad del cambio era tan sentida que el respaldo electoral estaba asegurado y, por ende, que cualquier vicio sería superado en ese momento. Con la baja votación, el pueblo dio la espalda a la Convocatoria, y los vicios y presiones en que hubo que incurrir invocando su querer quedaron en el aire.
Así como los 5 millones de votos de la “séptima papeleta” fueron el hecho que revistió de legalidad política la decisión del ejecutivo, la debilidad electoral del domingo la deslegitimiza. En especial si se considera que los decretos presidenciales sufrieron un polémico proceso en el control obligatorio. Es de recordar que el fallo fue catalogado por la Corte como uno político y no jurídico. La sentencia obtuvo una frágil mayoría y fue materia de un importante salvamento de voto que hoy cobra plena vigencia. Y tampoco se puede olvidar que la Corte denunció, pocos días antes de su decisión, las presiones que el gobierno ejerció para superar lo que algunos asesores calificaron como el “escollo” del control de constitucionalidad.
¿Dónde está el pueblo?
El masivo desinterés demostrado en la inasistencia a las urnas indica que el país va por una vía (de cambio o no), que no coincide con la del gobierno. Ni con la de los partidos o movimientos, porque la administración Gaviria no es la única derrotada con la abstención.
Partidos sin propuestas, candidatos sin convocatoria, movimientos sin credibilidad, fatiga electoral, complejidad del proceso, son las causas mínimas que se pueden argumentar. Candidatos y partidos tradicionales comparten la carga de la derrota.
A pesar de los espacios que les brindaron los medios, en especial la televisión oficial que favoreció a los partidos con representación parlamentaria, los candidatos no lograron interesar al electorado. Si se pretendía darle claridad al pueblo, el fiasco es enorme. Tuvieron los medios a su disposición pero las propuestas no llegaron, o no se entendieron o no interesaron.
Es difícil argumentar que el problema fueran los medios; fuerzas sociales ajenas a este tipo de procesos, crearon el fujimorazo constitucional. El pastor evangelista Jaime Ortiz o las dos listas de indígenas, que obtienen cuatro puestos, es una muestra de cómo algunas propuestas sí llegaron. Es evidente que ni el gobierno logró crear una fuerza real en torno a la idea de reconstituir el país, ni los candidatos llamados a atraer el pueblo para el revolcón tuvieron adeptos.
La historia de las asambleas constituyentes invocadas por los analistas y que fueron opacadas por el entusiasmo oficial, por el triunfalismo de la oposición y por las encuestas que invitaron a las viejas fuerzas a cerrarle el camino al Eme cobran validez.
Las constituyentes surgen del triunfo político o militar de un movimiento con un proyecto político claro. Surgen de la derrota del viejo orden, como ocurrió en Francia o en Colombia en 1886. Y esto no ha ocurrido aún, aunque es evidente que el Estado necesita ajustes y modernización. Pero antes que buscarle pueblo al cambio, había que encontrar las fórmulas para plasmarlo.
La oposición: un macro-microcosmos
Ni siquiera los movimientos de oposición pueden reclamar una victoria real. La baja votación les afecta. Quedan fuertes proporcionalmente a la debilidad del cuerpo escogido. La legitimidad que podrían clamar el Eme y el Movimiento de Salvación Nacional para impulsar cambios desde sus confusas trincheras ideológicas es muy relativa.
Ninguno de los dos movimientos obtuvo un incremento sustancial de sus caudales electorales. Hubo una dramática reducción cuantitativa del Partido Liberal que hace crecer a los enanos. El liderazgo que pretenderían reclamar en la Asamblea con menos del 12% del electorado es tan débil como el de cualquier otra fuerza. Lo mismo le ocurre a Gaviria que, desde un orden pragmático, es insostenible que pretenda ejercer el liderazgo de la precaria Asamblea, cuando su partido tiene apenas el 30% de los delegados y las fuerzas de oposición casi el 50%.
Los caros barones
Entre los problemas prácticos que genera la precaria legitimidad, está el de la irreversibilidad del proceso. Desconocer lo que se ha hecho hasta ahora no tendría sustentación. No porque el gobierno no pueda reconocer su error, sino porque se creó un hecho que es imposible de reversar. No se puede saltar el débil triunfo, pero triunfo de las oposiciones. Ni tampoco se puede ahora imponer una reforma sin contar con la clase política tradicional que se quiso derrotar con esta elección. Los barones electorales, ausentes, se hicieron sentir.
El último efecto que se viene sobre la administración, es el planteamiento que sobre la premisa del éxito electoral montó: lanzar la guerra abierta contra las Farc. Y se lanzó creyendo que el apoyo sería amplio con los resultados de la elección. Con una jornada de expresión democrática por la paz, que debía ser al menos significativa, se esperaba obtener un respaldo político a la medida. Ahora, con una Asamblea débil el Gobierno deberá enfrentar el contraataque y la retaliación de la Coordinadora Nacional Guerrillera en la que de nuevo es la población civil la que corre el riesgo de llevar la peor parte.