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La elección presidencial de 2026 terminó casi empatada. Abelardo de la Espriella obtuvo cerca de 13 millones de votos e Iván Cepeda 12,7 millones. La diferencia fue 252 mil votos. Detrás de ese resultado hubo dos campañas construidas de manera muy distinta. Cepeda partió de una identidad política consolidada, una organización nacional, el electorado que había llevado a Gustavo Petro a la Presidencia cuatro años antes y que consolidó durante su ejercicio. Su principal desafío era conservar ese bloque y ampliarlo hacia votantes urbanos y de centro. De la Espriella enfrentó el problema inverso: existía un enorme electorado contrario al Gobierno Petro, pero estaba fragmentado entre partidos, candidatos tradicionales, independientes y ciudadanos sin una identidad partidista estable. Su tarea era convertir el malestar disperso en una candidatura presidencial que lo sintetizara.

Cepeda tenía que ampliar una comunidad política existente. ADLE tenía que construir una coalición electoral a partir de públicos que todavía no estaban organizados alrededor de un candidato.

Ambos mecanismos produjeron resultados extraordinarios. Cepeda terminó con una votación mayor que la de Petro en la segunda vuelta de 2022; ADLE reorganizó la oposición alrededor de un liderazgo nuevo y consiguió ganar por un margen mínimo. Pero la secuencia es importante buena parte de la ventaja decisiva de ADLE la construyó antes de la segunda vuelta.

Dos puntos de partida diferentes

El Pacto Histórico obtuvo 4,4 millones de votos al Senado en marzo de 2026. Dos meses después, Cepeda alcanzó 9,7 millones en la primera vuelta. Su candidatura fue, por tanto, mucho mayor que la estructura parlamentaria del Pacto. En el caso de ADLE el punto de comparación es distinto. La "derecha amplia" (Centro Democrático, Partido Conservador, Salvación Nacional, Creemos y Cambio Radical-ALMA) sumó 7,1 millones de votos al Senado. De la Espriella obtuvo 10,4 millones en primera: 3,3 millones por encima. En una muestra municipal elaborada para este análisis, ADLE superó a la derecha amplia en 19 de veinte municipios comparables.

Las categorías son asimétricas. El Pacto Histórico es un bloque partidista más compacto, mientras la "derecha amplia" suma cinco organizaciones. Políticamente enfrentaron dos problemas de campaña diferentes. Cepeda tenía una base menor, cohesionada e ideológicamente reconocible. ADLE disponía de un universo potencialmente mayor, pero fragmentado. Por eso sus mecanismos de crecimiento fueron distintos. Cepeda debía movilizar y ampliar. ADLE debía concentrar.

Primera vuelta: ADLE ganó la batalla de la concentración

En la primera vuelta, ADLE obtuvo 10,4 millones y Cepeda 9,7 millones, una ventaja de 662 mil votos. El dato es importante porque, durante buena parte de la campaña, Cepeda aparecía en las encuestas como el candidato con mayor intención de voto, mientras la oposición seguía dividida entre De la Espriella, Paloma Valencia y otras alternativas.

La consulta de marzo fortaleció al principio a Valencia. En abril se acercó al 20 % en las mediciones, mientras ADLE conservó un piso cercano al 30 %. Pero la relación se invirtió. A mediados de mayo ADLE estaba en el 33 % y Valencia empezó cayó al 17 %; en la última medición de AtlasIntel, De la Espriella llegó a 37 % y Valencia baja al 14 %.

La lectura es clara. ADLE ya había concentrado un electorado propio antes de esa transferencia. Lo que ocurrió al final fue una concentración por viabilidad. Cuando la pregunta ciudadana dejó de ser "qué candidato de derecha prefiero" y pasó a ser "quién puede derrotar a Cepeda", una parte del electorado opositor se movió hacia quien parecía tener mayores posibilidades de pasar a segunda vuelta.

Cepeda llegó a la primera vuelta intentando movilizar un bloque. ADLE llegó intentando convencer a varios electorados de que él era el vehículo capaz de derrotar al bloque contrario.

Dos emociones políticas distintas

ADLE convirtió esa preocupación en una secuencia política sencilla: amenaza, pérdida de autoridad, necesidad de orden, candidato fuerte. La mano dura, la exaltación de la Fuerza Pública, el tigre, la venia militar, los símbolos patrióticos y la oposición entre "los nunca" y "los de siempre" ayudaron a convertir una percepción difusa en una identidad electoral.

Cepeda trabajó sobre otro registro emocional: justicia, dignidad, memoria, derechos, paz y continuidad del cambio. Esa narrativa tenía capacidad de cohesión dentro de un electorado progresista ya politizado. El problema fue su menor conexión inmediata frente a los temores que expresaban sectores urbanos indecisos, particularmente en seguridad, estabilidad y continuidad del Gobierno.

Movilizar una identidad frente a persuadir una audiencia

Durante buena parte de la primera vuelta, Cepeda desarrolló una campaña con base en plazas públicas, organizaciones sociales, recorridos regionales y discursos programáticos. Hizo cerca de 150 actos en plaza pública. Ese formato era eficaz para reforzar pertenencia, militancia y coherencia ideológica. Pero era una campaña para movilizar a su misma gente.

ADLE construyó una campaña orientada a audiencias específicas. Videos breves, mensajes emocionales, influenciadores, cuentas secundarias, WhatsApp, celebridades, inteligencia artificial y piezas diseñadas para circular formaron parte de una estrategia para convocar a ciudadanos indecisos antes de que se integraran a una comunidad política.

La diferencia que cada campaña les asignó a las redes fue decisiva. Para ADLE, las redes eran parte de la construcción de identidad. Para Cepeda, durante meses fueron un canal apenas complementario de una campaña asentada en militancia, organización y plaza pública.

Después de la primera vuelta, Cepeda corrigió. Intensificó entrevistas, videos cortos y redes; se acercó a youtubers, influenciadores y comunidades organizadas digitalmente como los seguidores del K-pop; se mostraba más cercano y tomó distancia de propuestas de Petro que generaban resistencia. El problema es hizo este ajuste cuando ya el tiempo se acababa. Modificar en tres semanas su relación con las audiencias cuando ADLE llevaba meses construyéndola, fue su gran desventaja.

La clase media urbana: el campo de batalla que la mirada nacional oculta

En la comparación de campaña hay un hecho interesante: ADLE creció más allá de los bastiones históricos de la derecha. Hay evidencia de que penetró sectores urbanos de clase media y media baja que cuatro años antes habían contribuido a la victoria de Petro.

La Silla Vacía cruzó el escrutinio puesto por puesto con información geográfica y censal. En Bogotá encontró 52 puestos de votación que en 2022 habían sido más favorables a Petro que a Federico Gutiérrez o Rodolfo Hernández y que en 2026 pasaron a De la Espriella. Los puestos que cambiaron se concentran en zonas de clase media y media baja.

El cruce sociodemográfico también muestra una modificación de la composición. En 2022, el 16 % de los puestos ganados por Petro correspondía a zonas de estratos 3 y 4. En 2026, entre los puestos ganados por Cepeda, esa proporción bajó al 13 %. En sentido contrario, el 23 % de los puestos ganados por ADLE estaba en zonas de clase media, frente al 12 % de los que ganó Rodolfo Hernández en 2022.

Sería equivocado concluir que millones de petristas se convirtieron en votantes de derecha. Si bien los datos no permiten seguir al mismo individuo entre elecciones, sí muestran un desplazamiento territorial de la frontera política: zonas urbanas que habían favorecido a Petro pasaron a ser competitivas o favorables a De la Espriella. La campaña Cepeda no detectó a tiempo el inconformismo que capitalizó ADLE, que iba más allá de las barreras ideológicas.

Bogotá: la evidencia del desplazamiento

Bogotá es el mejor laboratorio para observar ese cambio. Combina grandes bastiones progresistas, sectores históricamente favorables a la derecha y un amplio cinturón de clase media que cambia según el momento político. Un ejemplo, Gran Granada, en Engativá. En 2022, Petro obtuvo 5.200 votos, mientras Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández sumaron 5.100. La ventaja de Petro fue de cien votos. En 2026, ADLE obtuvo 4.900 votos frente a 3.900 de Cepeda: una ventaja de más de mil votos. Según el cruce censal, alrededor del 97 % de las viviendas del entorno de ese puesto corresponde al estrato 3.

El caso es importante porque no describe el norte acomodado de Bogotá. Describe una zona típica de clase media. Allí el cambio no fue de derecha rica a derecha más movilizada; fue el paso de un territorio apenas favorable a Petro a una ventaja clara de ADLE.

Otros barrios muestran una pérdida comparable de densidad progresista. En Granjas de Techo, en Fontibón, Petro obtuvo el 60 % en 2022; Cepeda el 37 % en 2026. En Hipotecho, Kennedy, la comparación es 55 % para Petro frente a 32 % para Cepeda. En Galerías, Teusaquillo, Petro había llegado al 67 % y Cepeda quedó en 46 %. Son caídas de entre 21 y 23 puntos.

Incluso Teusaquillo dejó señales del desplazamiento. En el puesto Rafael Núñez, Petro había obtenido 1.350 votos en 2022; ADLE alcanzó 2.100 en la primera vuelta de 2026.

La izquierda conservó buena parte del sur popular de Bogotá, pero perdió densidad en la franja media. Ese espacio intermedio fue uno de los lugares donde ADLE dejó de ser el candidato de la derecha tradicional.

Un fenómeno que se repitió en otras regiones

Barranquilla ofrece un ejemplo de ese mismo patrón. En el puesto del Colegio Distrital María Inmaculada, Petro había ganó en 2022 por 950 votos. En 2026, ADLE ganó por a 980 votos sobre Cepeda. Un margen favorable a la izquierda se transformó, cuatro años después, en un margen casi equivalente, pero a favor de la derecha.

Medellín muestra otra faceta. En la Institución Educativa La Candelaria, en la Comuna 1 Popular, una zona mayoritariamente de estrato 2, ADLE obtuvo 2.900 votos frente a 2.200 de Cepeda. En 2022, ese puesto había estado dividido entre Fico, Petro y Rodolfo. ADLE consiguió concentrar buena parte de la oposición y, al mismo tiempo, conservar presencia en un sector popular.

Estos casos no prueban una transferencia individual desde Petro hacia ADLE. Sí prueban que la recomposición no ocurrió únicamente dentro de la derecha organizada. La candidatura penetró electorados urbanos que antes eran competitivos o favorables al petrismo.

¿Por qué se movió esa franja?

No hay datos para conocer el motivo individual de cada voto, pero el clima de opinión y los análisis territoriales permiten plantear una hipótesis consistente. La franja urbana de clase media estaba menos atada a identidades partidistas permanentes que los bastiones de izquierda o derecha y era particularmente sensible a la evaluación del Gobierno.

En 2022, la pregunta dominante para muchos de esos electores era quién representaba mejor el cambio. Petro encarnó esa demanda. En 2026, después de cuatro años de gobierno, la pregunta fue distinta: quién ofrecía seguridad, estabilidad y control. A la que se agregó el balance de la gestión oficial, donde había una franja descontenta.

ADLE ofrecía una narrativa capaz de reunir motivaciones diferentes bajo un mismo paraguas: inseguridad, rechazo al petrismo, incertidumbre económica, conservadurismo cultural, desencanto con la política tradicional y percepción de viabilidad. Cepeda, en cambio, necesitaba defender el legado gubernamental y al mismo tiempo convencer al elector descontento de que su liderazgo sería distinto.

Por esta razón una parte de la elección va supera la formulación izquierda contra derecha. Fue una disputa por los ciudadanos que habían votado por Petro sin convertirse en electores permanentes del Pacto Histórico. Cepeda no entendió a tiempo este fenómeno.

La paradoja de la segunda vuelta

La segunda vuelta introduce una paradoja decisiva. Cepeda creció más que De la Espriella. Cepeda pasó de 9,7 a 12,7 millones de votos: agregó 3 millones, un crecimiento del 31 %. ADLE pasó de 10,4 a casi 13 millones, sumó unos 2,6 millones, un 25 %. Cepeda fue más eficaz en crecimiento entre vueltas. Sin embargo, perdió.

La razón principal es que comenzó la remontada con una desventaja de 662 mil votos y con un mapa territorial que lo obligaba a recuperar terreno en apenas tres semanas. Su crecimiento redujo la diferencia final hasta 252 mil votos, pero buena parte de la nueva votación se acumuló en territorios donde ya era fuerte. ADLE, en cambio, conservó grandes ventajas en buena parte del interior andino y limitó el costo de perder las grandes ciudades progresistas.

Bogotá resume el problema. Cepeda agregó medio millón de votos entre vueltas y terminó cerca de 2,2 millones. Aun así, su ventaja en la capital fue insuficiente para compensar los márgenes que ADLE construyó en Antioquia, Santanderes y otros departamentos del interior.

Cepeda corrigió, pero tarde

Después de la primera vuelta la campaña de Cepeda hizo varias de las cosas que la comparación sugería como necesarias: amplió audiencias, modernizó la comunicación digital, buscó apoyos en el centro, redujo el énfasis en propuestas que generaban temor y trató de mostrarse un candidato más cercano.

La estrategia funcionó: sumó alrededor de tres millones de votos. Sería equivocado describir la segunda vuelta como un fracaso de la campaña. El problema fue la secuencia. ADLE ganó tiempo político antes del balotaje. Unificó a tiempo buena parte de la derecha, desplazó a Paloma Valencia como opción viable, construyó una identidad digital propia y penetró sectores de clase media que Cepeda necesitaba recuperar. Cuando comenzó la segunda vuelta, Cepeda trató de remontar, pero ya no partía de una base neutral para ampliarla.

Dos modelos de campaña

La comparación permite identificar dos modelos distintos de construcción electoral. Cepeda parte de organizaciones, movimientos sociales, memoria política y una identidad ideológica. Desde allí buscó movilizar y después ampliar. Su mayor fortaleza fue la cohesión de la comunidad política. Su dificultad estuvo en persuadir a quienes estaban fuera de esa comunidad.

ADLE partió de audiencias, emociones y preocupaciones dispersas. Construyó una identidad alrededor de símbolos, antagonismos y una promesa de autoridad; luego incorporó la estructura partidista y el voto útil. Su mayor fortaleza fue la elasticidad: electores con motivaciones diferentes pueden coincidir en la misma candidatura sin compartir una identidad partidista común.

Cepeda: identidad → organización → movilización → ampliación. ADLE: emoción → audiencia → concentración → voto estratégico.

Una elección más allá de izquierda contra derecha

La geografía nacional mostraba una fuerte polarización. El Pacífico, el Caribe y amplias zonas de Bogotá conservaron enormes concentraciones progresistas. Antioquia, Santanderes y buena parte del interior votaron masivamente por De la Espriella. Pero debajo de esa polarización ocurrió otro movimiento.

La frontera electoral se desplazó dentro de las ciudades. Los 52 puestos de Bogotá que cambiaron de Petro a ADLE, los casos de Gran Granada, Granjas de Techo, Hipotecho y Galerías, y el giro del puesto María Inmaculada en Barranquilla muestran que existió una zona de movilidad electoral real.

Ese electorado no tiene por qué interpretarse como una nueva derecha ideológica. Puede entenderse mejor como una franja urbana menos partidista, sensible a seguridad, economía, evaluación de gobierno y percepción de liderazgo. Fue la misma que en 2022 contribuyó al triunfo de Petro. En 2026 una parte de ella se desplazó hacia ADLE.

Esta es probablemente una de las claves de la elección. De la Espriella ganó porque además de reunificar a la derecha, consiguió extender esa coalición hacia electores que cuatro años antes no formaban parte estable de ella.

La diferencia estuvo en el momento de la conquista

La elección puede resumirse en dos secuencias. Cepeda heredó, movilizó, corrigió y remontó. ADLE identificó, emocionó, penetró y concentró. Cepeda terminó demostrando una capacidad extraordinaria de expansión: sumó cerca de tres millones de votos entre las dos vueltas y quedó a unos 252 mil de la Presidencia. Pero esa remontada comenzó después de una primera vuelta en la que ADLE ya había construido una ventaja de más de 600 mil votos. La diferencia decisiva fue el momento en que cada candidato conquistó al elector disponible.

ADLE construyó primero una relación con una parte de la clase media urbana, convirtió inseguridad y rechazo al Gobierno en una demanda de autoridad, utilizó las redes como infraestructura de identidad y logró que la viabilidad transformara esa identidad en voto útil.

Cepeda entendió buena parte de ese problema después de la primera vuelta y reaccionó con eficacia, pero tuvo solo tres semanas para recuperar un terreno que se había movido durante meses. En una elección decidida por apenas unos 252 mil votos, esa diferencia temporal resultó suficiente para el triunfo de ADLE y para la derrota del petrismo.

Nota metodológica. El análisis combina resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría con comparaciones territoriales y sociodemográficas publicadas por La Silla Vacía y El País, además de la matriz municipal elaborada para los artículos previos de las campañas de Cepeda y ADLE. Las comparaciones 2022–2026 se realizan a nivel agregado de puestos, barrios, localidades o municipios. Expresiones como "penetración", "desplazamiento" o "migración territorial" describen cambios en la distribución agregada del voto y no transferencias individuales observadas. Este análisis de realizó con el apoyo de IA.

Ramón Jimeno — Las2orillas, 8 de septiembre de 2026

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Abelardo de la Espriella obtuvo 10,4 millones de votos en la primera vuelta y ganó la Presidencia tres semanas después con casi 13 millones. Entre una elección y otra agregó 2,6 millones y derrotó a Iván Cepeda por 252 mil votos. El resultado merece un análisis más profundo que afirmar simplemente que unificó a la derecha. ¿De dónde salieron realmente sus 13 millones de votos? ¿Qué mecanismo político le permitió atraerlos? ¿Y cuáles son las consecuencias de ganar con esta modalidad política?

El ejercicio para precisar la composición de los electores ADLE parte de analizar las elecciones de Senado, la Gran Consulta por Colombia y las dos vueltas presidenciales; la trayectoria de las encuestas y la campaña digital que utilizó. Los datos indican que la derecha organizada le aportó un piso grande, pero ADLE lo desbordó. Su expansión se produjo con base en un electorado adicional, que estaba marcado por fuertes percepciones de inseguridad, un rechazo al sistema político y al petrismo que generó una alta polarización, que a su vez movilizó un voto estratégico para evitar la prolongación del Pacto Histórico.

La campaña ADLE tradujo esas disposiciones en una narrativa de amenaza, autoridad y pertenencia, amplificada a través de redes, influenciadores, símbolos y con una estética de espectáculo que contribuyó a construir una coalición de facto mucho más amplia que la derecha partidista.

El punto de partida: siete millones de votos de derecha

El primer dato es la elección de Senado del 8 de marzo. Al construir una categoría de "derecha amplia" sumando Centro Democrático (3 millones), Partido Conservador (1,9), Cambio Radical-ALMA (1,3); Salvación Nacional (700 mil) y Creemos (230 mil) se obtienen 7,1 millones de votos. Este es el techo estructural de referencia para ADLE.

Esos 7,1 millones son el máximo que podían aportar aquellas organizaciones si todos sus electores hubieran convergido en él, lo que por supuesto no ocurrió. Frente a los 10,4 millones de ADLE en primera vuelta, la estructura organizada representaría alrededor del 68 % de los votos y los otros 3,3 millones (32 %) por encima de ese tamaño partidista se debe explicar. Esta brecha es un primer indicio de que ADLE, además de reunir a la derecha, incorporó otro tipo de electores.

Ejercicio a nivel municipal: 19 de 20 casos

Al hacer un ejercicio analizando la votación al Senado en veinte municipios se ve que la derecha amplia obtuvo 3 millones de votos solo en estas regiones, mientras que ADLE consiguió 4,5 millones en primera vuelta. Es decir, 1,5 adicionales al de las clientelas organizadas. Este fenómeno aparece en 19 de los 20 municipios seleccionados de una matriz de 42 casos donde había información comparable entre la votación al Senado de la "derecha amplia" y la primera vuelta presidencial. La selección incluyó regiones y comportamientos diversos y no es una muestra estadísticamente representativa. Sin embargo, contribuye al análisis.

Cúcuta es el caso extremo: 102 mil votos de derecha amplia frente a 267 mil de ADLE, una relación de 2,6 veces. En Pereira la relación llega a 2,1; en Neiva a 1,9; en Floridablanca, Yopal, Bucaramanga y Manizales rondan 1,7; y en Cali, 1,6. Medellín es especialmente significativo pues su estructura de derecha es grande: los 521 mil votos al Senado ADLE los subió a 676 mil (+ 155 mil). La regularidad del comportamiento permite concluir que la derecha fue el piso electoral de ADLE, en vez de ser su techo.

El ejercicio muestra que, en Bogotá, la derecha amplia obtuvo 1 millón de votos al Senado mientras que ADLE consiguió 1,5 millones en primera vuelta, perdiendo frente a Cepeda. En Cali ocurrió algo parecido: 231 mil votos de derecha amplia frente a 372 mil de ADLE, un excedente de 141 mil, aunque también perdió la ciudad. Estos casos muestran que existió un voto presidencial adicional incluso en los territorios que le eran políticamente adversos. Este punto es importante porque separa dos fenómenos: expansión sobre la derecha y victoria territorial. ADLE pudo crecer más allá de los partidos sin ser mayoría local.

El derrumbe de Paloma Valencia

En la Gran Consulta por Colombia del 8 de marzo, Paloma Valencia obtuvo 3,2 millones de votos y Juan Daniel Oviedo 1,3 millones. Juntos representaban un espacio de 4,5 millones. Como fórmula vicepresidencial obtuvieron 1,6 millones en la primera vuelta. Es decir, 2,9 millones menos que la suma de sus apoyos individuales en la consulta.

Sería un error adjudicar esos 2,9 millones a ADLE porque hay electores que se pasaron a Fajardo, a Cepeda, a la abstención, o que solo participaron estratégicamente en la consulta. Sin embargo, el patrón territorial es consistente con una transferencia de votos importante hacia ADLE.

En Medellín, Paloma-Oviedo sumaron 383 mil votos en la consulta mientras que ADLE obtuvo en primera 676 mil. En Bucaramanga, 87 mil frente a 198 mil; en Cúcuta, 85 mil frente a 267 mil; en Pereira, 57 mil frente a 125 mil; y en Cali, 166 mil frente a 372 mil.

El contexto emocional: una promesa de orden

Las encuestas ayudan a entender por qué ADLE recogió un electorado más allá de la derecha amplia. En febrero de 2026, la aprobación del Gobierno Petro llegó al 49 % y su desaprobación al 46 %. Sus medidas de nuevo año reactivaron su imagen (subida del 23% del salario mínimo entre otras) pero profundizaron la división del país, consolidando una corriente contra el oficialismo. (Invamer, Colombia Opina #20, febrero de 2026).

Debajo de esa división había una preocupación transversal por la seguridad. En febrero, 59 % decía que la política de Paz Total lo había hecho sentir más inseguro; 71 % que el Estado y las Fuerzas Armadas habían perdido control de territorios donde operaban grupos armados; y 53 % consideraba que Colombia estaba cerca de volver a la violencia del pasado. (Invamer, Colombia Opina #20).

En abril la percepción empeoró: 62 % decía sentirse más inseguro por la Paz Total, 74 % veía pérdida de control territorial y 58 % sentía al país cerca de regresar a la violencia. En mayo, a pocos días de la primera vuelta, 52 % creía que Colombia iba por mal camino; 41 % identificaba el orden público como el principal problema del país; y 85 % consideraba que la inseguridad estaba empeorando. (Invamer, Colombia Opina #21 y #22).

Estos indicadores son de un clima político marcado por la inseguridad, la percepción de pérdida de control y una demanda de protección. ADLE encontró allí una oportunidad: convertir una ansiedad difusa en una explicación política sencilla: el país había perdido autoridad y ofreció una respuesta igual de sencilla, recuperar la seguridad con firmeza.

El mecanismo: traducir ansiedad en autoridad, identidad y enemigo

La oferta de ADLE fue eficaz al alejarse del debate programático: construyó un mecanismo emocional de tres pasos. El primero consistió en definir una amenaza. El adversario estaba más allá de Cepeda, su campaña lo vinculó con la continuidad del petrismo, el desorden, la inseguridad y la política tradicional. Esa simplificación permitió que votantes con motivaciones distintas compartieran una misma lectura del momento: detener el petrismo.

El segundo paso fue ofrecer autoridad. La mano dura, la recuperación territorial, la exaltación de la Fuerza Pública y el lenguaje de determinación, para conectar con el problema que las encuestas mostraban como principal. Un análisis de LLYC sobre 26 mil publicaciones y entrevistas digitales ubicó a ADLE y Paloma Valencia entre quienes daban mayor centralidad a la seguridad, con énfasis en control territorial, fortalecimiento de la Fuerza Pública y acciones contundentes contra el crimen organizado. (LLYC, Escenarios de gobierno de candidatos presidenciales 2026).

El tercer paso fue convertir el apoyo en identidad. El tigre, la venia militar, la camiseta amarilla y expresiones como "los nunca", "los de siempre" y "Patria Milagro" funcionaron como símbolos de reconocimiento. Más que reproducir literalmente el discurso de campaña, interesa su función política: permitir que el votante se identificara con una comunidad enfrentada a un adversario.

La apelación emocional parece haber sido más fuerte entre electores menos ligados a estructuras partidistas. Andrei Roman, CEO de AtlasIntel, explicó que ADLE alcanzaba niveles altos de entusiasmo entre votantes de derecha y que su desempeño emocional era fuerte entre votantes de menores ingresos y clase media baja. También señaló que superaba a Paloma en varios de esos segmentos. (Semana, 9 de junio de 2026).

Esto ayuda a interpretar el 32 % de expansión sobre la estructura sin que ese 32 % pueda clasificarse enteramente como "voto emocional"; significa que la emoción fue uno de los mecanismos de persuasión que contribuyó a transformar votantes disponibles en votantes efectivos.

Redes sociales: la infraestructura que desbordó a los partidos

Las redes redujeron la dependencia de los intermediarios partidistas entre candidato y votante. ADLE se apoyaba territorialmente en políticos y organizaciones tradicionales y al mismo tiempo, se presentaba como alguien distinto de ellos. En segunda vuelta, el candidato hacía visibles los apoyos de celebridades del deporte y el entretenimiento, mientras evitaba convertir en protagonistas de su comunicación a los dirigentes de los partidos que lo respaldaban. Esa combinación le permitía beneficiarse de estructura política sin asumir su carga simbólica.

En digital, la campaña privilegió piezas cortas, lenguaje emocional, influenciadores, inteligencia artificial y contenidos diseñados para circular con rapidez. Varios expertos describieron, además, el papel de cuentas secundarias y creadores de contenido en la instalación de narrativas y en la generación de conversación antes de la intervención directa del candidato.

La diferencia con Cepeda también fue formal. ADLE duró meses adaptado al lenguaje de los formatos breves, mientras Cepeda privilegió discursos y piezas largas y solo reforzó el uso de videos cortos después de la primera vuelta. El punto analítico no es que una estrategia fuera intrínsecamente superior, sino que la de ADLE estuvo mejor ajustada a la lógica de circulación de las plataformas.

El valor político de las redes se expresó en cuatro aspectos: desintermediar a los partidos; segmentar mensajes por audiencia; convertir símbolos en contenido repetible; y transformar seguidores en amplificadores. La campaña física reforzó el mismo ecosistema. Los actos con música, pantallas, tigres, fuegos artificiales, drones y coreografías repetidas en distintas ciudades fueron el mecanismo. Esos elementos producían imágenes de fácil reutilización en las plataformas digitales.

La secuencia de las encuestas: de candidato fuerte a voto útil de la derecha

La trayectoria de AtlasIntel para Semana muestra el proceso de concentración. ADLE era competitivo antes de la consulta de la derecha, sin depender de una transferencia tardía desde Valencia-Oviedo. Las cifras corresponden a mediciones publicadas entre enero y mayo de 2026: en enero, ADLE tenía 28 % frente a 5 % de Paloma Valencia — ADLE ya lideraba el espacio opositor. En febrero, 32 % frente a 4 % — ADLE mantenía la ventaja antes de la consulta. En abril, 30 % frente a 21 % — la consulta impulsó a Paloma, pero ADLE conservó un piso alto. El 15 de mayo, 33 % frente a 17 % — empezaba la concentración alrededor de ADLE. Y entre el 18 y el 21 de mayo, 37 % frente a 14 % — la viabilidad aceleró el voto útil hacia ADLE.

El dato más importante es que Paloma tuvo un salto después de ganar la consulta, sin desplazar a ADLE como mejor alternativa. Cuando las encuestas comenzaron a mostrar que era ADLE quien tenía mayores posibilidades de pasar a segunda vuelta, la lógica de identidad se combinó con una lógica estratégica.

Por eso el crecimiento final puede interpretarse como un proceso de concentración: primero ADLE construyó un electorado propio; luego resistió el momento de Valencia-Oviedo; y finalmente absorbió parte de ese espacio cuando la competencia dejó de ser "qué candidato de derecha prefiero" y pasó a ser "quién puede derrotar a Cepeda-Petro".

¿Cuánto fue estructura y cuánto expansión?

Los datos ayudan a establecer órdenes de magnitud. El piso potencial de la derecha organizada era de 7,1 millones de votos, alrededor del 68 % de los 10,4 millones de ADLE en primera vuelta. Es un techo estructural de referencia, no una transferencia efectiva. La expansión por encima de la estructura fue de 3,3 millones, en primera vuelta. Dentro de esta expansión se superponen transferencia desde Valencia-Oviedo, voto personal por ADLE, antipetrismo, demanda de orden, electores independientes y ciudadanos atraídos por la viabilidad de su candidatura. Con los datos disponibles no es posible repartir ese 32 % en porcentajes precisos.

La campaña digital, la apelación emocional y la narrativa de autoridad son mecanismos que ayudan a explicar cómo parte de esos electores potenciales se convirtieron en voto efectivo; no constituyen segmentos nuevos que puedan sumarse aritméticamente a la estructura.

La segunda vuelta: otros 2,6 millones

ADLE pasó de 10,4 millones a 13 millones: agregó 2,6 millones. La fórmula Valencia-Oviedo obtuvo 1,6 millones en primera vuelta y Sergio Fajardo 1 millón; en conjunto, 2,7 millones. Ese universo es apenas unos 56 mil votos mayor que el crecimiento exacto de ADLE entre vueltas. La coincidencia es notable, pero concluir que todos los votantes de Valencia-Oviedo y Fajardo pasaran a ADLE sería un error. Cepeda también creció, hubo nuevos votantes y movimientos en ambas direcciones. Esta última capa puede definirse como voto estratégico de segunda vuelta: electores que, sin haber elegido a ADLE como primera opción, lo prefirieron frente a Cepeda.

Los contraejemplos también cuentan la historia

Montería es un contraejemplo importante de la muestra. Allí la derecha amplia obtuvo 99 mil votos, pero ADLE solo 88 mil en primera vuelta. Es el único de los veinte municipios estudiados donde su candidatura presidencial quedó por debajo de la estructura partidista.

Santa Marta ofrece otro matiz: ADLE superó a la estructura con 79 mil votos frente a 57 mil, pero Cepeda ganó con amplitud la ciudad. Soacha presenta el mismo fenómeno: 43 mil votos de derecha amplia frente a 73 mil de ADLE, pero Cepeda obtuvo alrededor de 140 mil.

Estos casos muestran que estructura, expansión, persuasión emocional y victoria territorial no son sinónimos. El mecanismo de ADLE fue poderoso, pero operó con distinta intensidad en cada geografía.

La respuesta: ADLE produjo una coalición, no la heredó

¿De dónde salieron, entonces, los votos de Abelardo de la Espriella? Primero, de la derecha tradicional, pero su votación fue más amplia. La estructura partidista le proporcionó un piso electoral sobre el que ADLE absorbió una parte significativa de electorado adicional que en marzo había acompañado a Valencia-Oviedo. Al mismo tiempo incorporó votantes independientes, antipetristas y electores movilizados por la percepción de inseguridad y pérdida de control.

Lo decisivo es que la campaña produjo esa convergencia. Políticamente convirtió la inseguridad en demanda de autoridad; la demanda de autoridad en identidad patriótica; esta identidad en símbolos fáciles de reproducir; y las redes sociales en un sistema de distribución de esos símbolos. El resultado fue una combinación de estructura y desintermediación aparentemente contradictoria, pero eficaz electoralmente. Recibir el apoyo de la política tradicional mientras se presenta como alguien distinto de "los de siempre", dio resultado.

En 19 de los veinte municipios comparables, su votación presidencial fue mayor que toda la estructura de derecha amplia. Nacionalmente, la brecha entre ese bloque y la votación ADLE de primera vuelta es de 3,3 millones. Y en segunda sumó otros 2,6 millones.

La victoria ADLE significa mucho más que la reunificación de la derecha. Fue la construcción de un bloque presidencial de 13 millones de electores mediante una secuencia de estructura, expansión, concentración y voto estratégico, acelerada por una campaña que entendió la importancia política de las emociones y la atención. El resultado plantea una pregunta para las elecciones locales o nacionales: hasta qué punto esta coalición, menos dependiente de identidades partidistas estables, se puede reproducir. Y frente al ejercicio del gobierno, habrá que analizar hasta qué punto ese electorado multifacético que construyó para ganar, lo va a acompañar ya en desarrollo de su propia agenda, porque una vez derrotado el petrismo, las variables de apoyo cambian, y el Pacto Histórico vuelve al oficio que mejor maneja: la oposición.

Nota metodológica. Las categorías utilizadas son analíticas y parcialmente superpuestas. La categoría "derecha amplia" comprende Centro Democrático, Partido Conservador, Salvación Nacional, Creemos y Cambio Radical–ALMA. Los datos agregados permiten identificar patrones territoriales y órdenes de magnitud, pero no el voto individual ni demostrar causalmente una transferencia. Los indicadores de inseguridad, percepción de violencia y rumbo del país se usan como aproximaciones al clima emocional, no como mediciones psicológicas directas de miedo, ira o ansiedad. Este análisis fue realizado con apoyo de IA.

Ramón Jimeno — Las2orillas, 4 de septiembre de 2026

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Iván Cepeda perdió la segunda vuelta presidencial con 12.7 millones de votos, un 48,7% frente al 49,66% de Abelardo de la Espriella. Esta cifra a la izquierda le gusta leerla como un bloque único, "el voto de izquierda" o "el electorado del Pacto Histórico". No lo es. Detrás de esos votos hay por lo menos tres electorados distintos, con motivaciones distintas. Solo una fracción votó por convicción con el Pacto Histórico, el resto lo hizo solo porque había un candidato de derecha que deseaba bloquear.

Separar esos electorados con precisión exigiría una encuesta que pregunte el motivo del voto, o un cruce de resultados mesa por mesa entre las cuatro elecciones del ciclo. Ninguna de las dos herramientas está disponible en este momento. Pero si están los resultados de cuatro eventos electorales sucesivos, cada uno con un universo de votantes distinto, que permiten construir una aproximación razonable de cómo se compuso ese voto.

El método: cuatro elecciones, cuatro capas

El Pacto Histórico y su candidato pasaron cuatro pruebas electorales en nueve meses: la consulta interna en octubre de 2025, en la que Cepeda venció a Carolina Corcho con 1 millón 500 mil votos; la votación al Senado del 8 de marzo de 2026, en la que la lista del Pacto obtuvo 4.4 millones y se convirtió en la primera fuerza del Congreso; la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, en la que Cepeda sumó 9.6 millones compitiendo contra otros doce candidatos; y la segunda vuelta del 21 de junio.

Cada una de las cuatro cifras es más alta que la anterior, y cada incremento tiene un significado distinto. La consulta interna mide al electorado que se moviliza por el Pacto Histórico específicamente, sin que hubiera ese día ningún candidato de derecha al que derrotar: es la aproximación más cercana a la militancia y la simpatía dura del partido. El salto hasta el Senado (2,8 millones de votos adicionales) añade el voto de aparato y de las estructuras regionales de los partidos de la coalición que se pegaron, que no necesariamente se movilizan para una consulta interna pero sí votan la lista en marzo. El salto hasta la primera vuelta (5,2 millones más) es voto de opinión atraído por Cepeda como candidato, en un campo abierto de trece opciones, sin la urgencia de bloquear a nadie. Y el salto hasta la segunda vuelta de 3 millones más, corresponde exclusivamente al paso de una contienda con trece opciones a una de solo dos.

Ese último incremento es el dato central de este análisis, porque es el único de los cuatro que solo puede explicarse por la existencia de Abelardo de la Espriella como rival. No es una medición perfecta porque mezcla a electores que votaron por otro candidato en primera, con electores que no habían votado en mayo, pero sí lo hicieron en junio, y compensa cualquier fuga de votantes de Cepeda entre las dos vueltas. Aun así, es la mejor cifra para calcular para lo que se llama voto estratégico o "voto útil".

Los tres bloques

Al aplicar ese método, los 12.7 millones de votos de Cepeda en segunda vuelta se dividen así: 4.4 millones (34,7%) corresponden al electorado estructural del Pacto Histórico y sus aliados, medido por su propia votación al Congreso dos meses y medio antes. Luego, 5.2 millones (41,5%) corresponden a un progresismo ampliado que no se refleja en el voto de aparato pero que ya había elegido a Cepeda en la competencia de primera vuelta. Y 3 millones (23,8%) son el incremento específico en la segunda vuelta, el nivel donde se concentra el voto estratégico (útil) y el rechazo a De la Espriella.

Esto quiere decir que cerca de tres de cada cuatro votos por Cepeda en la elección que perdió ya eran suyos antes de que la contienda se redujera a dos nombres en la segunda. Y quiere decir también que uno de cada cuatro se le sumó específicamente por la existencia de Abelardo De la Espriella como alternativa. En este último bloque de 3 millones hay al menos dos fenómenos distintos que con los datos disponibles no se pueden separar: los electores de centro cuyo candidato de primera vuelta (Sergio Fajardo, Paloma Valencia) no llegó a segunda y optaron por Cepeda como la opción para derrotar a De la Espriella (voto útil, en sentido estricto). Y los electores sin afinidad particular con Cepeda ni con su candidato de origen (Petro), movilizados para impedir la elección de Abelardo De la Espriella.

Una encuesta de Guarumo/Ecoanalítica previa a la segunda vuelta ofrece una pista cualitativa: sugiere que la mayoría de los votantes de Paloma Valencia se fueron con De la Espriella, mientras que los de Sergio Fajardo se repartieron de forma pareja entre los dos candidatos. Eso apunta a que el componente de voto útil "de centro" dentro de esos 3 millones fue relativamente menor, y que la mayor parte de ese bloque marginal es rechazo puro a De la Espriella o movilización de electores que no habían votado en mayo. Convertir esa pista en una cifra para saber cuánto corresponde a lo uno y a lo otro, exigiría datos que requieren una encuesta con la pregunta del motivo del voto, o un cruce de resultados por municipio entre primera y segunda vuelta.

Lo que confirma la geografía

Un cruce adicional con los resultados de la segunda vuelta desagregados por los 1.189 municipios del país ayuda a poner en contexto el 34,7% del electorado estructural del Pacto. Si ese número refleja sobre todo una base de partido tradicional y territorial, debería ser fuerte en los municipios pequeños, donde se concentra el voto de la maquinaria regional. Ocurre lo contrario: en los 428 municipios de menos de 10.000 habitantes, Cepeda obtuvo apenas el 35,4% de la votación bipartidista, su peor resultado en cualquier categoría de tamaño. A partir de los 30.000 habitantes la contienda queda prácticamente empatada, con una leve ventaja de Cepeda en las cinco ciudades de más de un millón de habitantes (52,4%). La fuerza estructural del Pacto Histórico no se reparte de forma pareja en el territorio rural, se concentra regionalmente en el Pacífico, el Caribe y algunas capitales, y es débil en el resto del país rural y de municipios intermedios.

Un punto de comparación

La proporción de crecimiento de Cepeda entre la primera y la segunda vuelta (31,2%) es casi igual a la que tuvo Gustavo Petro en 2022 (32,3%), cuando sí ganó la presidencia. La diferencia radica en que De la Espriella consolidó una porción más completa del electorado disperso de centro y derecha no alineado con el Pacto, con el voto útil o estratégico contra Petro encarnado en Cepeda. Es el bloque que en primera vuelta se repartió entre Paloma Valencia, Sergio Fajardo y otros candidatos menores, que fue superior al que logró Rodolfo Hernández frente a Petro cuatro años atrás.

Qué queda claro y qué no

Lo que este ejercicio permite concluir con relativa seguridad es que el Pacto Histórico tiene un electorado estructural real, medible, de 4,4 millones de votos, y que la candidatura de Cepeda amplió ese electorado con 5 millones de votantes progresistas que no necesariamente se identifican con el aparato del partido. Juntos, estos dos bloques suman el 76,2% del total y constituyen un piso electoral de izquierda que no depende de las circunstancias de una segunda vuelta específica.

Lo que no se puede afirmar sin más información, es cuánto del último bloque (3 millones que aparecieron solo cuando la elección se redujo a dos figuras) fue voto útil de centro y cuánto fue rechazo puro a De la Espriella. Ambos existen, ambos importan para entender qué tan replicable es esa coalición en una próxima elección sin De la Espriella como rival. Ambos exigen, para cuantificarlo con rigor, algo que hoy no se ha hecho para esta elección: una encuesta postelectoral con la pregunta directa sobre el motivo del voto.

Ramón Jimeno — Las2orillas, 2 de septiembre de 2026

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La nueva doctrina de seguridad de Trump para la región viene con su propio lenguaje: "neutralizar carteles", "reforzar la presencia militar", "asegurar las fronteras", "ampliar los despliegues navales", "aniquilar al enemigo". Es una arquitectura de seguridad unilateral, lejos de cualquier política de cooperación, diseñada a partir de una hipótesis tan simple como peligrosa: que los carteles "solo pueden ser derrotados con poder militar".

El general (r) Óscar Naranjo Trujillo, exvicepresidente de Colombia, conversa con Ramón Jimeno sobre cómo se transformó el crimen organizado y sobre los límites de esta estrategia. Analiza cómo las bandas criminales se volvieron mucho más potentes y sofisticadas, y advierte que las fronteras entre la economía legal y la ilegal desaparecieron, lo que hace que la respuesta puramente militar difícilmente pueda contener las nuevas amenazas.

Ramón Jimeno — Cambio, 21 de marzo de 2026

Tras el esfuerzo de los Gilinski para comprar acciones suficientes y controlar las empresas del GEA, se expresa la superabundancia de capital de riesgo en el mundo y la precariedad de la economía colombiana. Mientras hay 450 billones de dólares en efectivo de capital de riesgo disponibles para financiar startups o invertir en compra de industrias (The Economist, noviembre 26) en Colombia una operación de apenas 3 mil millones de dólares amenaza con desintegrar al principal grupo económico del país y alterar el balance de poder interno.

Los ejecutivos y accionistas del GEA tratan de minimizar el poder de los Gilinski, queriendo desconocer que están asociados a capitales gigantescos, que tienen acceso a ellos, y que desde hace más de veinte años se mueven en las intrincadas redes del mercado financiero internacional con bastante éxito. Este es un error de partida, porque como en toda crisis si se quiere salir airoso lo primero es hacer un diagnóstico acertado de la situación que los amenaza a partir de información cierta y no de suposiciones parroquiales.

El GEA necesita desactivar las OPAs si quiere sobrevivir. Sin embargo la evidente sorpresa, la improvisación en las respuestas y la falta de estrategia defensiva que han exhibido sus voceros, hace evidente que no contemplaron un escenario de crisis como el que planteó Gilinski. Mientras en las grandes empresas globales se saben rodeados de capitales leones listos a lanzar el ataque, aquí parece que los antioqueños se durmieron en el bosque mientras los leones estudiaban con paciencia sus movimientos, preparando el zarpazo.

En el mundo global, el exceso de capital de riesgo disponible hace que las empresas que generan valor elaboren sofisticadas estrategias para evitar las tomas hostiles, o aprovechan la situación para provocar uniones, fusiones y ventas parciales. A las Juntas Directivas les corresponde contemplar esos planes, tanto las posibilidades de crecer como la forma de protegerse ante una toma hostil. Pero parece que nunca pensaron que a alguien le interesaría comprarlos.

Por supuesto los Gilinski estudiaron la toma al detalle hasta que encontraron la forma de penetrar las murallas medievales del GEA sin necesidad de derribarlas. Como no se trata de un grupo industrial sino en esencia de un grupo familiar de negocios financieros, es probable que parte de la estrategia consista en vender empresas como Nutresa o Sura a multinacionales globales, o fusionarlas, algo similar al modelo que usó AB Inbev para adquirir SAB Miller.

Los accionistas y las juntas de las empresas del GEA podrían asesorarse de los asesores de la familia Santo Domingo, que se conectó desde muy temprano a las redes de la economía global y entendió bien los negocios de esta época. Por esa razón la defensa del GEA parece ingenua: pedir a las agencias del Estado que revisen la operación o tratar de tumbarla con acciones legales o presiones políticas ayuda poco en estos escenarios, salvo que se trate de tomas que generen monopolios o riesgos para la seguridad nacional — que no es el caso.

Ramón Jimeno

Como si fuera poco el conflicto que las élites antioqueñas tienen con su alcalde, ahora se enfrentan a un jaque serio. Las redes del poder económico antioqueño están desconcertadas ante el intento de toma que lanzaron los Gilinski para controlar Nutresa. Es una OPA que va más allá del usual objetivo de adquirir un buen negocio: es un esfuerzo que removió los andamiajes del GEA, rompe las redes de las élites antioqueñas y pone en jaque la continuidad del grupo como tal.

El mecanismo del enroque o del intercambio de acciones entre las cien empresas afiliadas al GEA, que los defendió de tomas hostiles, se convirtió en la fórmula que le permitiría a Gilinski entrar al entramado empresarial con solo adquirir el 51% de Nutresa. Es probable que se durmieran en los laureles y que con el tiempo cayeran en el abuso de sus socios minoritarios, que es la herida por la que penetra la OPA: el valor de la acción de Nutresa estaba por debajo de lo que realmente vale.

Esa subvaloración tiene incómodos, divididos y perplejos a muchos accionistas del GEA. La OPA puso al descubierto esa particular forma de tratar a los accionistas minoritarios, resquebrajando la confianza entre las partes y facilitando la venta a Gilinski, que ofrece una prima cercana al 37% sobre el valor real.

Para defenderse, los controladores del GEA deberían subir el precio al menos un 5%, buscar un socio estratégico que inyecte recursos —como anunció Sura— o endeudarse en una cifra superior a los 1.500 millones de dólares, lo que afectaría gravemente sus cifras de gestión. Y aun si lograran una contraoferta, se enfrentarían a la hiperliquidez del Grupo de Abu Dhabi, socio de los Gilinski, cuya billetera les permite superar cualquier oferta sin mayor costo ni riesgo.

El triunfo de la llave Gilinski–Abu Dhabi tendría consecuencias para el resto de empresas que consolidaron las élites antioqueñas —Argos, Sura, Celsia, Bancolombia, Protección— y significaría el fin del sistema de defensa empresarial que ideó Nicanor Restrepo, el enroque, inspirado en el keiretsu japonés. El telón sigue arriba y el desenlace está por verse: el jaque está planteado.

Ramón Jimeno

Pocas dudas quedan sobre la crisis de la democracia occidental. No tanto por los dos finalistas colombianos llamados a salvar la patria tanto de Duque como del uribismo, sino porque a Putin le pareció oportuno anunciar el fin del dominio de occidente y su decadente sistema. Esa es la base de su filosofía política, que justifica la toma de riquezas y rutas de Ucrania: recuperar el antiguo imperio para la corte del nuevo zar. En África y América Latina el fracaso económico del modelo llevó a las izquierdas y los populismos al poder, en busca de un modelo que aún no se vislumbra.

Europa y Estados Unidos reaccionaron con el protocolo usual de sanciones, bloqueos y aislamientos. Pero la eficacia de las sanciones es baja: la guerra sigue, los rusos avanzan y la destrucción de la infraestructura ucraniana es casi total. Cuba lleva sesenta años de bloqueo y sigue firme; Maduro sigue ahí a pesar de dos décadas de sanciones; los iraníes siguen sus desarrollos nucleares. El tío Sam ya no es ni sombra de la potencia que fue, y chinos, árabes e indios recorren el mundo en busca de los negocios que los norteamericanos desprecian o para los que ya no son competitivos.

El efecto en Colombia es importante: la reapertura de relaciones con Venezuela que emprenderá el nuevo gobierno pondrá fin a la ingenua política exterior de Duque. El mundo estaba organizado alrededor de los intereses de las élites de occidente, hasta que los olvidados retaron las bases de ese orden. Surgieron las extremas derechas bajo formas populistas, ganando el poder en Estados Unidos, Brasil e India, entre otros países.

Curiosamente, cuando la humanidad logró su más alto nivel de educación y desarrollo tecnológico, es cuando toma las decisiones más estúpidas y elige a los gobernantes más incultos e impreparados. En el nuevo polo dirigido por los chinos, los valores y principios de las democracias carecen de importancia; son sociedades que nunca han disfrutado las libertades burguesas y que consideran las elecciones un constante desajuste.

¿Qué implicaciones tendría para el gobierno colombiano ese cambio global si los rusos y chinos tienen razón? Para Estados Unidos, América Latina cada día tiene menor relevancia: deja de ser un factor de desarrollo y estabilidad para convertirse en la puerta de salida de migrantes que no encuentran oportunidades en sus territorios. Asumir compromisos militares, económicos o políticos para defender las democracias latinoamericanas carece de importancia para Norteamérica. Hay que ayudarle al nuevo gobierno a pensar en cómo se inscribe en el nuevo concierto mundial.

Ramón Jimeno — junio 19, 2022

Los episodios en Putumayo con la muerte fuera de combate de civiles, los ataques fatales contra soldados, la creciente inseguridad urbana y el asesinato continuo de líderes sociales y exguerrilleros confirman que el conflicto se renovó. Sin embargo, dirigencia civil y fuerza pública mantienen las estrategias del conflicto anterior evitando reformas para enfrentar los retos actuales. Uno de los candidatos presidenciales cree que la exclusión social es el origen del problema; el otro, que el narcotráfico es la causa de todos los males — pero ambos guardan silencio frente a las reformas del poder militar y de policía que se necesitan.

La reforma de la fuerza pública asusta a la dirigencia del país, como si fuera una institución infalible e intocable. Existen estudios y expertos para pensar una nueva política de seguridad y una nueva doctrina del uso de la fuerza, que sume el conocimiento de los mandos militares con el de los civiles expertos en asuntos sociales, políticos y de geopolítica.

En el programa de Petro el tema militar y de policía pasa casi en blanco, salvo por el fin del servicio militar obligatorio. Gutiérrez, por su parte, advierte que actuará como en Medellín, donde patrulló con altísimos costos sin resultados positivos; en sus cuatro años de alcaldía aumentó de manera considerable la inseguridad.

Actualizar la forma como la fuerza pública enfrenta la cadena del narcotráfico es inaplazable, así como buscar la legalización que acabe con la rentabilidad del negocio y le quite poder de fuego a los carteles. Colombia, como víctima de la mala guerra contra las drogas, tiene la autoridad moral para promover la legalización de la coca.

Frente al auge de la delincuencia urbana es necesario sustraer a la policía de la sombrilla militar para que piense con autonomía en su objetivo civil. Y frente a la protesta social legítima, la policía necesita una nueva doctrina que evite la militarización excesiva que se ha revertido en muchos países por sus costos en vidas y heridos.

La modernización del concepto de soberanía también está en la lista del olvido de las campañas: consiste en garantizar que los recursos naturales del país se protejan y se usen de manera adecuada, frente a las bandas ilegales que se disputan su explotación y frente a amenazas externas como las de Nicaragua sobre la plataforma marítima del archipiélago. Estos son algunos de los temas en los que hace falta la voz de los candidatos.

Ramón Jimeno — abril 2022

La batalla del Grupo de Abu Dhabi y los Gilinski para controlar el GEA es el reflejo de la forma como el capital financiero se mueve en los mercados globales para apropiarse de riquezas sin consideración humanitaria alguna. La dupla compradora tiene garantizadas utilidades logren o no el control, ya sea revendiendo a mayor valor las acciones compradas, o haciéndose socios de un gran número de empresas del GEA —gracias al enroque— con un valor superior al que desembolsaron. La falta de atención para prevenir el riesgo de una toma, la desatención a los socios minoritarios y la subvaloración de las acciones facilitaron la jugada.

Los jugadores locales requerirían un socio equivalente a Abu Dhabi para recomprar las acciones que los minoritarios vendieron, pagando un valor superior al de los Gilinski. Forbes estima que si el precio de recompra fuera un 5% superior al pagado, los compradores ganarían 864 millones de dólares. El GEA, si decide dar este paso, se endeudaría en una cifra que afectaría sus costos, su operación y su calificación de riesgo.

También podría el GEA buscar entre las grandes corporaciones globales de alimentos un socio que compre parte de sus acciones y contenga a la dupla al interior de las juntas directivas —lo que hicieron los Santo Domingo al colgarse al tren de AB InBev sin conflictos. La dificultad es el tiempo: la oferta por un 6% adicional de Sura implica una prima del 40%, difícil de rechazar.

La entrega de valor a un tercero se facilitó porque los administradores del GEA descuidaron a sus socios minoritarios durante años, pagando dividendos bajos y manteniendo subvalorada la acción. A los colombianos como socios minoritarios los han "tumbado" con acciones desde los años cincuenta —primero con Paz del Río, luego con Bavaria, Fabricato y Coltejer— y esta operación repite ese patrón histórico de baja confianza en la bolsa de valores del país.

A los Gilinski esta jugada les debe generar una satisfacción especial, pues en la disputada postventa del Banco de Colombia al GEA en los años noventa se sintieron abusados. Veinte años después, le dan otra vuelta a la historia. Lo que sigue para el Estado es promover una mejor regulación de los fondos de inversión y del ejercicio de los derechos de los socios minoritarios, para que Colombia no siga llegando tarde al capitalismo democrático.

Ramón Jimeno — enero 23 de 2022

Quienes ostentan poder se consideran dueños del futuro y a través de sus acciones buscan definirlo; al mismo tiempo suelen caer en la tentación de creerse dueños del pasado y tratan de moldearlo a su gusto. Esto fue lo que ocurrió durante las comparecencias de Uribe, Mancuso y Londoño ante la CEV: los tres dejaron clara su intención de controlar el relato público, presentando su versión como la única verdadera, mientras el rol pasivo de los comisionados les permitió desconocer sus responsabilidades.

Los tres construyeron sus relatos con la lógica del mundo publicitario: apelaron a las emociones de la audiencia antes que a la verificación de los hechos, presentándose como víctimas de las circunstancias más que como responsables de decisiones. Uribe insistió en que no podía conocer lo que hacían sus militares al asesinar civiles para presentarlos como bajas en combate; Mancuso se presentó como instrumento de una alianza estatal que después lo abandonó; Londoño sostuvo que era difícil controlar y disciplinar a sus subordinados en territorios dispersos.

El mecanismo del engaño funciona porque la verdad es incoherente, irracional y sorpresiva, mientras la mentira se construye con lógica y se adapta a lo que la audiencia está dispuesta a aceptar. Cuando las versiones de los tres comandantes parecen encajar perfectamente entre sí, es allí donde hay que sospechar del engaño: la tarea de la Comisión de la Verdad es precisamente contrastar esos relatos con la evidencia documental y confrontar las verdades parciales o falsas con las verdaderas responsabilidades.

Ramón Jimeno, septiembre de 2021

La violencia es parte esencial del poder, disuasiva o como instrumento para definir conflictos. Un poder débil, sin respaldo ciudadano, tiende a compensar su debilidad con violencia, trasladando los conflictos de la reflexión y el diálogo al uso de instrumentos destructivos. En 1958, la decisión de las élites de independizar el poder militar del civil impuso en Colombia una doctrina de seguridad que se desarrolló en paralelo con la democracia electoral, y que veía a periodistas, medios y cortes de justicia como estorbos para la lucha contra la insurgencia.

El asalto del M-19 al Palacio de Justicia en 1985 ocurrió en ese contexto: un movimiento derrotado militar y políticamente buscó en la Corte Suprema su tabla de salvación, mientras un Estado igualmente debilitado respondió con la violencia como única solución. La censura a los medios se estableció con rapidez porque la exclusión de la prensa era clave para el poder, mientras que para la guerrilla su cobertura era todo.

Los medios fueron cómplices en distintos momentos: primero guardaron silencio bajo la censura, luego reprodujeron el relato oficial, y solo después, con cautela, empezaron a divulgar lo que revelaban las investigaciones judiciales. Fue precisamente la Corte asesinada en el Palacio la que dictó las primeras sentencias condenando a militares por sus excesos, sentando las bases para exigir el respeto a los derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas.

Treinta años después, con el proceso de La Habana en marcha, el reto para el periodismo colombiano es no repetir ese mismo error: la paz no puede convertirse en un nuevo espectáculo mediático ni quedar rehén del lenguaje de guerra. La reparación que le corresponde a los medios por su silencio durante la barbarie es asumir un nuevo código de cobertura que dignifique el proceso de paz en lugar de torpedearlo.

Ramón Jimeno, 6 de noviembre de 2015

La batalla entre las élites facilita que los medios sobredimensionen los hechos de violencia con toques sensacionalistas que distorsionan las discusiones en la mesa y asustan a la opinión pública. Superar esa divergencia es indispensable para consolidar acuerdos efectivos: si se puede negociar con las Farc políticas sociales que permitan la convivencia, también es posible negociar entre los propios civiles el tipo de paz que resulta tolerable para la mayoría.

La paz requiere activar un patriotismo equivalente al que despertó la ofensiva militar de 2002–2008, cuando las élites se unieron detrás de Uribe bajo un consenso previo con Estados Unidos: diálogo sí, pero con el Plan Colombia como respaldo militar si las negociaciones fracasaban. Ahora se necesita un consenso equivalente, pero a la inversa: que las élites uribistas acepten que la paz no se firma para que las Farc cogobiernen, sino para cerrar el conflicto bajo reglas claras.

Ese "Plan Colombia II" implicaría crear espacios de diálogo con los sectores más reacios de las élites civiles, acordar protocolos de comunicación con las Farc para transformar su imagen pública, y establecer un lenguaje común para el manejo informativo del proceso, alejado de la lógica mercantil y sensacionalista de los medios en tiempos de guerra.

La experiencia internacional confirma que sin ese consenso entre élites los acuerdos de paz fracasan, como ocurrió en Camp David entre israelíes y palestinos; y que con ese consenso, como ocurrió en Irlanda, los procesos de desmovilización y reconciliación sí logran consolidarse. Colombia no puede lograr una paz verdadera y sostenible en contra de la mitad de su propia opinión pública y de sus élites políticas y económicas.

Ramón Jimeno, 14 de junio de 2015