Contar, en papel y en pantalla, cómo se ejerce el poder en Colombia.

El expediente contra José Luis Rodríguez Zapatero se empezó a tejer desde 2004, cuando el nuevo presidente socialista ordenó retirar las tropas españolas de Irak apenas horas después de su investidura. Washington lo tildó de traidor en la guerra contra el terrorismo. El expediente creció con el proceso de desmovilización de la ETA, que la derecha consideró una concesión a criminales, y siguió nutriéndose con sus visitas a Cuba y Venezuela como mediador internacional desde 2014, y con su cercanía posterior a China a través del think tank Gate Center, fundado en 2022.

Zapatero retiró las tropas de Irak en cuestión de semanas y nunca se arrepintió; reforzó su posición reivindicando su gesto de permanecer sentado durante un desfile militar estadounidense cuando aún era candidato. Impulsó también el levantamiento de la posición común europea hacia Cuba, lo que le costó ser acusado de "extraordinaria deslealtad" por el gobierno del PP.

El capítulo que más pesa en el expediente es el fin de ETA por la vía del diálogo: en 2006 el gobierno de Zapatero abrió negociaciones con apoyo de Cuba y Noruega, que sobrevivieron incluso a un atentado en el aeropuerto de Barajas, y culminaron en 2011 con el cese de la actividad armada de la banda. La derecha nunca perdonó que desactivara esa organización por la vía política.

Desde 2014 Zapatero se convirtió en el mediador internacional más visible con el chavismo, un papel que Washington quiso instrumentalizar para sacar a Maduro del poder y que, al no lograrlo, terminó volviéndose en su contra. Su cercanía con China —reuniones con el Instituto Popular Chino de Asuntos Exteriores y visitas a ferias tecnológicas— también lo puso en la mira de sectores conservadores de Washington, al punto de que un senador republicano lo describió públicamente como parte del "engranaje China-Rusia-Venezuela".

La imputación más reciente de la Audiencia española gira en torno a unos honorarios de asesoría —cerca de 500.000 euros— que Zapatero cobró de aerolíneas que accedieron a créditos públicos europeos durante la pandemia. El expediente sugiere sin pruebas documentadas que pudo haber tráfico de influencias o manejo de fondos de origen chavista. Para la militancia socialista y el gobierno de Pedro Sánchez, el verdadero objetivo del expediente es minar la legitimidad del pacto de investidura de Sánchez con el independentismo catalán, en un momento en que la derecha necesita debilitar al PSOE.

El gobierno de Zapatero (2004–2011) nunca tuvo un escándalo de corrupción. Su problema con la derecha no es de honestidad sino de influencia: es un estadista que cree en el diálogo como método, que prefiere acercarse a China antes que inventarla como enemigo, y que cuestiona públicamente las guerras de Washington. En esa disputa, el golpe recae hoy sobre el PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez, del que Zapatero es uno de sus principales respaldos internacionales.

Ramón Jimeno — Cambio, 25 de mayo de 2026

Desde los años ochenta, la lucha contra las drogas en América Latina oscila entre la represión y los intentos, siempre tímidos, de desarrollar enfoques alternativos. Hoy esa tensión entra en una nueva fase con la redefinición que hace la administración Trump del narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional, dejando atrás el tratamiento del tema como un asunto criminal o de salud pública.

Ese giro implica otras reglas de juego, otros actores y consecuencias serias para la región: más despliegue militar, menos judicialización, y una lógica de "neutralizar" y "aniquilar" en lugar de investigar y procesar. Es el punto de partida de las reflexiones que el general (r) Óscar Naranjo —con 34 años de experiencia enfrentando al crimen organizado en Colombia y otros países— comparte en conversación con Ramón Jimeno.

Ramón Jimeno — Cambio, 4 de abril de 2026

El escudo defensivo que quieren montar los sectores más obtusos del Partido Republicano implica contar con el beneplácito de gobiernos latinoamericanos que consideren la genuflexión un gesto de nobleza y los derechos humanos una aberración de las democracias liberales. Los presidentes díscolos ni les gustan ni les sirven.

Declarar a Gustavo Petro objetivo prioritario de la DEA a dos meses de las elecciones busca criminalizar la imagen del líder del Pacto Histórico, afectar su reputación y deslegitimar su liderazgo, para hacer dudar al electorado blando que suele decidir a última hora, e incidir en cómo lo perciben los dirigentes internacionales que lo consideraban un estandarte del progresismo.

La duda reputacional que siembra Washington genera aislamiento y miedo: miedo a represalias norteamericanas si se elige a un sucesor cercano a Petro, miedo a que regresen al poder voceros de bandas criminales como en épocas pasadas, miedo a que el cerco militar, comercial y financiero aplicado a Venezuela y Cuba llegue también a Colombia, miedo a que suban los aranceles a las exportaciones lícitas o a que se expulse a miles de colombianos dejando a sus familias sin remesas.

Ramón Jimeno — Cambio, 4 de enero de 2026

Tras la salida de Nicolás Maduro del poder empieza la lenta y difícil tarea de constituir un equipo capaz de gobernar Venezuela y con la fuerza necesaria para reformular el Estado y reactivar la economía petrolera. Los obstáculos son enormes: se requieren acciones militares, políticas y económicas coordinadas para consolidar un ejecutivo funcional.

Lograr estabilidad es indispensable para iniciar la nueva era, lo que exige diálogo y voluntad para llegar a acuerdos entre las facciones con poder en ambos bandos. Dentro del chavismo-madurismo y de la oposición hay divisiones y matices frente al camino a seguir: unos se distancian por ideología, otros se volvieron enemigos cuando perdieron recursos, oportunidades o patrimonios, o fueron víctimas de la paranoia del gobernante que se inventaba enemigos para mantenerse en el poder. Muchos terminaron en la cárcel, exiliados, empobrecidos o colaborando con el propio gobierno que después los perseguiría.

En ese contexto, pasar del odio a la reconciliación para formar un gobierno de transición —como el que necesita Venezuela— es una tarea compleja, que definirá si la región entra o no en una nueva era.

Ramón Jimeno — Cambio, 2026

El daño que varias entidades de control le están haciendo a los procesos sociales y a la agenda pública es enorme. Al magnificar, descarrilar y sesgar muchas de las investigaciones que adelantan, se empujan a sí mismas en una dinámica suicida. Con el fin de mantener el interés o mostrar gestión, hacen revelaciones y acusaciones en casos que apenas arrancan, muchas veces insostenibles. ¿Cuál es el objetivo? Satisfacer a una opinión pública distorsionada, devoradora de escándalos y en busca de acciones vengativas más que justicieras.

Los efectos sociales cuando los fiscalizadores se convierten en regentes de espectáculos públicos son graves. Mientras el país trata de ajustar sus instituciones tras un histórico pero polémico acuerdo de paz, las entidades se concentran en dar golpes de opinión para ganar puntos con sus audiencias. Dan la impresión de estar construyendo imagen positiva para las encuestas, tal vez para promover sus candidaturas, antes que hacer investigaciones serias para hallar responsables.

El debate público que ha generado Trump en Estados Unidos por sus actuaciones arbitrarias, desconociendo normas que garantizan el imperio de la ley para imponer sus deseos por encima de las instituciones, podría trasladarse a Colombia. Las instituciones existen para garantizar que los funcionarios públicos en sus campos, y los ciudadanos en los suyos, cumplan las leyes y respeten las reglas de juego que permiten la cohesión social. Cuando las instituciones deciden bailar al son de los escándalos mediáticos, y sancionan y prejuzgan acorde a los ratings, incumplen su mandato legal.

El daño que generan entidades de control convertidas en ejes del show público y en precampañas presidenciales es múltiple. Primero, porque dejan un vacío de control real, pues seleccionan sólo los casos de interés. Luego, porque los recursos públicos que se invierten para desarrollar cuerpos especializados de investigación se malgastan. Los funcionarios no pueden actuar con base en sus conocimientos sino que cumplen instrucciones de acusar para crear espectáculo. El resultado es la pérdida de confianza en esas entidades, o bien porque sus sanciones son injustas, o bien porque no logran la dimensión que le hicieron creer a la sociedad que se necesitaba.

Las entidades se concentran en lanzar acusaciones, señalamientos e imputaciones con base en investigaciones parciales que utilizan para hacer filtraciones selectivas, muchas fuera de contexto, que periodistas y ciudadanos reporteros recogen en sus medios y redes. Se reproducen realidades distorsionadas, verdades parciales o simples mentiras, creando percepciones públicas equivocadas. De ahí surge la idea del caos general y del mar de corrupción sobre el que navega la Nación, ambas percepciones altamente exageradas.

Una vez creadas esas percepciones, las mismas entidades se empujan a sí mismas para confirmar lo que plantean y sus aparatos de investigación se enfilan en ese sentido y no en buscar la verdad. Toman decisiones con base en sus propias distorsiones y el imperio de la ley queda subordinado a demostrar que son eficaces condenando delitos que se inventan o imponiendo sanciones que nunca se aplican.

El efecto a corto plazo es la decepción de la ciudadanía frente al país. El pesimismo que registran los encuestadores se nutre de esa dinámica: “la corrupción se tomó el país”. Ante ese panorama, los líderes de las entidades de control surgen como los salvadores, los justicieros y los aparentes redentores de la moralidad pública. La pérdida de confianza en esas entidades al convertirlas en organismos populistas es grave.

El ciudadano, el empresario, el inversionista, el contratista, el funcionario público, entiende que no puede contar con ellas para adelantar procesos serios, técnicos, justos. Generar espectáculo como ingrediente principal de ratings y popularidades vaporosas, o para el aumento de adictos a la insensatez de las redes, destruye institucionalidad y estimula el populismo.

Ramón Jimeno — El Espectador, 12 de junio de 2017

¿Cómo llegar a un consenso nacional cuando los puntos de divergencia sobre el Acuerdo de La Habana son tan difíciles de conciliar? Un acuerdo político tiene pocas posibilidades porque ninguna fuerza tiene la legitimidad o la representación necesarias para decidir y cualquiera tiene veto en esa ecuación. El triunfo del No fue tan precario como la derrota del Sí. Gobierno y oposición fracasaron en su convocatoria, al igual que los partidos políticos. Fueron grupos ciudadanos los que más se movilizaron, mientras las mayorías se abstuvieron en protesta o por indiferencia. De manera que la solución política entre las minorías del Sí y el No que se auto proclaman voceras de todos, solo llevará a repetir la falta de consenso. Se necesita crear un mecanismo que integre a los ausentes con las minorías del Sí y el No y que su acuerdo se convierta en normas para construir una paz positiva.

La Constitución prevé un mecanismo participativo y democrático, el artículo 376, que permite tramitar y resolver las divergencias frente al Acuerdo de paz. Una Constituyente Especial, con la única y exclusiva agenda de ajustar los seis puntos del Acuerdo, en un tiempo limitado, con un número de miembros pequeño y con calificaciones y conocimientos para garantizar profundidad en el debate, es un mecanismo que puede contemplarse. Sería una solución sin vencidos ni vencedores, civilizada, donde las minorías y mayorías discutirían en un foro abierto y transparente los posibles ajustes. Las FARC deben apoyar esa solución pues es muy similar a la que propusieron originalmente para implementar el Acuerdo y elimina los riesgos de una Constituyente que se desborde o se declare omnipotente.

Al mismo tiempo, una Constituyente Especial permitiría superar el modelo de negociación gobierno-FARC que ya cumplió su ciclo y función, para reemplazarlo por un instrumento democrático y autónomo en el que participarían todos los excluidos: los abstencionistas, los ciudadanos sin representación, las regiones sub representadas, los sectores económicos que se sienten amenazados, entre otros, además de gobierno y Farc por supuesto.

Desde el punto de vista jurídico la Constituyente Especial requiere una ley del Congreso que se puede tramitar de urgencia aun en sesiones extraordinarias, norma que tendría control constitucional de entrada y salida, y requiere una elección con más del 30% del electorado. Es un ejercicio que integraría el debate entre las fuerzas que se resisten al cambio que propuso el Acuerdo de La Habana y las fuerzas ciudadanas que lo impulsan para que el país dé un gran salto adelante en lo económico y en lo social.

Este cambio no es una concesión a las Farc sino una oportunidad para construir una sociedad más igualitaria que reduzca las tensiones sociales y económicas que invitan a la violencia y a la ilegalidad. La paz son transformaciones sociales e institucionales, ajustes al modelo de país: si con el Acuerdo de paz no hay transformaciones del modelo económico y social, con el tiempo reaparece la violencia con otros actores y bajo otras formas.

Hay temas que ilustran la necesidad de esas transformaciones si se quiere reconstruir mejor la sociedad colombiana. Uno es la falta de representación de amplios sectores ciudadanos, en especial los urbanos: la reforma del sistema electoral es indispensable para equilibrar las representaciones y modernizar la organización electoral que favorece y valida el clientelismo. Algo similar ocurre con la modernización agraria: hacer más productivo el campo es permitir nuevas inversiones, y modernizar el uso de la tierra es una obligación que tienen los grandes propietarios frente a la sociedad.

Con la justicia transicional también se presentan temores. Los jueces y las tres cortes en ejercicio deben participar en el ajuste del modelo que sugiere el Acuerdo de La Habana. Es necesario conciliar los dos sistemas judiciales para evitar una mayor inseguridad jurídica, de manera que el aparato de justicia sea confiable y eficiente para los millones de colombianos que no cuentan con ella para dirimir sus diferencias.

El modelo político y económico actual es el que genera el conflicto y las desigualdades, y mientras no se transforme por uno más eficiente, el país seguirá naufragando en el pasado. El Acuerdo de La Habana es la excusa para promover ese ajuste y disminuir la desigualdad, liberando la capacidad de generar nuevas riquezas y repartirlas mejor.

Ramón Jimeno — Artículo publicado por El Espectador, 30 de octubre de 2016

En septiembre de 2011 Reed Hastings aterrizó en Bogotá. Venía a cumplir una cita: lanzar Netflix en Latinoamérica. El periodista y consultor de comunicaciones Ramón Jimeno se había encargado de todos los preparativos. Ramón había conocido en Nueva York, en sus años de corresponsal, a quienes con los años se convertirían en los magnates de la televisión por cable, con Reed Hastings a la cabeza. Era el contacto perfecto para empezar el negocio en Colombia, y lo buscaron.

La llegada de Netflix a Colombia no sería distinta a la de otros países. “Nos hizo una exigencia muy clara: que en el evento de lanzamiento que preparamos, con cientos de invitados —estrellas y personalidades—, no hubiera ningún político, nada de congresistas ni funcionarios”, recuerda Jimeno, encargado del lanzamiento en Bogotá. “Recorrimos Bogotá sin guardaespaldas; traía una guía con algunos sitios marcados y me pidió que lo acompañara. Fuimos a La Candelaria, al Museo del Oro, a la plaza de mercado del Restrepo, a restaurantes de comida criolla y a sitios de movida juvenil. Quería saber qué hacían los jóvenes; no le interesaba nada del poder, nada de burocracia, nada de gobierno”.

El día del lanzamiento se instalaron treinta pantallas en el hotel Marriott para que los invitados —empresarios, actores, productores y cineastas latinoamericanos— disfrutaran de la oferta de contenidos de Netflix. Al otro día, Hastings inició su plan de trabajo en Bogotá: visitó los canales Caracol y RCN, con los que cerró negocios millonarios de compra de archivos y contenido audiovisual, e hizo lo propio con varias productoras independientes. Sólo en 2016 planeaba invertir 6 mil millones de dólares para adquirir nueva programación.

Netflix nació de una rabieta en 1997. Hastings era un matemático con posgrado en inteligencia artificial de Stanford, de 37 años, que alquilaba películas en Blockbuster para entretenerse en casa. Un día olvidó devolver la cinta alquilada, Apolo 13, por lo que recibió una multa de 40 dólares. La ira le disparó la chispa creativa: ¿no habrá otra forma de distribuir las películas? Tuvo dos ideas: usar el servicio de mensajería para recibir y devolver los DVD, o aprovechar la tecnología para crear un canal que ofreciera películas de manera ágil, sin necesidad de cintas físicas. Nacía Netflix.

Han pasado cinco años desde entonces y Netflix está en 190 países, con 81 millones de suscriptores en el mundo según Forbes, lo que le representa ingresos netos por 1.813 millones de dólares. En Colombia ya serían unas 700 mil personas, una cifra no confirmada por la compañía. Netflix espera cerrar el año logrando un objetivo crucial: el acceso a China, el país más poblado del mundo.

El año pasado la compañía regresó a Colombia para lanzar Narcos, la historia de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, que batió récords de audiencia en todo el mundo. Su protagonista, el brasileño Wagner Moura, fue invitado a los programas de Jimmy Fallon y Jay Leno, y la revista Variety la consideró la serie más adictiva desde Breaking Bad.

Una expansión lograda sin oficina ni empleados ni representantes en el país, a punta de boca a boca por la calidad de su oferta, que se ha dado el lujo de convertirse en un estudio donde directores como David Fincher o Baz Luhrmann, y estrellas como Kevin Spacey o Winona Ryder, caminan por los pasillos de su centro de operaciones en el pequeño pueblo de Los Gatos, California.

En sólo diez años, la rabieta por una multa en la ya desaparecida cadena de alquiler de videos Blockbuster se transformó, para Reed Hastings, en una compañía que hoy se cotiza en los 45.000 millones de dólares.

Ramón Jimeno — Las2Orillas, 2016

Los decretos expedidos por el gobierno para eliminar y reformar algunas entidades públicas, y hacer más eficiente la prestación de varios servicios, privilegian la aplicación de la política privatizadora, antes que representar un esfuerzo integral del gobierno para modernizar el Estado y lograr que cumpla con eficiencia sus responsabilidades.

El gobierno parte de una creencia: que al retirarse de tareas como el mantenimiento de las vías, la investigación agropecuaria o los servicios de salud hospitalarios, es más moderno el papel del Estado. En realidad, lo que hace es dejar esas funciones en manos del sector privado, sin que exista garantía de que preste el servicio con mayor eficiencia para la comunidad. Si bien es incuestionable que el sector privado es más eficiente, solo actúa donde es rentable su operación.

Es evidente que hay muchas áreas de servicio —en salud, por ejemplo— que en países pobres el Estado no puede dejar de subsidiar sin que parte de la comunidad se vea afectada, simplemente porque se le acaba la posibilidad de acceder al único servicio de salud, eficiente o no, a su alcance. La función del Estado no es la de hacer rentables sus responsabilidades ante la ciudadanía, sino la de buscar que los servicios básicos le lleguen a la población.

Las tesis de los neoliberales criollos han hecho creer que la población más pobre es perezosa y espera la comida, la educación y la medicina subsidiada del Estado, a costa de unos sudorosos empresarios que, en vez de reinvertir sus utilidades, le pagan tributos al Estado para que los redistribuya en servicios para los ineficientes. Se olvidan de que la función del Estado se refiere a todos los individuos, y que una nación progresa cuando progresa su gente.

Por eso, dentro de los decretos privatizadores, el reto para entidades como el ISS o la Caja Nacional de Previsión, que deben competir con los costos del sector privado para brindar servicios a población sin recursos para pagarlos, es casi imposible. En la práctica, los decretos son una condena a muerte, no de las entidades cobijadas con la privatización, sino de la función pública que cumplían.

Es como si en seguridad o en justicia el gobierno hiciera lo mismo: adoptara los parámetros de eficiencia y rentabilidad del sector privado. La discriminación entre las funciones que el Estado se reserva (justicia y seguridad) y las que abandona (salud, infraestructura agraria y vial, entre otras) deja ver un concepto de Estado privado para unos sectores y no para todos los colombianos.

En los servicios de alta rentabilidad, como el de comunicaciones, el modelo privatizador tiende a ser operativo. En particular, Telecom sale beneficiada al eliminarse las trabas que le impedían actuar con la agilidad del sector privado, sin perder la experiencia y las ventajas competitivas que ha logrado y que son patrimonio de todos los colombianos.

Un sector que se quedó años luz atrás de las necesidades de la industria nacional es el de la formación de técnicos. El Sena los produce para la industria de los años sesenta, mientras los sectores revolucionados por la informática adolecen de una oferta de técnicos para asumir con eficiencia las nuevas tareas.

En seguridad y orden público, donde el Estado no abandona un centímetro, las medidas también son contradictorias. No hay entidad que requiera más su reestructuración total como la Policía Nacional: el servicio que presta es tan pobre y los niveles de corrupción tan altos que resulta impensable que un gobierno pretenda establecer la autoridad del Estado con funcionarios que tanto daño le hacen a la ciudadanía.

Esas entidades de seguridad representan el 15% de la burocracia nacional y otro tanto del presupuesto. Difícil encontrar otra área del Estado donde sea mayor la ineficiencia. En este terreno, los decretos registran un paso importante al crear la Unidad de Seguridad y Justicia, adscrita a Planeación Nacional: un organismo de corte y dirección civil, donde empezará a dársele racionalidad al gasto público en seguridad.

En últimas, los decretos muestran mucho más de privatización que de modernización, y una tendencia a aplicar principios que el gobierno no defendió en la Constituyente, contrariando —como lo dicen los críticos consejeros de Estado— el espíritu de la nueva Constitución en muchos aspectos.

Ramón Jimeno — El Espectador, 3 de enero de 1993

Las bombas en las calles de ciudades en la India y la del World Trade Center, la más grande que se ha colocado en Estados Unidos, son muestras evidentes de la expansión del terrorismo. Pero una manera sui generis de ampliar las fronteras de ese delito es la que usa el Estado colombiano cuando acusa a once técnicos y tres sindicalistas de ser terroristas, a raíz de la suspensión de las comunicaciones durante el paro de Telecom en 1992.

Mientras el Estado ha sido incapaz de capturar y juzgar a los responsables de los ataques terroristas, es habilidoso para reinterpretar el delito y sancionar a algunos de los responsables del paro en Telecom, aplicándoles el castigo que no se le aplica a los más tenebrosos delincuentes.

¿Será que los responsables de las bombas en el edificio del DAS, el avión de Avianca, El Espectador, o los transeúntes de la carrera 9.ª, o los autores del exterminio de la UP, de tres centenares de policías en Medellín, o del asesinato de Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, son ante la justicia colombiana iguales a los catorce funcionarios de Telecom que protestaban para que el gobierno no vendiera arbitrariamente una empresa pública?

La neofilosofía del castigo. La filosofía de las normas penales que inspiraron el estatuto antiterrorista excluye la consideración de la intencionalidad como elemento para determinar la responsabilidad. Ese principio, consagrado en el derecho moderno, fue derogado cuando la Comisión Legislativa Especial —mal llamada “Congresito”— acogió como legislación permanente los decretos antiterroristas. El solo hecho de interrumpir las comunicaciones no implica que exista la intención de crear un estado de zozobra o de causarle daño a la población, elementos para tipificar el delito de terrorismo.

Si se aplicara la tesis de la fiscalía, el presidente Gaviria también debería estar acusado de terrorismo por el estado de zozobra que creó durante el año de interrupciones en el fluido eléctrico. Los trabajadores de Bavaria también deberían estarlo por el terror que le produce a millares de mujeres que sus maridos no salgan a tomarse las polas. Y los trabajadores de Ecopetrol estarían pisando los nuevos linderos penales si suspenden sus labores.

Nadie puede sostener con racionalidad jurídica que el presidente Gaviria —responsable de la eficiente prestación de los servicios públicos— quiso hacerle daño a la población al desatender la forma como sus subalternos administraban el sector eléctrico. De la misma manera, no existen fundamentos para suponer que los técnicos, los empleados o los sindicalistas de Telecom querían hacerle un daño al país al realizar el paro contra la privatización.

La justicia como sanción política. A pesar de todo, el fiscal acusador sostiene que utilizar el conocimiento científico, la informática o los avances tecnológicos para crear un “estado de zozobra” es más grave que colocar bombas en las calles.

Hoy los que están en la cárcel Modelo son once ciudadanos que hasta el 24 de febrero eran respetados técnicos, responsables de mantener en funcionamiento sofisticadas plantas de Telecom, personas que vivían en comunidad con sus familias, estudiando, publicando artículos y libros, discutiendo en foros el futuro de la telefonía nacional. Ahora, gracias al desborde jurídico institucional, resulta que ser nacionalista es igual que ser terrorista.

Los antecedentes del paro de Telecom son contundentes para demostrar que se trató de una acción contra la venta y la privatización de la empresa que “une a los colombianos”. No era un paro para provocar terror, sino para que se diera el debate público y nacional que el gobierno eludía. De hecho, cuando el plan de venta quedó en entredicho y se abrió el debate público, el paro fue levantado.

Homologar la conducta de los catorce acusados con un acto terrorista parece la revancha del gobierno, que busca una sanción para quienes le ocasionaron el fiasco. Quienes de verdad ejercen el terrorismo en Colombia están libres. Pero para quienes acuden a procedimientos legítimos como los paros, el Estado les formula cargos y los detiene como no lo ha hecho con ningún terrorista. Tal vez de esa manera la justicia acabe con los paros, pero difícilmente con el terrorismo.

Ramón Jimeno — El Espectador, 1993