El Espectador

Las bombas en las calles de ciudades en la India y la del World Trade Center, la más grande que se ha colocado en Estados Unidos, son muestras evidentes de la expansión del terrorismo. Pero una manera sui generis de ampliar las fronteras de ese delito, es la que usa el Estado colombiano cuando acusa a once técnicos y tres sindicalistas, de ser terroristas a raíz de la suspensión de las comunicaciones durante el paro de Telecom en 1992.

Mientras el Estado ha sido incapaz de capturar y juzgar a los responsables de los ataques terroristas, es habilidoso para reinterpretar el delito y sancionar a algunos de los responsables del paro en Telecom aplicándoles el castigo que no se le aplica a los más tenebrosos delincuentes.

¿Será que los responsables de las bombas en el edificio del DAS, el avión de Avianca, El Espectador, o los transeúntes de la carrera 9a, o los autores del exterminio de la UP, de tres centenares de policías en Medellín, o del asesinato de Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, son ante la justicia colombiana iguales a los catorce funcionarios de Telecom que protestaban para que el gobierno no vendiera arbitrariamente una empresa pública?

La neofilosofía del castigo
La filosofía de las normas penales que inspiraron el estatuto antiterrorista, excluyen la consideración de la intencionalidad como elemento para determinar la responsabilidad. Ese principio, consagrado en el derecho moderno, fue derogado cuando la Comisión Legislativa Especial -mal llamada “Congresito”- acogió como legislación permanente los decretos antiterroristas. La filosofía jurídica moderna entiende que es la intención la que configura la responsabilidad. El solo hecho de interrumpir las comunicaciones, no implica que exista la intención de crear un estado de zozobra o de causarle daño a la población, elementos para tipificar el delito de terrorismo.

Si se aplicara la tesis de la fiscalía, el presidente Gaviria también debería estar acusado de terrorismo por el estado de zozobra que creó durante el año y mes de interrupciones en el fluido eléctrico. Los trabajadores de Bavaria también deberían estarlo por el terror que le produce a millares de mujeres el que sus maridos no salgan a tomarse las polas. Y los trabajadores de Ecopetrol estarían pisando los nuevos linderos penales si suspenden sus labores.

Nadie puede sostener con racionalidad jurídica que el presidente Gaviria -responsable de la eficiente prestación de los servicios públicos- quiso hacerle daño a la población al desatender la forma como sus subalternos administraban el sector eléctrico. De la misma manera, no existen fundamentos para suponer que los técnicos, los empleados o los sindicalistas de Telecom querían hacerle un daño al país al realizar el paro contra la privatización, así se suspendiera el servicio telefónico como se suspendió el fluido eléctrico.

La justicia como sanción política
A pesar de todo, el fiscal acusador sostiene que utilizar el conocimiento científico, la informática, o los avances tecnológicos para crear un “estado de zozobra”, es más grave que colocar bombas en las calles. Pobre ministro de Hacienda, cuando a fines de año coloque en estado de zozobra a toda la nación con el incremento del salario
mínimo, o cuando presente al Congreso un nuevo paquete tributario, porque puede pasar de la picota pública a La Picota del sur de Bogotá.

Hoy los que están en la cárcel Modelo, son once ciudadanos que hasta el 24 de febrero eran respetados técnicos, responsables de mantener en funcionamiento sofisticadas plantas de Telecom, personas que vivían en comunidad con sus familias, estudiando, publicando artículos y libros, discutiendo en foros el futuro de la telefonía nacional y el de la rentable empresa que se le ofreció en venta a las multinacionales del ramo. Ahora, gracias al desborde jurídico institucional, resulta que ser nacionalista es igual que ser terrorista.

Los antecedentes del paro de Telecom son contundentes para demostrar que se trató de una acción contra la venta y la privatización de la empresa que “une a los colombianos”. No era un paro para provocar terror, sino para que se diera el debate público y nacional que el gobierno eludía. Que sea acertado o no vender Telecom, es
un tema que nunca acabará de debatirse. Pero el paro se realizó porque el gobierno eludió el debate. Las reiteradas negativas del ministro a dialogar o discutir con las asociaciones de profesionales y técnicos, con el sindicato y hasta con los gremios privados involucrados en las telecomunicaciones, caldeó los ánimos hasta el extremo
del paro.

Sin duda, la abrupta salida del ministro Vargas es una prueba del mal manejo que desde el gobierno se le dio al plan. El paro se realizó con la intención de alterar una decisión oficial que los huelguistas consideraban lesiva para la soberanía nacional porque se le iba a entregar una de las escasas empresas rentables del Estado al sector privado multinacional para que el gobierno se gastara esos fondos. En los antecedentes del paro, en su documentación y en los acuerdos logrados en el parlamento para darle fin al movimiento se demuestra que ése era el propósito.

De hecho, cuando el plan de venta quedó en entredicho y se abrió el debate público, el paro fue levantado. Es decir, los trabajadores de Telecom lograron con su protesta que el gobierno asumiera la conducta democrática de discutir para buscar un consenso. Consenso que se dio a través del Congreso, de donde salió un acuerdo de diálogo y la suspensión de la apresurada venta de Telecom.

Homologar la conducta de los catorce acusados como un acto terrorista parece la revancha del gobierno, que busca una sanción para quienes le ocasionaron el fiasco. Pero al actuar así, el gobierno se usa la justicia como un instrumento de sanción política. Quienes de verdad ejercen el terrorismo en Colombia están libres. Pero para
quienes acuden a procedimientos legítimos como los paros, el Estado les formula cargos y los detiene como no lo ha hecho con ningún terrorista. Tal vez de esa manera la justicia acabe con los paros, pero difícilmente en el terrorismo.

Ramón Jimeno