La pérdida de confianza del país en la capacidad de gestión del Presidente Santos tiene implicaciones negativas en el desarrollo de las conversaciones en La Habana. Es muy difícil que un grupo al margen de la ley durante seis décadas, corra el riesgo de firmar un acuerdo de paz con un gobierno débil, pues la posibilidad de que pueda hacer cumplir los puntos a los que se compromete, sería muy limitada, haciendo que las Farc pierdan interés en una firma rápida. Por el contrario, lo lógico para ellos es dilatar la firma hasta que las condiciones políticas permitan asegurar que la sociedad civil y la clase política no les va a hacer “conejo” una vez desmovilizados.

La debilidad del Presidente se proyecta en una pérdida de confianza de la guerrilla en su capacidad para implementar los acuerdos, pues son complejos, costosos para el presupuesto y moralmente difíciles de aceptar. Además, requieren la conocida ratificación popular, que corre el riesgo de perder en las urnas o contar con una mayoría precaria, ya que hay puntos difíciles de aceptar como el de la impunidad garantizada por los peores crímenes cometidos.

Ocurre lo mismo con la comunidad internacional, en particular con los países garantes – Cuba, Venezuela, Chile y Suecia- así como con los múltiples gobiernos, organismos multilaterales y ONG que esperan por una u otra razón que Colombia salga de su dinámica violenta. Pero ninguna quiere un proceso débil, tambaleante, incumplible, que desemboque en una frustración y un desprestigio para los actores garantes.

Todos los involucrados saben, desde Estados Unidos hasta Venezuela, que si el gobierno Santos no cuenta con el capital propio ni la voluntad política del país para aplicar los puntos que se deriven del acuerdo, el proceso se dilatará en el tiempo, y se abrirá una etapa de incertidumbre que ya se inició y que amenaza la continuidad del proceso.

Solo cuando el panorama de gobernabilidad esté claro, es decir, cuando el nuevo Congreso haya sido elegido, y cuando el presidente del siguiente período además de estar definido tenga claro con cuánto apoyo empieza a gobernar, se tendrá de nuevo la posibilidad de continuar un proceso de paz con miras a ser sólido, pues sólo en ese momento se recuperaría la credibilidad entre las partes. Si Uribe gana el 20% o más del parlamento, el bloqueo de los acuerdos es inminente, al menos como están planteados, y al gobierno y a las Farc les tocará retomar la agenda, y ajustar hasta el marco jurídico, porque lograr la paz solo es posible de cara al país y no de espaldas a él.

Sin duda, el gobierno se equivocó en algunos cálculos que se hicieron en el círculo cerrado de Palacio, y los encargados repitieron errores ya conocidos durante el proceso del presidente Pastrana, que eran los más fáciles de evitar. Abrir el proceso muy temprano a la luz pública, las visitas indiscriminadas, los mensajes a través de los medios, las mutuas descalificaciones para calmar a los halcones y a las graderías calenturientas, y el desconocimiento profundo con los analistas de los medios que empezaron muy rápido a deformar la opinión pública, son algunos de las repeticiones innecesarias.

El primer error, que se lo señalaron muchos expertos internacionales con larga experiencia, fue hacer un plan “secreto” manejado por una minicúpula que creía haber fabricado la llave mágica de la paz. Las mejores intenciones muchas veces generan enormes problemas, y en este caso los eruditos confundieron la necesidad de tener una estrategia y un plan táctico elaborado, con un innecesario secreto que aisló a fuerzas determinantes para el éxito del proyecto, como lo son las fuerzas de la derecha que representa por ejemplo el uribismo que gobernó durante ocho años. Aislarlos, desconocerlos como si no fueran parte de la ecuación, fue equivocado.

Como es imposible hacer una paz en secreto, al conocerse las primeras cartas empezaron los problemas. Uno, con la comunidad internacional con la que Colombia tiene suscritos pactos que no puede desconocer. El marco jurídico para la paz que impuso el gobierno quedó diseñado en contravía de lo que el club de potencias mundiales exige o reconoce como aceptable, pues garantiza la impunidad a los responsables de crímenes mayores, entre otros temas. Era innecesario construir un marco jurídico sin contar con el beneplácito de las autoridades internacionales que están obligadas a supervisar el proceso.

El esfuerzo del mundo civilizado por establecer una justicia como la de la Corte Penal Internacional, busca hacer imposible la impunidad ante un tipo de crímenes atroces, no por gusto de algunos académicos sino para que se desestimule hacia el futuro que nuevos actores vuelvan a repetirlos. Es una manera eficiente de proteger a la población civil, que de lejos es la principal víctima en este tipo de conflictos. Por supuesto, el grupo de la paz de Santos tenía claro este escollo, pero creyó que lo podía superar con juegos semánticos jurídicos, estirando el concepto de justicia transicional para que la verdad frente a las víctimas, las disculpas y el perdón fueran suficiente reparación. La idea es sana, pero muy difícil de ser aceptada interna e internacionalmente.

Como el gobierno nunca hizo una campaña pedagógica que explicara los costos de la paz, y de la misma impunidad que promueve el modelo en marcha, los opositores internos, exacerbados ante la posibilidad del perdón total, desplegaron su intensa y efectiva oposición. No es sólo Uribe; son millones de personas que no están de acuerdo en ese perdón incondicional, bien porque no conocen los beneficios de la paz, o bien porque no los comparten. Desconocer que hay un 30% de ciudadanos que radicalmente se oponen a tener a los comandantes guerrilleros como alcaldes, ministros, congresistas o jefes de policías en las nuevas zonas campesinas, o como simples civiles disfrutando del bienestar que le quitaron a sus víctimas, y de cómodos subsidios estatales, es insensato. El gobierno se equivoca al creer que por la paz, el país sacrificaba todo. Por las víctimas sí, por la paz incondicional no.

Ahora, como Santos llegó montado sobre la idea de que las Farc eran cosa del pasado y estaban en sus mínimos históricos desde el punto de vista militar, en las mesas desplegó cierta arrogancia que llevó a las manifestaciones de poder político en zonas campesinas de los aliados naturales de la insurgencia, derivadas de su presencia histórica en muchas regiones. El erróneo manejo de esta secuencia de protestas, mostró que hay una izquierda afin al populismo y a las Farc, y que sí hay unas corrientes considerables que anhelan un cambio de modelo hacia uno más generoso con ellos. Ese anhelo de cambio lo recogió con facilidad la guerrilla a través de sus organizaciones políticas clandestinas que llevan 15 años construyendo y que no son armadas, sino complemento político de la lucha armada como durante años lo proclamó Alfonso Cano. Otro error de cálculo del gobierno.

Las próximas semanas son decisivas para ver si el proceso prospera o si Santos, como suele hacer cuando se siente arrinconado, decide echar marcha atrás y dar un nuevo bandazo, en el que justificaría la necesidad de detener el proceso hasta cuando el proceso electoral despeje el camino político. Es extraño que después de tantos intentos de paz en Colombia, los gobernantes de turno no aprendan que la paz no se hace a escondidas del país. La derecha en este tema es mas inteligente, sabe que primero debe contar con el respaldo de la sociedad antes de librar una guerra o intentar una paz.