Los dos años del gobierno de César Gaviria Trujillo iban a estar enmarcados por el problema energético, la internacionalización de la economía y una lucha -a veces perdida pero siempre infatigable- contra la inflación. Vaya paradoja. Ahora el presidente está en la obligación de defender una de las políticas que, aparentemente, le daría, en la mitad de su gestión, puntos a favor: la del sometimiento de los narcoterroristas a la justicia. Nacional e internacionalmente, un mandatario cuestionado. Gaviria modelo 1992: ¿el líder con las manos vacías?

Los balances que se empiezan a realizar sobre los dos primeros años de la Administración Gaviria fueron desbordados por el episodio de La Catedral de Envigado. Para infortunio del mandatario, el único tema en el que él podía mostrar resultados se convirtió en su principal débito, dejando relegado el apagón, la persistente inflación, la caída en la inversión privada, la crisis del agro, el incremento de la violencia.

Dos días antes de la salida de Escobar, Gaviria recordaba en su informe al Congreso cómo se había superado “la noche de terror” (al referirse al narcoterrorismo), gracias al “esfuerzo, coraje, inteligencia e imaginación” con que su administración trató el problema. Y destacó la necesidad de la conmoción interior, que evitaba la salida de peligrosos delincuentes de las cárceles. Al día siguiente, el líder pereirano y sus directivos de la seguridad nacional se enfrentaban al dilema de actuar para impedir que los acuerdos de “sometimiento a la justicia” se vinieran al suelo.

Ese martes 21 de julio mientras el país registraba con la abulia propia que recibe los discursos del 20 de julio -y las tardías promesas sociales de Gaviria-, el mandatario ordenaba el confuso operativo que pretendía el traslado del capo de Medellín. Gaviria había sido confrontado por evidencias presentadas por la Fiscalía General de la Nación sobre lo que ocurría en la cárcel de Escobar. Evidencias que fueron logradas “en parte gracias a los servicios de Inteligencia de Estados Unidos” -según el editorialista del Washington Post- y que en términos prácticos sólo le dejaban como opción al presidente colombiano la imposición de algún correctivo o, de lo contrario, correr el riesgo de someterse a un escándalo internacional si la prensa extranjera llegara a divulgar los hechos en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Madrid.

Las evidencias se refieren a las declaraciones de algunos visitantes de Pablo Escobar, quienes aseguran haber sido testigos del juicio contra socios que incumplían cuotas de su ilegal negocio. Los declarantes, a su turno, afirman haber sido liberados tras sendas amenazas. El episodio correspondería al registrado en los medios de información durante la semana anterior, como el inicio de una disputa entre miembros del negocio de la exportación de cocaína, durante el cual fue secuestrada una veintena de personas. De ellas, dos aparecieron torturadas y asesinadas.

Esta situación, a su vez, había sido la que llevó a los testigos a entregar sus informaciones a la Fiscalía. Testimonios que servirían de base para demostrar que Escobar incumplía los pactos con el gobierno, al seguir delinquiendo. Esto, según losmismos acuerdos, implicaría la pérdida de los privilegios de que gozaba Escobar, aunque es de suponer que debía darse una previa demostración judicial.

Antes de que esto sucediera, se habría producido la intervención de funcionarios de Inteligencia de Estados Unidos, hecho que pudo contribuir a precipitar las decisiones oficiales en la medida en que, indignados por la situación, los estadounidenses esperaban la debida reacción del presidente. Era natural que, ante las evidencias, sería inexplicable cualquier dilación de Gaviria para actuar, y este proceder permitiría descalificarlo como cómplice por omisión. De lo contrario, sería el hazmerreír de la comunidad internacional cuando la prensa divulgara los episodios. A esta circunstancia coyuntural se le sumaría el estado en que se encontraban las causas contra Escobar.

El peso del caso francés

Un factor colateral que contribuyó a desencadenar la crisis de Envigado sería la pobreza probatoria con que avanzan los procesos contra Escobar. Inclusive la inexperiencia de algunos funcionarios del Ejecutivo con respecto a los procedimientos, según profesionales cercanos a los procesos. Aunque en la Fiscalía Regional de Medellín se han concentrado 26 causas en las que aparece involucrado Escobar, las evidencias son pobres, según versiones de allegados a los expedientes. Además, la lentitud en las actuaciones, según las mismas fuentes, presagia resultados contrarios a los esperados políticamente.

Un proceso en el que se cuenta con solidez probatoria es el que confesó el propio Escobar. Se refiere a su participación en un frustrado tráfico de cocaína hacia Francia, en el que consiguió la pista aérea. Por este delito, los tribunales franceses lo condenaron a veinte años de prisión. Sin embargo, Escobar fue procesado allá como reo ausente y de acuerdo con las normas de ese país europeo, el condenado tiene derecho a oponerse a la sentencia al momento de ser notificado. La oposición conlleva la nulidad del juicio, para que el acusado tenga la oportunidad de defenderse.

La importancia del caso francés radica en que al caerse el proceso en el momento en que Escobar se opusiera, los jueces competentes para juzgarlo serían los colombianos, a cuya disposición estaba Escobar. En este evento, el rol de los franceses se reducía al aporte de las pruebas en su contra, lo que efectivamente hizo su gobierno poco antes de cumplirse el plazo establecido por las normas -de nueve meses contados a partir de la entrega voluntaria.

Pero el asunto tiene sus matices. Según las disposiciones del Código de Procedimiento Penal vigente hasta el 30 de junio en Colombia, las sentencias extranjeras se aceptaban como “cosa juzgada”, mientras que el actual código sólo las acepta cuando se encuentren “en firme”. Esto ya no puede ocurrir porque al notificársele a Escobar la sentencia, éste se opondría y el juicio francés quedaría nulo, siendo el juez competente el colombiano, ante quien confesó ese mismo delito. Esta situación planteaba un dilema para las autoridades colombianas. En especial para los funcionarios del Ministerio de Justicia, quienes tal vez presumieron que la presión de Escobar para ser notificado de la sentencia francesa conllevaba alguna estratagema suya. Lo cierto es que los trámites para la notificación fueron dilatados.

Pero esa demora llevó a dejar sin piso la eventual autoridad de “cosa juzgada” y la aplicación de la condena a 20 años. Esto habría sido una salida decorosa para el gobierno colombiano, al mostrar una sanción formalmente drástica. Formal, porque la

mismos acuerdos, implicaría la pérdida de los privilegios de que gozaba Escobar, aunque es de suponer que debía darse una previa demostración judicial.

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condena debía convertirse a la máxima en las leyes colombianas -doce años-, con la aplicación sobre ella de los beneficios: cuatro años de rebaja por haberse entregado, otros cuatro por delatar y otros dos al utilizar la vía de la negociación de la condena. En total, 10 años de reducción.

En este estado de cosas, se empezó a tener en cuenta la participación de Escobar en otros delitos, como su vinculación al asesinato de Luis Carlos Galán o al atentado contra las instalaciones del DAS, en los cuales sólo existían testimonios que lo implicarían de manera indirecta. En el caso de Galán, los incriminantes han sido asesinados, lo que dificulta su sostenimiento como evidencia en la confrontación procesal final.

Los comandos “enrambados”

En este contexto -de delitos que estaría cometiendo Escobar desde La Catedral, de presiones extranjeras, de rumores sobre una posible fuga y de pobreza probatoria en los procesos-, las autoridades decidieron conducir a Pablo Escobar a una guarnición militar. En realidad, la trascendencia de la determinación iba más allá del traslado, pues se estaría incurriendo en un virtual desconocimiento de una de las condiciones establecidas para su entrega: que no sería cambiado de prisión ni custodiado por las Fuerzas Militares. Encerraba así mismo el riesgo del escape, que todo el mundo lo preveía como posibilidad cierta, dadas las facilidades que la administración Gaviria dio a Escobar para organizar su propia reclusión.

Era obvio que al someterse, Escobar lo haría tomando las precauciones necesarias para que en un incumplimiento de los acuerdos tuviera su puerta de salida abierta. Se podría afirmar que esta posibilidad era de la naturaleza del pacto. De allí que el operativo, si era uno militar, debía realizarse con el factor sorpresa como regla primordial. Y de allí entonces que resulte incongruente el envío del viceministro Mendoza con el director de prisiones a advertirle a Escobar lo que se avecinaba. Si la decisión fue una militar, tomada en secreto por el Consejo de Seguridad, ¿qué sentido tenía pedirle el beneplácito, o informarle al afectado? Parece más bien que se hubieran presentado vacilaciones en el alto gobierno, dadas las consecuencias que pudieran derivarse de proceder con la fuerza militar sin preaviso alguno. ¿Cómo podría interpretar Escobar el asalto a su cárcel, sino como un rompimiento de los acuerdos? Con los enemigos que tiene, ¿cómo podría diferenciar Escobar un operativo militar para trasladarlo, de uno para asesinarlo o de otro para secuestrarlo?

Las inconsistencias y las vacilaciones en las informaciones suministradas por la Casa de Nariño sólo ayudan a generar más dudas. Si el fin era cambiarlo de prisión, ¿por qué se requerían certificados que avalaran ante su cliente la existencia de condiciones para que se cumpliera el traslado? No es claro en qué momento los dos emisarios recibieron la orden de no acudir a los apoderados, como se supone se acordó, ni cuándo se decidió que fueran directamente a La Catedral.

Lo cierto es que los dos delegados se presentaron en los controles militares de acceso a la prisión. Allí, como es obvio, de acuerdo con fuentes creíbles, los militares debatieron el sentido de la misión de Mendoza y del director nacional de Prisiones. ¿A quién se le ocurría que era necesario anunciarle de antemano el operativo militar al objetivo mismo, sin advertir que la acción correría de inmediato el peligro de fracasar? Las consultas habrían llegado al nivel necesario, donde se ratificó el curso de la misiónoficial. Los demás acontecimientos son de sobra conocidos. Excepto la forma precisa en que Pablo Escobar y sus nueve hombres pasaron por entre las fuerzas especiales que acordonaron el sitio, para ponerse luego en el lugar seguro que les permitiera renegociar su situación, alegando una fuga “en legítima defensa”.

Institucionalidad narcodemocrática

En ese estado de cosas, es válido preguntarse qué habría ocurrido si el operativo militar hubiera sido exitoso y el señor Escobar estuviera hoy aislado en una guarnición militar. Su plan de contingencia, que debe existir, ¿qué consecuencias habría tenido? Y los rehenes, que fueron en gran medida garantes de los acuerdos, ¿podrían entonces dormir tranquilos? ¿Qué habría pasado en caso contrario? Escobar burló al gobierno, a las Fuerzas Militares y a las agencias extranjeras que, aunque no habrían participado directamente en la operación, esperaban verlo recluido en una verdadera prisión.

Si se consideró que, como lo aseguró el mismo Gaviria cuando justificaba sus arreglos con los narcos, los organismos de seguridad eran incapaces de someter a Escobar por la fuerza, como lo fueron para contenerlo donde él mismo se recluyó, mucho menos lo serían para neutralizar a tiempo sus posibles agresiones. En esos términos es más preocupante la acción del gobierno y mayor su responsabilidad en lo sucedido, ya que volver a someter a Escobar implicaría acrecentar el estupor nacional o pagar los costos de los daños que alcanzara a causar un capo de la naturaleza de Escobar.

Aunque parezca contradictorio, sería más reconfortante para los enemigos del proceso de sometimiento que Escobar siguiera a sus anchas, sin que intente de nuevo una imposible victoria militar sobre el Estado. Porque así como las entidades del Estado demostraron su incompetencia, sería igual de iluso convocar a otra cruzada en la que los daños que se causen pueden ser peores que la realización de su objetivo.

Lo cierto es que el prisionero orgullo de la administración Gaviria está libre y el presidente tiene vacías sus manos y baja su credibilidad. La imagen que se abre camino, como lo difunde el Washington Post, es la del surgimiento de “la primera narcodemocracia del mundo”. A lo cual sólo habría que agregar que si llega a ser así, será gracias en especial a la satanización que Estados Unidos de América ha hecho de las drogas.

Ahora sólo falta el juicio político que, como es tradicional, los líderes parlamentarios eludirán, argumentando la inconveniencia de aumentar la inestabilidad de las instituciones en momentos tan críticos. Ya se cita la zozobra que podría producirse en el país si se llega a extremos como los que atraviesan Venezuela con Carlos Andrés Pérez o Brasil con Collor de Melo.

Pero Gaviria enfrenta otra cruda realidad. Queda por delante el reto de consolidar un difícil proceso de apertura e internacionalización de la economía, resolver el conflicto con la guerrilla, reducir la inflación y algo más, devolver la luz y la credibilidad a los colombianos.